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Cambio demográfico, un desafío a "enfrentar", según el gobierno
Para Astori envejecimiento poblacional "es conmovedor" por su impacto fiscal
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06 de abril de 2016 a las 05:00
El Banco Mundial y la Cepal presentaron ayer el informe denominado "Cambio demográfico y desafíos económicos y sociales en el Uruguay del siglo XXI", que contó con los comentarios de un panel integrado por distintas autoridades de gobierno.
El trabajo plantea como eje central que el envejecimiento poblacional por el que atraviesa el país es el resultado de una evolución "muy positiva" en la sociedad, pero al mismo tiempo genera desafíos políticos, fiscales y económicos que "deben ser atendidos".
La ronda de comentarios en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República la abrió el ministro de Economía, Danilo Astori. El jerarca sostuvo que el cambio demográfico "muestra proyecciones conmovedoras", por el proceso de envejecimiento, la reducción de jóvenes y el crecimiento de adultos que avanza a un ritmo sensiblemente superior al promedio de Latinoamérica, pero también por otros datos. Mencionó que Uruguay alcanzará su máxima población en 2046 con unos 3,6 millones de habitantes y luego esa cantidad decaerá a 3,3 millones de habitantes en 2100. "Esto conmueve porque lo primero que demuestra el estudio es el impacto fiscal de esta situación. Un impacto fiscal que tiene que llevarnos a asumir que tenemos un desafío muy importante que hay que encarar con atención", apuntó.
El estudio destaca que el envejecimiento de la población es una manifestación de desarrollo "muy bienvenida", porque refleja la caída de la mortalidad y el mejor control de la fecundidad en los hogares.
Pero, al mismo tiempo, recuerda que ese proceso genera demandas que sistemas como los de salud, jubilaciones o educación pueden no estar preparados para responder, dado el crecimiento de las necesidades de financiamiento de la población dependiente y la tendencia declinante en la población en edad activa.
A modo de ejemplo, el trabajo plantea que desde la perspectiva del sistema de protección social, y en especial de pensiones, el envejecimiento de la población implicaría un mayor nivel de erogaciones, al incrementarse el número de adultos mayores y su peso relativo en la población total. De esa forma, las transferencias en concepto de protección social se incrementarían del 11% del PIB actual (explicado casi en su totalidad por el sector público) a 18,6% en 2100 (con cerca de 25% en el sector privado).
Para el ministro de Trabajo, Ernesto Murro "pasó el tiempo de las recetas y de los modelos", por lo que el abordaje de los desafíos que plantea el cambio demográfico debe ser parte del diálogo social y político del futuro. Según dijo, Uruguay tiene "fortalezas para enfrentarlos", y mencionó los avances en negociación colectiva y el fomento de la cultura del trabajo. También dijo que en Uruguay las mujeres "quieren trabajar" y recordó en ese sentido la importancia del Sistema Nacional de Cuidados.
Uno de los aspectos que plantea el documento presentado ayer respecto al mercado de trabajo es que se deberá compensar la caída de la población en edad activa con una mayor participación de las mujeres y los adultos mayores en actividades de alta productividad. "La actividad de las mujeres es crítica para aumentar la producción. Si sale del mercado de trabajo cuando tiene los niños y luego no vuelve más, la pérdida de capital humano es monumental y Uruguay no puede darse ese lujo", había dicho a El Observador el economista del Banco Mundial, Rafael Rofman.
En tanto, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, marcó como fundamental que los niveles de inversión de la economía sigan incrementándose. Para García, se debe trabajar sobre el capital humano, inversiones en capital físico y en la mejora de la productividad. Además, destacó como una "necesidad" la mejora de los niveles de ahorro de la economía uruguaya.
Por último, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dijo que hay temas "a resolver ahora". Puso como ejemplo que hoy la indigencia alcanza al 0,3% de los habitantes y eso puede leerse como "algo fantástico", pero remarcó que de ese porcentaje se desprende que uno de cada cuatro niños menores de 4 años está por debajo de la línea de pobreza.
El trabajo plantea como eje central que el envejecimiento poblacional por el que atraviesa el país es el resultado de una evolución "muy positiva" en la sociedad, pero al mismo tiempo genera desafíos políticos, fiscales y económicos que "deben ser atendidos".
La ronda de comentarios en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República la abrió el ministro de Economía, Danilo Astori. El jerarca sostuvo que el cambio demográfico "muestra proyecciones conmovedoras", por el proceso de envejecimiento, la reducción de jóvenes y el crecimiento de adultos que avanza a un ritmo sensiblemente superior al promedio de Latinoamérica, pero también por otros datos. Mencionó que Uruguay alcanzará su máxima población en 2046 con unos 3,6 millones de habitantes y luego esa cantidad decaerá a 3,3 millones de habitantes en 2100. "Esto conmueve porque lo primero que demuestra el estudio es el impacto fiscal de esta situación. Un impacto fiscal que tiene que llevarnos a asumir que tenemos un desafío muy importante que hay que encarar con atención", apuntó.
El estudio destaca que el envejecimiento de la población es una manifestación de desarrollo "muy bienvenida", porque refleja la caída de la mortalidad y el mejor control de la fecundidad en los hogares.
Pero, al mismo tiempo, recuerda que ese proceso genera demandas que sistemas como los de salud, jubilaciones o educación pueden no estar preparados para responder, dado el crecimiento de las necesidades de financiamiento de la población dependiente y la tendencia declinante en la población en edad activa.
A modo de ejemplo, el trabajo plantea que desde la perspectiva del sistema de protección social, y en especial de pensiones, el envejecimiento de la población implicaría un mayor nivel de erogaciones, al incrementarse el número de adultos mayores y su peso relativo en la población total. De esa forma, las transferencias en concepto de protección social se incrementarían del 11% del PIB actual (explicado casi en su totalidad por el sector público) a 18,6% en 2100 (con cerca de 25% en el sector privado).
"Uruguay tiene fortalezas"
Para el ministro de Trabajo, Ernesto Murro "pasó el tiempo de las recetas y de los modelos", por lo que el abordaje de los desafíos que plantea el cambio demográfico debe ser parte del diálogo social y político del futuro. Según dijo, Uruguay tiene "fortalezas para enfrentarlos", y mencionó los avances en negociación colectiva y el fomento de la cultura del trabajo. También dijo que en Uruguay las mujeres "quieren trabajar" y recordó en ese sentido la importancia del Sistema Nacional de Cuidados.
Uno de los aspectos que plantea el documento presentado ayer respecto al mercado de trabajo es que se deberá compensar la caída de la población en edad activa con una mayor participación de las mujeres y los adultos mayores en actividades de alta productividad. "La actividad de las mujeres es crítica para aumentar la producción. Si sale del mercado de trabajo cuando tiene los niños y luego no vuelve más, la pérdida de capital humano es monumental y Uruguay no puede darse ese lujo", había dicho a El Observador el economista del Banco Mundial, Rafael Rofman.
En tanto, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, marcó como fundamental que los niveles de inversión de la economía sigan incrementándose. Para García, se debe trabajar sobre el capital humano, inversiones en capital físico y en la mejora de la productividad. Además, destacó como una "necesidad" la mejora de los niveles de ahorro de la economía uruguaya.
Por último, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dijo que hay temas "a resolver ahora". Puso como ejemplo que hoy la indigencia alcanza al 0,3% de los habitantes y eso puede leerse como "algo fantástico", pero remarcó que de ese porcentaje se desprende que uno de cada cuatro niños menores de 4 años está por debajo de la línea de pobreza.
