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Argentina, el tarifazo del 400% y el cambio de humor social
Pese a la resistencia inicial, la población está más dispuesta a pagar aumentos razonables
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17 de julio de 2016 a las 05:00
Como siempre, el vaso puede verse medio vacío o medio lleno. La mayoría de los análisis políticos luego de la marcha atrás del gobierno con el tarifazo del gas concluyeron que el ajuste había encontrado un límite que complicaba el plan económico oficial.
Sin embargo, también puede hacerse la interpretación inversa: el hecho de que hoy la gente manifieste alivio por tener que pagar "apenas" el 400% de aumento es todo un síntoma de cómo ha cambiado el humor social.
Después de todo, hace un año, en plena campaña electoral, el gran debate era si habría margen para un ajuste de shock o si habría que conformarse con el gradualismo. Puesto en números, por "shock" se entendía triplicar las atrasadas tarifas vigentes, mientras que la solución paulatina implicaba un camino de leves aumentos, siempre inferiores a los tres dígitos, en cada boleta.
La sola idea de que el debate consistiera en si había que sostener o no los aumentos del orden del 2.000% era considerada descabellada, algo que ni los más fervientes partidarios del ajuste podían permitirse en sus fantasías más alocadas.
Un año después, las cosas cambiaron. Una reciente encuesta de Polldata Consultoras en la provincia
de Buenos Aires –acaso la región donde el tema puede despertar mayor sensibilidad– reveló que un contundente 73% de la población admite que es necesario aumentar las tarifas. Y, en todo caso, el reclamo no pasa por el hecho del incremento en sí, sino por la forma y el gradualismo con que debería efectuarse.
De manera que una de las primeras conclusiones del momento actual es que, más allá del ruido político y de la judicialización del tema tarifario, hubo un clic mental: los argentinos asumieron que hubo un colapso energético y que es imposible el sostenimiento de las tarifas "de regalo" que rigieron hasta 2015.
Tal vez sea algo difícil de advertir en este momento, pero es un cambio cultural de importancia mayor.
En definitiva, la corrección de las distorsiones tarifarias fue algo que el kirchnerismo intentó hacer muchas veces y debió suspender por temor a la reacción social.
El primer intento serio de hacer una corrección fue del exministro de Planificación, Julio de Vido en 2008, cuando dispuso un aumento de 200% en las tarifas de gas y electricidad.
Para aquel entonces, los salarios ya habían gozado de una fuerte recuperación tras años de bonanza y crecimiento a "tasas chinas". Y, al mismo tiempo, ya se había acumulado una inflación cercana al 100%, que empezaba a licuar el costo real de los servicios públicos.
En aquel momento, el ministro De Vido explicó que la medida solo afectaría a una minoría de altos ingresos, que el recorte sería gradual y progresivo y que para el Estado implicaría un ahorro de unos US$ 200 millones. Pero el malestar social y las acciones legales de los consumidores obligaron a dar marcha atrás.
Fue la primera vez que Cristina Fernández de Kirchner tomó nota de lo potencialmente explosivo que podía ser el malhumor de la clase media que no quería saber nada con el más mínimo olor a ajuste.
Tres años después, a fines de 2011, con el enorme respaldo político de la reelección, anunció un recorte de subsidios para todos aquellos que no pudieran demostrar necesitarlo realmente.
Pero, una vez más, la presidenta temió por las consecuencias políticas. Lo que en un comienzo iba a ser una aplicación "casi universal" terminó siendo un plan delimitado a los habitantes de los countries. La explicación: el accidente ferroviario de Once había cambiado súbitamente el clima social.
Es probable que Cristina y sus asesores hayan sentido que habían tomado la decisión correcta al ver por televisión los disturbios de Brasil en 2013. A un año del Mundial de fútbol y cuando todos pensaban que el país vecino era un ejemplo de desarrollo, un aumento de 20 centavos en el boleto de ómnibus en San Pablo provocó un verdadero estallido social.
Fue en clima de cacerolazos a nivel local, y con el recordatorio brasileño en mente, que el kirchnerismo intentó gestionar la ya evidente crisis energética sin tocar las tarifas. Pero muy rápidamente las dificultades quedaron a la vista: en diciembre de 2013, el sistema eléctrico tuvo su implosión, con los apagones más graves que se hayan recordado en varias décadas.
El "relato" intentó atribuir esos problemas al cambio climático, a los altos niveles de crecimiento de la economía y a la mejora en la calidad de vida de los argentinos, que habían incorporado masivamente el aire acondicionado.
