Avance en asentamientos y pobreza

La erradicación o mejoramiento sustancial de no menos de 73 asentamientos marginales comparte con la reducción de la pobreza el primer lugar en los logros de las políticas sociales de los dos gobiernos del Frente Amplio. Su trascendencia supera la importancia de los programas de subsidios, instaurados durante la administración Vázquez, que tropezaron durante años con fallas en los controles del Ministerio de Desarrollo Social sobre el cumplimiento de contrapartidas por parte de los beneficiarios, como la descuidada obligación de enviar a los hijos a la escuela y a los centros de salud. Aunque a veces puedan justificarse ante situaciones de emergencia, los subsidios conllevan la desventaja de ser alivios ocasionales que desincentivan el trabajo.

Tiene, en cambio, mayor impacto y permanencia mejorar las denigrantes condiciones de vida de cientos de miles de uruguayos hacinados en viviendas precarias e insalubres, carentes de servicios públicos esenciales como agua o saneamiento. No es mucho lo que se ha avanzado, pero al menos se han puesto en marcha acciones para empezar a solucionar un problema crítico en las grandes ciudades. De los cientos de asentamientos irregulares en todo el país, mayoritariamente en Montevideo con 412 según las últimas cifras oficiales disponibles, solo algo más del 7% se beneficiaron con transformaciones básicas. En algunos casos, barrios enteros fueron trasladados a viviendas nuevas en ubicación diferente. En otros, se mejoraron viviendas en el mismo lugar y se proveyeron servicios públicos.

Entre 2004 y 2015 recibieron nuevas viviendas 1.596 familias, a las que se estima hay que agregar 1.045 más en 2015 con el realojo de los habitantes de otros cinco asentamientos. Es un largo proceso que recién se ha iniciado y que compromete tanto al nuevo gobierno como a los que lo seguirán a eliminar una vergüenza urbana y social. Un estudio preparado el año pasado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), proveedor del 60% de los casi US$ 200 millones invertidos hasta ahora en estos programas, estimó que al ritmo actual llevará 28 años más erradicar totalmente los “cantegriles”. La extensión del plazo debe acicatear a los gobiernos venideros a acortarlo.

No menos importante es la drástica reducción de la población bajo la línea de pobreza, marcada por ingreso de menos de $ 7.000 mensuales por hogar. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha informado que entre 2005 y 2013 la pobreza bajó del 29,9% al 8% de los habitantes. Pero en este tema el mérito no es solo de las políticas sociales. Inciden decisivamente los ciclos del crecimiento económico, como lo confirmó Francisco Rodríguez Folle en una columna en El Observador, citando cifras del INE.

Señaló que en la primera presidencia de Julio María Sanguinetti la pobreza cayó del 38,3% al 19,1% y bajo la de Luis Alberto Lacalle, de 21,8% a 9,8%, por impacto de períodos de mayor actividad económica. La terrible crisis financiera que nos golpeó desde Argentina en 2002 multiplicó el desempleo e hizo trepar la pobreza. El ciclo se revirtió a partir de 2003, asegurándole al Frente Amplio una década de bonanza generalizada por un entorno externo favorable que se tradujo en crecimiento sin precedentes, con consecuente desempleo bajo y vertiginoso aumento del consumo interno. Las políticas sociales son positivas pero su efecto es efímero si no se piden contrapartidas, si no se mejora la educación y si no hay un marco de crecimiento económico sostenido.