Brasil se sume en la crisis política con protestas y fisuras en gobierno

La causa contra Lula da Silva pasa al juez federal que investiga la corrupción en Petrobras
El panorama para Dilma Rousseff y de su administración en Brasil es cada vez más oscuro, y, por el momento, no hay señales de que vaya a mejorar. Las manifestaciones en más de 300 ciudades el domingo pasado, la complicada situación judicial del expresidente Lula da Silva, la constante presión del juez Moro en el caso Petrobras y una posible fragmentación del gobierno son parte de un combo que está haciendo estragos en el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y, por ende, en la presidencia de Rousseff.

A su vez, un proceso de Impeachment (proceso de destitución) impulsado por la oposición arrincona cada vez más a la mandataria, que ha garantizado que no tiene "ningún interés en renunciar".
"Nadie tiene derecho de pedir la renuncia de un cargo de presidente legítimamente electo sin dar pruebas de que haya violado la Constitución", había expresado anteriormente Rousseff.

La presión en las calles

Según cifras de la policía brasileña, más de 3 millones de personas se movilizaron el domingo pasado en todo Brasil. Sólo en la ciudad de San Pablo, 1, 4 millones de personas se volcaron a la calle a protestar por la insostenible situación que vive el país, con una recesión económica muy grande y con nuevos coletazos del escándalo de Petrobras apareciendo día a día. Grandes figuras inflables de Lula y Rousseff acompañaron las protestas, que daban forma física al pedido de cárcel para el exmandatario y jucio político para la presidenta.

Para la oposición, principal gestora de las multitudinarias marchas por todo Brasil, el movimiento fue sumamente exitoso. Con la gente abarrotando las calles brasileñas, la presión se trasladó a la Cámara de Diputados, que deberá decidir si aprueba la apertura del proceso de destitución de Rousseff.

De aprobarse la moción en Diputados, Rousseff deberá apartarse de su cargo por seis meses, plazo en el que la Cámara de Senadores decidirá si resuelve igual que la cámara baja o, por el contrario, aprueba la continuidad de la presidenta. Eso dejaría la presidencia en manos de Michel Temer, vicepresidente de Rousseff y líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal aliado político en el gobierno, aunque cada día más en duda.

Ruptura en el gabinete

El sábado previo a las movilizaciones, el PMDB había anunciado que debatiría la posibilidad romper con el gobierno. Ayer, el ministro de Salud, Marcelo castro, declaró que "en el PMDB hay ideas divergentes", por lo que el debate interno "será muy fuerte".

Castro es uno de los siete ministros que el partido tiene en el gobierno de Rousseff, pero en caso de un ruptura, puede verse obligado a dimitir.

Además de eventualmente alcanzar la presidencia si prospera el proceso de destitución de Rousseff que la oposición promueve en el Congreso, el PMDB posee ya posee la segunda minoría en la Cámara de Diputados y la primera en el Senado.

La situación judicial de Lula también le juega en contra a Dilma Rousseff, que pese a las causas en su contra, ha manifestado que sería un "orgullo" tener al ex presidente a su lado en el gabinete.

La situación judicial del expresidente puede complicarse aún más luego de la transferencia de su causa por la cuál un fiscal había pedido la prisión preventiva del expresidente, al juez federal que lleva adelante las investigaciones por la trama de corrupción en Petrobras.

A todo esto, ayer se hicieron publicas parte de las declaraciones de Lula ante la Policía Federal, que crisparon los ánimos ya tensos entre oposición y oficialistas. "Yo, que estoy viejito, que estaba queriendo descansar, voy a ser candidato a la Presidencia en 2018 porque creo que quienes cometieron un atrevimiento conmigo, van a tener que aguantar atrevimientos de aquí en adelante", dijo Lula, según el expediente judicial de la policía.

Juez Moro resolverá pedido de prisión para Lula

La juez brasileña que debía pronunciarse sobre un pedido de prisión preventiva contra el expresidente Lula da Silva por presunto lavado de dinero transfirió ayer el caso al juez federal Sergio Moro, que lleva el caso del fraude a la estatal Petrobras.

Lula había sido denunciado por la Fiscalía de San Pablo la semana pasada por "ocultación de patrimonio", una modalidad de lavado de dinero. "Las denuncias presentadas por el Ministerio Público contra el expresidente de la República Luiz Inacio Lula da Silva deben ser transferidas al 13er tribunal federal de Curitiba", dictó la magistrada.

El Tribunal de Curitiba es el lugar desde donde el juez Moro ha desentrañado las implicaciones del caso Petrobras y desde donde ha pedio el procesamiento de, por ejemplo, el empresario Marcelo Odebrecht.

Moro tendrá ahora en sus manos la decisión de aplicar la prisón preventiva pedida por la fiscalía o, de lo contrario, mantenera al expresidente en libertad mientras continúa la investigación.

Fuente: Agencias

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