Pero la realidad mostraba otra cosa: la inversión prácticamente estaba paralizada, al punto que hubo que recurrir a generadores de urgencia.
Y las boletas de los servicios públicos lo mostraban de manera contundente: lo que pagaba un hogar de clase media en Buenos Aires equivalía a 15% de lo que se pagaba por el mismo servicio en Montevideo. Y Uruguay, que soportaba la misma ola de calor y cuya economía crecía más rápido que la argentina, no solo no sufrió apagones sino que le vendió un sobrante de energía eléctrica.
Con semejantes antecedentes, era obvio suponer que corregir las distorsiones no sería indoloro.
Pero, más atrás de la polémica política sobre los errores de diseño cometidos por el ministro Juan José Aranguren en el nuevo esquema tarifario, algo queda en evidencia: la población ya se mentalizó a que no es "normal" destinar menos del 1% del ingreso familiar al pago de los servicios públicos.
Tal vez no sea posible volver de inmediato al monto de los años de 1990, cuando, según una investigación de la consultora Abeceb, una familia de clase media destinaba 7,3% del presupuesto hogareño al pago de gas, agua y electricidad.
Pero algo empezó a cambiar en un país demasiado acostumbrado a autopercibirse como "uno de los más ricos del mundo". ¿Cuál fue el motivo de que la población muestre mayor tolerancia al ajuste tarifario hoy en comparación con la rigidez que se percibía durante la década kirchnerista?
Seguramente no es mérito de la habilidad persuasiva de los nuevos funcionarios, sino más bien de la elocuencia de los apagones y de la inflación.
A fin de cuentas, una factura de gas bimestral típica de un hogar porteño ($ 50) equivalía en 2008 a 27 litros de leche, mientras que hoy apenas alcanza a 3 litros.
Las cacerolas se hicieron sentir por primera vez en el gobierno de Macri la pasada noche del jueves en las calles de Buenos Aires y otras ciudades argentinas, con miles de manifestantes que protestaron contra el tarifazo.
Es el primero que se realiza contra políticas del presidente desde que asumió en diciembre. La otra gran movilización se realizó el 29 de abril, convocada por las centrales obreras contra los despidos de trabajadores.
Una multitud rodeó el Obelisco de la capital argentina con banderas y carteles. Las marchas se replicaron también en Córdoba, Rosario, Mendoza, San Luis, San Juan, Santa Fe, Paraná, La Rioja, Neuquén, Salta y Chubut.
Sin embargo, también puede hacerse la interpretación inversa: el hecho de que hoy la gente manifieste alivio por tener que pagar "apenas" el 400% de aumento es todo un síntoma de cómo ha cambiado el humor social.
Después de todo, hace un año, en plena campaña electoral, el gran debate era si habría margen para un ajuste de shock o si habría que conformarse con el gradualismo. Puesto en números, por "shock" se entendía triplicar las atrasadas tarifas vigentes, mientras que la solución paulatina implicaba un camino de leves aumentos, siempre inferiores a los tres dígitos, en cada boleta.
La sola idea de que el debate consistiera en si había que sostener o no los aumentos del orden del 2.000% era considerada descabellada, algo que ni los más fervientes partidarios del ajuste podían permitirse en sus fantasías más alocadas.
Un año después, las cosas cambiaron. Una reciente encuesta de Polldata Consultoras en la provincia
de Buenos Aires –acaso la región donde el tema puede despertar mayor sensibilidad– reveló que un contundente 73% de la población admite que es necesario aumentar las tarifas. Y, en todo caso, el reclamo no pasa por el hecho del incremento en sí, sino por la forma y el gradualismo con que debería efectuarse.
De manera que una de las primeras conclusiones del momento actual es que, más allá del ruido político y de la judicialización del tema tarifario, hubo un clic mental: los argentinos asumieron que hubo un colapso energético y que es imposible el sostenimiento de las tarifas "de regalo" que rigieron hasta 2015.
Cristina quiso y no pudo
Tal vez sea algo difícil de advertir en este momento, pero es un cambio cultural de importancia mayor.
En definitiva, la corrección de las distorsiones tarifarias fue algo que el kirchnerismo intentó hacer muchas veces y debió suspender por temor a la reacción social.
El primer intento serio de hacer una corrección fue del exministro de Planificación, Julio de Vido en 2008, cuando dispuso un aumento de 200% en las tarifas de gas y electricidad.
Para aquel entonces, los salarios ya habían gozado de una fuerte recuperación tras años de bonanza y crecimiento a "tasas chinas". Y, al mismo tiempo, ya se había acumulado una inflación cercana al 100%, que empezaba a licuar el costo real de los servicios públicos.
