Capacitan a policías para mejorar trato a personas homosexuales y trans

El Ministerio del Interior presentó una guía que pretende "sensibilizar" a quienes trabajan en las cárceles

El Ministerio del Interior comenzó a capacitar a policías y operarios de cárceles para mejorar el trato a personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Para ello, presentó una guía que viene acompañada de afiches que tienen como objetivo que se sensibilice a los funcionarios sobre la igualdad de derechos de esos colectivos.

Charles Carrera, director de secretaría de esa cartera, sostuvo durante la presentación del material, esta mañana, que "demuestra respeto y compromiso a la demanda de un colectivo que pretende mayor igualdad e inclusión", según consigna la página web de Presidencia.

"Si queremos obtener avances cualitativos en la convivencia social y si buscamos brindar respuestas policiales de calidad es preciso conocer la normativa y dificultades que atraviesan colectivos vulnerables en la vida cotidiana para poder pensar estrategias para prevenir y mejorar la gestión de denuncias y mejorar herramientas de investigación de delitos", indicó.

El objetivo del Ministerio del Interior es elaborar junto con el Consejo Nacional de Diversidad un ante proyecto de ley contra la discriminación de personas trans, así como elaborar protocolos de diversidad sexual, género y derechos humanos.

Carrera dijo que desde 2011 siete personas trans fueron asesinadas, pero solo siete de esos homicidios fueron aclarados. Por ese motivo, se destinará un equipo especializado para esos casos.

Desde el año pasado, se dictan cursos presenciales sobre género con un módulo especial de diversidad sexual. En 2016 los cursos fueron tomados por 600 policías y operadores, según indicó la directora de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta.

Según Bonomi, el sistema carcelario "cambió sustancialmente"

Reclusos con poca o nula preparación para reinsertarse en la sociedad, falta de rehabilitación, violación de las normas legales internacionales por no existir separación entre presos condenados y procesados y un casi "colapso del sistema penitenciario". En resumen, un caos que llevó a que prácticamente se hablara de una emergencia sanitaria. De esa manera, calificó al sistema penal uruguayo en 2009 el relator contra la Tortura, Manfred Nowak.

A raíz de ese informe, el gobierno uruguayo solicitó hace siete años cooperación internacional que derivó en un convenio entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Unión Europea, al que nombraron Programa Justicia e Inclusión.

Cinco años después de que fuera puesto en funcionamiento, el programa finalizó y el gobierno salió a mostrar los resultados. De los 5 millones de euros donados, se utilizó 78,5%, especialmente para realizar capacitaciones, contratar asistencias técnicas y realizar consultorías.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sostuvo durante la presentación de la rendición de cuentas del proyecto que el objetivo era "promover una reforma integral del sistema de justicia penal y mejorar condiciones de vida en la privación de libertad y en las condiciones de inclusión al egreso".

Para Bonomi, se está en "un proceso" de cambio en las cárceles, que debe ser mirado como un conjunto. "Se pretende hacer creer que la parte es el todo y que lo que todavía no cambió representa al sistema. En realidad el sistema cambió sustancialmente. Cuando nosotros ingresamos al Ministerio trabajaban 80 personas en 8500 y hoy trabajan más de 3000. "Un proceso se lo evalúa mirando el todo y no la parte", sostuvo y enfatizó: "Hay procesos y se puede contribuir no deteniéndose solo en los aspectos que todavía no cambiaron".

Por su parte, Pablo Álvarez, coordinador del programa y coordinador general de la OPP, destacó los proyectos ejecutados de capacitación a personas presas, por ejemplo 32 mujeres que se formaron en el área de diseño de vestimenta, de las cuales 10 están en condiciones de poder trabajar de forma independiente.

Álvarez lamentó que los 5 millones de euros no hayan podido ejecutarse en su totalidad. "Esto nos duele a todos y habla de las dificultades que se tuvo de articular una cantidad de instituciones cuando los protocolos internos son distintos es más difícil", dijo.

El programa contaba con cinco ejes principales: apoyo a la reforma del sistema penal, fortalecimiento de las medidas privativas y no privativas de libertad, salud en las cárceles, educación y formación para el empleo y promoción de la inserción laboral.

Si bien la OPP coordinaba, todos eran ejecutados por los organismos que tienen injerencia dependiendo el tema (Poder Judicial, Ministerio de Educación, de Salud y de Desarrollo Social, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y de Educación Pública, entre otros).


Populares de la sección