Cataluña: ¿cuánto importa la economía?

A lo largo del mes en curso el gobierno de Cataluña ha declarado su intención de decretar su independencia de España. En respuesta, ayer el gobierno central anunció que continuará los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución "para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña".

Con abstracción de sus posibilidades de éxito, la mera idea de la independencia catalana bien vale algunas pocas consideraciones de orden económico.

La separación de Cataluña tendría efectos negativos sobre la economía de España. Ya está bajando la cotización de las acciones y aumenta la prima de riesgo de los valores públicos. Hacia adelante y por un buen tiempo, la economía perderá dinamismo, bajará la recaudación, aumentará el déficit fiscal y habrá de resentirse el acceso a la infraestructura física radicada en Cataluña que sirve a la producción nacional.

Cataluña es una región próspera, la más importante de España, que produce una quinta parte de su PIB y tiene un ingreso promedio de € 28.600 por habitante al año, 20% mayor que el promedio nacional. Es la que más invierte en investigación y desarrollo, la que tiene la mayor cantidad de empresas pioneras y sus exportaciones son más de una cuarta parte de las de España.

No es la única región de España que aún arrastra los efectos negativos de la crisis internacional del 2008. Con matices, toda España pasa por lo mismo.

Es cierto, el aporte de Cataluña a las cuentas públicas es mayor que el gasto que la beneficia en forma directa. Con algunas diferencias en la medición, 15% de los impuestos nacionales que los catalanes pagan todos los años es derivado por el gobierno central a subsidiar a las regiones de menores ingresos. Pero de nuevo, con matices, es lo mismo que ocurre en todas las regiones más ricas en muchos países del mundo.

No hay entonces una explicación económica para la aspiración separatista. Tampoco hay duda sobre la viabilidad económica de una Cataluña independiente. Es en el camino hacia este objetivo que varios obstáculos de consideración podrían tornarlo prácticamente inviable.

De entrada, la inestabilidad política habrá de comprometer fuertemente a los planes de consumo e inversión de los agentes económicos. Pero hay mucho más.

El día después de una declaración formal de independencia, el gobierno catalán se vería privado de los ingresos necesarios para pagar los servicios públicos que ya no serán financiados por Madrid.

La ley catalana de transitoriedad jurídica y fundacional del pasado 8 de setiembre estableció que "la Generalitat asume todos los tributos y tasas que se pagan en Cataluña". Pero esta ley fue suspendida unos días después por el Tribunal Constitucional de España. Las empresas radicadas en Cataluña están entonces en un limbo jurídico como para cumplir puntualmente con sus obligaciones tributarias.

La región tampoco tendrá un acceso fácil al crédito, porque Cataluña y España tendrán que resolver primero el problema de la deuda pública nacional. Puesto que ella sirvió para financiar gastos e inversiones en beneficio de todas las regiones, incluida Cataluña, esta debería hacerse responsable de una parte de la deuda, quizá en proporción a su participación en el PIB nacional. Esto dejaría a la deuda de España sin cambios, en el actual nivel del 100 % del PIB, pero la de Cataluña, que en buena parte es con Madrid, subiría de 35% a 100% de su PIB.

Cataluña podría rechazar todo acuerdo sobre su deuda con el gobierno nacional. En este caso, seguramente las agencias internacionales de riesgo declararían el "default" de la deuda catalana, complicando muy seriamente el acceso a los mercados internacionales.

Más importante aún es la certeza de que una Cataluña independiente no formará parte de la Unión Europea, por lo menos hasta dentro de muchos años.

En la actualidad, 40% de las exportaciones de Cataluña van al resto de España y otro 40% a los países de la UE. De modo que al día siguiente de la declaración de independencia, el conjunto de estas exportaciones estará sujeto al pago de los aranceles comunitarios correspondientes, con el consecuente perjuicio para la capacidad de competencia de la producción.

Desde otro punto de vista, también habrá de plantearse el problema sobre la moneda que circulará en la Cataluña independiente, un tema de vital importancia para la estabilidad del sistema bancario.

En caso de optar por la creación de una nueva moneda, habrá un temor generalizado a su devaluación frente al euro. Otra opción, al estilo de Montenegro, sería la de mantener el uso del euro, aunque sin tener representación en el Banco Central Europeo y peor aún, sin su respaldo como prestamista de última instancia.

En una u otra opción la banca estará expuesta a una corrida sobre sus depósitos.

En los últimos días, este marco de incertidumbre ha determinado el traslado de la sede central de muchas empresas catalanas hacia otras regiones de España. Tal como era de esperar, los dos principales bancos, CaixaBank y Sabadell, fueron los primeros en seguir ese camino, porque son los más expuestos a la inestabilidad financiera. Pero ya son setecientas las empresas que tomaron la misma decisión.

La economía no está en la agenda de los separatistas. No fue una causa importante de sus aspiraciones ni sería un freno para ellas. Pero de nuevo, en un eventual camino a la independencia, los problemas económicos habrán de requerir medidas de excepción, entre otros sobre los depósitos bancarios y las finanzas privadas. Difícilmente ellas serán compatibles con el funcionamiento normal de una sociedad de estos tiempos.