Opinión > Editorial
Asfixia en el sector privado
El previsto crecimiento gradual de la economía este año y el próximo no asegura por ahora atenuar el opresivo peso del Estado sobre el sector productivo privado, a menos que se corrijan acumuladas ineficiencias gubernamentales. Las precisó la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), como han hecho antes otras gremiales empresariales, en un lapidario informe de coyuntura. Enfatizó que las empresas privadas, motor insustituible del crecimiento de actividad, “no pueden desarrollarse eficientemente y en forma sostenible en el tiempo con un Estado asfixiante que les traslade, a través de la carga tributaria y tarifas públicas, su propia ineficiencia”.
Destacó la necesidad de mejoramiento de las cuentas públicas, mediante mayor control en el volumen y calidad del gasto público como alternativa a castigar a las empresas y a la población con aumentos de impuestos y desmesuradas tarifas por los servicios públicos. Es la forma idónea y ordenada de abatir el endeudamiento del sector público, que ha venido creciendo en los últimos años, y reducir un déficit fiscal de cerca del 4% del Producto Interno Bruto (PIB), que amenaza la sostenibilidad del grado inversor y la concreción de inversiones que son indispensables para afirmar el crecimiento. La CNCS se acopló también a los reclamos de una educación de calidad, área central de las claudicaciones oficiales por el fracaso de tres gobiernos del Frente Amplio en implementar reformas prometidas una y otra vez y rápidamente esfumadas por su incapacidad ejecutiva.
Los reclamos de la CNCS describen una realidad conocida pero cuya reiteración es pertinente, en la esperanza de que la administración del presidente Tabaré Vázquez sea capaz de encauzar su manejo del país por los carriles que marcan el desarrollo sustentable. El gobierno descansa en la previsión de que la economía crecerá alrededor de un 2% del PIB este año y tal vez algo más en 2017, en base al consumo interno y a un dólar estable. Pero es un crecimiento que no puede sostenerse porque la capacidad contributiva de empresas y personas está al límite, lo que conlleva el riesgo de menor producción, menor empleo (como ya está ocurriendo) y menor consumo de los hogares.
El gobierno ni siquiera ha tenido la deseable actitud pública de reconocer que los ajustes fiscales son consecuencia directa de los errores de las dos administraciones previas, durante las cuales el caudaloso ingreso de recursos por una década de bonanza exportadora fue despilfarrada en buena parte en gastos imprevisores. Si se hubiera ahorrado para hacer frente al previsible fin del ciclo favorable, como hicieron Chile y otros gobiernos más serios, se habría evitado tener que recurrir ahora al fácil expediente contraproducente de castigar hasta la asfixia a los productores privados y a los hogares. Y no solo siguen ausentes las necesarias medidas correctivas, sino que algunos sectores del Frente Amplio insisten en aumentar la carga impositiva. La venidera Rendición de Cuentas da al gobierno la oportunidad de iniciar el camino hacia la hoy desaparecida justicia tributaria. Pero dado el rumbo que ha tomado el manejo de la economía y las ideas disparatadas que provienen de la bancada parlamentaria del FA sería una sorpresa, tan grata como improbable, que se empiece a restablecer algo de equilibrio entre el gasto público y la capacidad contributiva de las empresas y las personas.
