Avión presidencial: informe dice que licitación no fue competitiva

Jurídica del Tribunal de Cuentas recomienda mantener observaciones al gasto
El departamento jurídico del Tribunal de Cuentas aconsejará hoy al organismo "mantener las observaciones al gasto" para la compra del avión presidencial, según establece el documento de abogados del Tribunal al que accedió El Observador.

Del mismo modo, como es de estilo en estos casos, de mantenerse las observaciones que deberán votar hoy los ministros del Tribunal, se propone dar cuenta a la Asamblea General, que tradicionalmente no da trámite a los expedientes en los que entran en colisión la opinión del Tribunal con la del Poder Ejecutivo.

El Tribunal de Cuentas tomará contacto hoy con el documento del Departamento Jurídico, que no comparte la opinión de la Fiscalía de Gobierno, que dio luz verde al gobierno de Tabaré Vázquez para adquirir la aeronave modelo Hawker de 1979 para traslados del mandatario, y también como avión ambulancia. Por el avión se pagará US$ 1.010.000 y en ese precio se incluyó una camilla especial que costó US$ 90.000.

Aviadores consultados por El Observador aseguran que la puerta del Hawker no permite el ingreso de una camilla con un paciente enfermo. También se ha cuestionado que el avión está a tres años de cumplir su vida útil, aunque otros técnicos dijeron que, con un buen mantenimiento, puede seguir volando en óptimas condiciones más allá de los años.

En un primer momento los ministros del Tribunal de Cuentas observaron la compra del avión ya que se intentó hacer en forma directa con un particular . Luego, cuando se hizo una licitación -que ganó el único oferente que se presentó-, también volvieron a criticar las condiciones del llamado.

Ese único oferente de la licitación fue el empresario que había antes intentado venderlo directamente. Se trata de Carlos Bustin, de la firma Floridan SA, que es el representante de la marca de autos Mercedes Benz en Uruguay.

La licitación fue cuestionada en su transparencia por la oposición y el ministro colorado del Tribunal de Cuentas, Alvaro Ezcurra (colorado), quien según informó Búsqueda dijo que nunca había visto una licitación "tan dirigida como ésta". Esa interpretación fue rechazada por los ministros del Tribunal León Lev y Oscar Grecco, ambos consultados por El Observador.

El Tribunal se reunirá hoy para analizar el informe jurídico que recomendará "mantener la observación del gasto dispuesta en la sesión de fecha 30 de noviembre de 2016", de acuerdo a una copia de esa resolución a la que accedió El Observador.

En la resolución –que salió de ese Departamento Jurídico el 20 de enero-, se recordó los motivos por los cuales la licitación (que se confeccionó con apoyo de la Fuerza Aérea) ya había sido observada.

Sin tiempo para competir

Uno de los puntos clave fue la ponderación de 20% que se le otorgó al oferente que tuviera el certificado de aeronavegabilidad otorgado por la Dirección Nacional de Infraestructura Aeronáutica Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia).

Ante ese requisito –que el propietario del Hawker y a la postre único oferente cumplía- el Tribunal pidió a la Dinacia información sobre los plazos de ese trámite. Con la firma del comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya se aclaró que "no debería ser superior a los tres meses si existen antecedentes de una aeronave similar en el país".

1.010.000 dólares es lo que el gobierno pagará para adquirir el avión presidencial

El Departamento Jurídico del tribunal estableció luego en su documento que "el eventual oferente que se enteró del llamado por las vías de estilo, no contaba con el tiempo suficiente (60 días calendario entre la publicación del llamado y su apertura) para tramitar un certificado ante la autoridad nacional competente, que le permitiría puntuar en igualdad de condiciones con oferentes que contaran con dicho certificado".
"Por tanto, existió una imposibilidad material de competir en el procedimiento en igualdad de condiciones para aquellos eventuales oferentes que no contaran con el certificado de aeronavegabilidad expedido por Dinacia, lo que contraviene principios como el de igualdad de los oferentes y el de concurrencia (art º49 del Tocaf", dice la resolución en poder de El Observador.

La postura del Ejecutivo

Sin embargo, el Poder Ejecutivo, en ejercicio de su derecho, reiteró el gasto para comprar el avión y lo hizo en base a la opinión de la Fiscalía de Gobierno de primer turno. Para la Fiscalía "no existió ni en forma real ni potencial un apartamiento de las normas de contratación pública, no verificándose ningún supuesto de vulneración de los principios de igualdad y concurrencia de los oferentes".

El Departamento Jurídico del Tribunal de Cuentas entiende, sin embargo, que la ponderación de 20% al certificado de aeronavegabilidad coloca a los interesados en el negocio en distinta situación de competir y marcó que "por la especialidad" del certificado exigido, "la Administración conocía qué aeronave contaba con dicho certificado previamente al llamado".

Votación

La expectativa se centra hoy en el voto del ministro Miguel Aumento (Frente Amplio), quien sucedió al renunciante Oscar Grecco, que ocupaba ese lugar desde hace 11 años y había sido propuesto por el oficialismo.

La primera observación del Tribunal a la compra del avión presidencial ocurrió en noviembre pasado en una votación dividida de cuatro a tres, cuando a los ministros propuestos por la oposición (Ruperto Long, Alvaro Szcurra y Beatriz Martínez) se sumó la posición de Oscar Grecco.

Grecco había comentado a El Observador que su posición a favor de observar la compra del avión fue por razones jurídicas y rechazó que la licitación haya estado dirigida para favorecer al único oferente que participó.

El 17 de enero, entrevistado por El Observador, Grecco dijo que volvería a observar la licitación y aclaró que no recibió presiones, como sostienen algunos senadores.

60 días es el plazo que tenían otros potenciales interesados para presentarse. Sin embargo, necesitaban un certificado de Dinacia que demora hasta 90 días en conseguirse

"No me llamaron ni antes, ni durante ni después de la discusión. Nadie, absolutamente nadie del Poder Ejecutivo me llamó ni me presionó", afirmó el exministro del Tribunal de Cuentas.

Lo cierto es que del voto de su reemplazante depende la decisión que tomará el Tribunal cuyos ministros sesionarán hoy.

Pedro Bordaberry prepara interpelación

A nivel político, la adquisición del avión presidencial fue cuestionada por líderes de todos los partidos como Pedro Bordaberry y José Amorín (Colorados), Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga (Nacional), Pablo Mieres (Independiente) y Eduardo Rubio (Unidad Popular).

Bordaberry, incluso, interpelará a fines de este mes al ministro Jorge Menéndez, según ya lo votó la Comisión Permanente del Poder Legislativo. La interpelación será el 24 de febrero.

Bordaberry, que para ese llamado trabaja con un grupo de asesores, dijo a mediados de enero a El Observador que la compra "del avión VIP" es "inoportuna", "ilegal" e "insensible".

La oposición cuestionó el gasto por el monto y también por el momento en el que se hace, cuando hubo aumentos a la población desde el 1º de enero de las tarifas públicas y los impuestos IRPF a los trabajadores e IASS para los pasivos, aseguran.

Desde el Poder Ejecutivo, fue el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, el que defendió la compra a pesar de los cuestionamientos del Tribunal de Cuentas. "En lo posible el gobierno trata de fundamentar siempre que insiste en un gasto, así que, si hay fundamentos, creo que la decisión es la correcta", afirmó el titular de Economía.

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