Casinos y una norma que genera polémica

El gobierno quiere excluir a esa dependencia del MEF de la regulación sobre reestructuras internas

El Poder Ejecutivo quiere que la Dirección General de Casinos (DGC) que depende del Ministerio de Economía quede excluida de la obligación de seguir un proceso que requiere del asesoramiento previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para llevar a cabo reestructuras internas, sistema que rige para todas las unidades ejecutoras.

El cambio, propuesto en el artículo 41 del proyecto de Rendición de Cuentas, tiene lugar días después de la anulación de la reorganización del servicio jurídico de la DGC por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) tras un reclamo realizado por el abogado Fernando Magnífico, quien se desempeñaba como gerente de esa repartición.

El TCA entendió que la reorganización de la asesoría jurídica "se hizo en violación frontal a reglas de derecho vigentes", dado que no se siguió el proceso legalmente establecido para esos casos.

Ahora, el gobierno pretende exonerar a la DGC de cumplir con los requisitos previstos para llevar a cabo reorganizaciones internas que están regulados en la última ley de Presupuesto y en las normas presupuestales de los dos anteriores gobiernos del Frente Amplio.

Ángelo Olivera, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de Juego (Fenaju) y de la Asociación de Funcionarios de la Oficina Central de Casinos del Estado, expresó a El Observador que el cambio planteado en la Rendición de Cuentas busca "no cumplir la sentencia del TCA" y "perseguir" a Magnífico, quien mantiene un enfrentamiento de larga data con las jerarquías de la DGC.

Olivera también consideró que el cambio busca "eludir los controles", cosa que es "un disparate que afecta las garantías que deben tener los funcionarios".

Por su parte, una fuente del Ministerio del Economía (del que depende de la DGC) aseguró a El Observador que la modificación obedece a que el organismo entiende que no está incluido en la normativa sobre reestructuras internas porque al tener un presupuesto anual autónomo no se vería alcanzado por esa disposición.


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