En aquel momento, el ministro De Vido explicó que la medida solo afectaría a una minoría de altos ingresos, que el recorte sería gradual y progresivo y que para el Estado implicaría un ahorro de unos US$ 200 millones. Pero el malestar social y las acciones legales de los consumidores obligaron a dar marcha atrás.
Fue la primera vez que Cristina Fernández de Kirchner tomó nota de lo potencialmente explosivo que podía ser el malhumor de la clase media que no quería saber nada con el más mínimo olor a ajuste.
Tres años después, a fines de 2011, con el enorme respaldo político de la reelección, anunció un recorte de subsidios para todos aquellos que no pudieran demostrar necesitarlo realmente.
Pero, una vez más, la presidenta temió por las consecuencias políticas. Lo que en un comienzo iba a ser una aplicación "casi universal" terminó siendo un plan delimitado a los habitantes de los countries. La explicación: el accidente ferroviario de Once había cambiado súbitamente el clima social.
Es probable que Cristina y sus asesores hayan sentido que habían tomado la decisión correcta al ver por televisión los disturbios de Brasil en 2013. A un año del Mundial de fútbol y cuando todos pensaban que el país vecino era un ejemplo de desarrollo, un aumento de 20 centavos en el boleto de ómnibus en San Pablo provocó un verdadero estallido social.
Fue en clima de cacerolazos a nivel local, y con el recordatorio brasileño en mente, que el kirchnerismo intentó gestionar la ya evidente crisis energética sin tocar las tarifas. Pero muy rápidamente las dificultades quedaron a la vista: en diciembre de 2013, el sistema eléctrico tuvo su implosión, con los apagones más graves que se hayan recordado en varias décadas.
El "relato" intentó atribuir esos problemas al cambio climático, a los altos niveles de crecimiento de la economía y a la mejora en la calidad de vida de los argentinos, que habían incorporado masivamente el aire acondicionado.
Pero la realidad mostraba otra cosa: la inversión prácticamente estaba paralizada, al punto que hubo que recurrir a generadores de urgencia.
Y las boletas de los servicios públicos lo mostraban de manera contundente: lo que pagaba un hogar de clase media en Buenos Aires equivalía a 15% de lo que se pagaba por el mismo servicio en Montevideo. Y Uruguay, que soportaba la misma ola de calor y cuya economía crecía más rápido que la argentina, no solo no sufrió apagones sino que le vendió un sobrante de energía eléctrica.
Cambio de percepción
Con semejantes antecedentes, era obvio suponer que corregir las distorsiones no sería indoloro.
Pero, más atrás de la polémica política sobre los errores de diseño cometidos por el ministro Juan José Aranguren en el nuevo esquema tarifario, algo queda en evidencia: la población ya se mentalizó a que no es "normal" destinar menos del 1% del ingreso familiar al pago de los servicios públicos.
Tal vez no sea posible volver de inmediato al monto de los años de 1990, cuando, según una investigación de la consultora Abeceb, una familia de clase media destinaba 7,3% del presupuesto hogareño al pago de gas, agua y electricidad.
Pero algo empezó a cambiar en un país demasiado acostumbrado a autopercibirse como "uno de los más ricos del mundo". ¿Cuál fue el motivo de que la población muestre mayor tolerancia al ajuste tarifario hoy en comparación con la rigidez que se percibía durante la década kirchnerista?
Seguramente no es mérito de la habilidad persuasiva de los nuevos funcionarios, sino más bien de la elocuencia de los apagones y de la inflación.
A fin de cuentas, una factura de gas bimestral típica de un hogar porteño ($ 50) equivalía en 2008 a 27 litros de leche, mientras que hoy apenas alcanza a 3 litros.
Cacerolas contra el ajuste
Las cacerolas se hicieron sentir por primera vez en el gobierno de Macri la pasada noche del jueves en las calles de Buenos Aires y otras ciudades argentinas, con miles de manifestantes que protestaron contra el tarifazo.
Es el primero que se realiza contra políticas del presidente desde que asumió en diciembre. La otra gran movilización se realizó el 29 de abril, convocada por las centrales obreras contra los despidos de trabajadores.
Una multitud rodeó el Obelisco de la capital argentina con banderas y carteles. Las marchas se replicaron también en Córdoba, Rosario, Mendoza, San Luis, San Juan, Santa Fe, Paraná, La Rioja, Neuquén, Salta y Chubut.
