Aunque admite error, ASSE sigue pagando a empresa de jerarcas

La presidenta de ASSE, Susana Muñiz, reconoció que "estuvo mal" la contratación de una empresa propiedad de jerarcas del organismo, aunque confirmó que todavía se sigue recurriendo a ella en compras directas por falta de móviles en Bella Unión. Este lunes, el actual directorio de ASSE compareció ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que durante más de cinco horas indagó en las denuncias referidas a dos de las cinco unidades ejecutoras que tenía previsto analizar: el hospital de Bella Unión –que contrató a una empresa propiedad de jerarcas de ASSE para prestar el servicio de emergencia móvil– y el hospital de Rivera.

Respecto a Bella Unión, el directorio de ASSE admitió que contratar a Siemm SRL desde 2013 a 2016, cuando la empresa era propiedad de tres jerarcas de ASSE, constituyó "una falta administrativa".

Según Eduardo Rubio, diputado de Unidad Popular y miembro denunciante, las palabras de los directores confirmaron "la irregularidad e ilegalidad de la situación". Además, señaló, se pudo comprobar que la empresa ni siquiera cuenta al día de hoy con la habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP) para prestar el servicio.

Siemm SRL fue contratada en 2013 pero en febrero de 2017 esa relación terminó luego de que un dictamen del Tribunal de Cuentas (TCR) estableció que la oferta de la firma "no puede ser admisible" ya que sus socios directores eran personas que mantenían "un vínculo laboral con la Administración". La empresa es propiedad de Federico Eguren, Rodrigo Barcelona y Marcos García. En 2013, cuando se la contrató, García estaba al frente del hospital de Bella Unión. Eguren había sido director del centro en 2011.

Tras la auditoría interna que reveló la irregularidad, el organismo sancionó a García con una amonestación en su legajo, según relataron integrantes del directorio. "Se aplicó el correspondiente correctivo y hoy esa situación está superada", dijo Muñiz. Sin embargo, eso no impidió que los tres jerarcas fueran ascendidos. Eguren es ahora director del hospital Pereira Rossell, Barcelona es director del Hospital Pediátrico en ese centro, y García es director del hospital de Salto. "No quedó claro por qué los funcionarios involucrados siguieron una carrera ascendente en ASSE", declaró Rubio.

El diputado del Partido Nacional Martín Lema advirtió que, a pesar del reconocimiento de la irregularidad, ASSE continúa pagándole a Siemm y aportó una factura del mes de setiembre que da cuenta de ello.

La situación fue reconocida –y justificada– por Muñiz. "Cuando salen móviles a Montevideo a veces hay que comprar por compra directa a esa empresa. Se evita todo lo posible tener que comprarle a la empresa", dijo la presidenta.

El intercambio sobre la situación puntual de Bella Unión puso sobre la mesa un debate más amplio sobre el diseño del Sistema Nacional integrado de Salud (SNIS) y la normativa de control.

Luis Gallo, diputado del Frente Amplio, dijo a El Observador que le "preocupa muchísimo" la última decisión adoptada por el TCR, pues "complica todo el andamiaje del interior del país".

Gallo explicó que casi todos los médicos tienen más de un empleo y que, si se sigue esa resolución, "nos quedamos practicamente sin asistencia y no podemos contratar más nada".

Muñiz opinó en un mismo sentido: "Con el cambio de criterio del Tribunal de Cuentas, que hoy considera que prácticamente todo funcionario público tiene conflicto de intereses, creo que estamos ante un problema muy importante en la normativa, y está bueno dilucidarlo aquí en el Parlamento para encontrar una salida", sostuvo.

Para sortear ese obstáculo, el MSP remitió al Parlamento el pasado 28 de agosto un proyecto de ley que flexibiliza las limitaciones a contrataciones dentro de ASSE. La normativa actual impide a todas las unidades ejecutoras contratar servicios de personas o empresas vinculadas a funcionarios de cualquier otra unidad dentro del organismo. El cambio impediría únicamente los contratos a jerarcas de la misma unidad.

Según Lema, esto significa que "a diez años de creado el SNIS, desde el Frente Amplio se reconoce que hay servicios que solo se pueden dar a través de privatizaciones".