Bachelet renueva su gabinete en medio de presiones internas

En medio de un clima de tensión entre los partidos de la coalición gobernante de centro izquierda tras la derrota en las elecciones municipales del último fin de semana, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, prepara una ola de cambios en su gabinete para enfrentar el último año y medio de su gestión.

Bachelet removió el miércoles de sus cargos a seis viceministros y dos directores de servicios en el marco de anunciados "ajustes" a su equipo tras la derrota electoral de la coalición oficialista en las municipales.

Además ayer se supo que la mandataria realizará nuevos cambios en su gabinete para liberar a los ministros que tengan aspiraciones de participar en las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año.

"Sin duda, hay varias personas con aspiraciones. Hemos estado conversando y preguntando en este tiempo quién quiere ir de candidato y hay personas que quieren ser candidatos", dijo en la entrevista concedida a la revista Capital. "Hay un plazo que es pronto", agregó.

El gobierno había anunciado el miércoles en un comunicado la salida de los viceministros de Prevención del delito, de la Presidencia, Justicia, Vivienda, Previsión Social y Telecomunicaciones, así como la de los directores del Servicio Nacional de Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol y del Servicio Nacional de Geología y Minas.

La remoción de estas autoridades se suma a la salida de tres ministros (Justicia, Bienas Nacionales y Energía) cuatro días antes de las elecciones municipales, en las que la oposición de derecha derrotó a la coalición oficialista de centroizquierda.

Los cambios de autoridades forman parte de una serie de "ajustes" que Bachelet operará en su gobierno para enfrentar los 16 meses que le restan de mandato, ante reclamos de sectores de la propia coalición de corregir el rumbo.

Bachelet, que ostenta una popularidad de solo el 23%, tiene ante sí el desafío de sacar adelante la última y más importante fase de su ambiciosa reforma educativa. Se trata de la ley de educación superior que establece la gratuidad para los estudios universitarios, de manera gradual y avanzando por grupos socioeconómicos en caso de que se cumplan ciertos parámetros macroeconómicos.