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Cinco procesados por incidentes en el Codicen
Deberán cumplir 200 horas de trabajo comunitario; la fiscal está convencida de que hubo exceso policial y continuará indagando
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29 de septiembre de 2015 a las 05:00
La fiscal Ana María Tellechea está convencida: hubo excesos policiales en el procedimiento de desalojo de las oficinas del Codicen. Entre hoy y mañana los 24 agentes que participaron del operativo volverán a declarar al juzgado, informaron fuentes del caso a El Observador.
A su vez, la jueza Ana de Salterain procesó sin prisión anoche a cinco personas que se enfrentaron a la Policía el martes pasado por el delito de atentado agravado y dispuso, a pedido de la fiscal, el cumplimiento de 200 horas de trabajo comunitario.
El artículo 171 del Código Penal establece que "se comete atentado usando violencia o amenaza contra funcionario público, con algunos de los siguientes fines: impedirle al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo; el de estorbarle su libre ejercicio; el de obtener su renuncia; y la prepotencia, el odio o el menosprecio".
El delito tiene una pena mínima de tres meses (por lo que es excarcelable) y una pena máxima de tres años. Se considera que el delito se cometió con agravio porque la violencia fue ejercida contra la Policía.
La fiscal había pedido además el procesamiento de una mujer por el mismo delito, pero su abogado, Gustavo Salle, interpuso un recurso de inconstitucionalidad. La jueza no podrá pronunciarse sobre el pedido de procesamiento hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva si es inconstitucional o no. El abogado de otro de los procesados, Daniel Parrilla, informó a El Observador que también evalúa presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Uno de los cinco procesados es el dirigente del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), Ary Wiedmann. Su detención generó este lunes un paro del Suatt. Además, la Dirección General de Información e Inteligencia detuvo ayer a seis personas.
Los otros detenidos en un primer momento quedaron en libertad, entre ellos, el presidente de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de (Ades) Emiliano Mandacen.
La Dirección General de Información e Inteligencia detuvo ayer a otras seis personas que quedaron registradas en los videos tirando piedras u objetos a la Policía afuera del Codicen.
Además, en las próximas horas, deberán declarar los policías que participaron del operativo, denunciados por tortura. El presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Juan Faroppa, que observó el desalojo del Codicen, declaró ayer en calidad de testigo. En su informe sobre el desalojo, Faroppa asegura que "objetivamente no existió, por parte de las fuerzas policiales, un uso sistemático, masivo e intencional de la fuerza abusivo y/o excesivo", aunque reconoció que en "casos puntuales (...) algunos efectivos policiales mostraron en forma innecesaria un uso abusivo de la fuerza".
"Concretamente esto sucedió en perjuicio del abogado de los ocupantes, Dr. Pablo Ghirardo, lo que fue directamente observado por la Inddhh", agrega el informe.
Bonomi anunció además que denunciará por difamación e injusrias al abogado Ghirardo por decir públicamente que existió tortura policial. Ghirardo y la líder de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites, declararon ayer en calidad de indagados y quedaron en libertad.
Sobre Leites y otros seis militantes pesa un pedido de procesamiento por el delito de atentado por la ocupación de la sede de la Suprema Corte de Justicia durante el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil. La jueza Blanca Reiro se pronunciará sobre este pedido en las próximas semanas.
El ministro aclaró que consultó al presidente de la República, Tabaré Vázquez, antes de proceder al desalojo de oficinas públicas cuyo acceso estaba obstaculizado por los ocupantes.
En cuanto a la filmación del procedimiento, Bonomi dijo que "es lo más regular que hay, lo más cristalino que hay" y agregó que "una Policía democrática es una policía que puede demostrar lo que dice que hace".
"Ojalá los interrogatorios de 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 se hubieran filmado", agregó.
A su vez, la jueza Ana de Salterain procesó sin prisión anoche a cinco personas que se enfrentaron a la Policía el martes pasado por el delito de atentado agravado y dispuso, a pedido de la fiscal, el cumplimiento de 200 horas de trabajo comunitario.
El artículo 171 del Código Penal establece que "se comete atentado usando violencia o amenaza contra funcionario público, con algunos de los siguientes fines: impedirle al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo; el de estorbarle su libre ejercicio; el de obtener su renuncia; y la prepotencia, el odio o el menosprecio".
El delito tiene una pena mínima de tres meses (por lo que es excarcelable) y una pena máxima de tres años. Se considera que el delito se cometió con agravio porque la violencia fue ejercida contra la Policía.
La fiscal había pedido además el procesamiento de una mujer por el mismo delito, pero su abogado, Gustavo Salle, interpuso un recurso de inconstitucionalidad. La jueza no podrá pronunciarse sobre el pedido de procesamiento hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva si es inconstitucional o no. El abogado de otro de los procesados, Daniel Parrilla, informó a El Observador que también evalúa presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Los videos como prueba
Los videos registrados tanto por el Ministerio del Interior como por medios de prensa fueron la prueba fundamental para el pedido de procesamiento.Uno de los cinco procesados es el dirigente del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), Ary Wiedmann. Su detención generó este lunes un paro del Suatt. Además, la Dirección General de Información e Inteligencia detuvo ayer a seis personas.
Los otros detenidos en un primer momento quedaron en libertad, entre ellos, el presidente de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de (Ades) Emiliano Mandacen.
La Dirección General de Información e Inteligencia detuvo ayer a otras seis personas que quedaron registradas en los videos tirando piedras u objetos a la Policía afuera del Codicen.
Además, en las próximas horas, deberán declarar los policías que participaron del operativo, denunciados por tortura. El presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Juan Faroppa, que observó el desalojo del Codicen, declaró ayer en calidad de testigo. En su informe sobre el desalojo, Faroppa asegura que "objetivamente no existió, por parte de las fuerzas policiales, un uso sistemático, masivo e intencional de la fuerza abusivo y/o excesivo", aunque reconoció que en "casos puntuales (...) algunos efectivos policiales mostraron en forma innecesaria un uso abusivo de la fuerza".
"Concretamente esto sucedió en perjuicio del abogado de los ocupantes, Dr. Pablo Ghirardo, lo que fue directamente observado por la Inddhh", agrega el informe.
Bonomi denunció a abogado
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, acompañado por el subdirector de Policía, Raúl Perdomo, y por el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, presentó ayer en conferencia de prensa videos filmados por policías que muestran cómo fue el ingreso al edificio donde funciona el Codicen y cómo se desarrolló el operativo allí. "No había nadie cuando entra la Policía. No hubo contacto con los jóvenes. Se ha montado una inmensa mentira", aseguró Bonomi en referencia a la versión divulgada por algunos ocupantes que aseguraban haber sido golpeados. Consultado por El Observador, el ministro negó que haya existido abuso policial.Bonomi anunció además que denunciará por difamación e injusrias al abogado Ghirardo por decir públicamente que existió tortura policial. Ghirardo y la líder de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites, declararon ayer en calidad de indagados y quedaron en libertad.
Sobre Leites y otros seis militantes pesa un pedido de procesamiento por el delito de atentado por la ocupación de la sede de la Suprema Corte de Justicia durante el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil. La jueza Blanca Reiro se pronunciará sobre este pedido en las próximas semanas.
Apoyo del gobierno a Bonomi
Varios ministros y legisladores del Frente Amplio estuvieron presentes ayer en la conferencia de prensa que Bonomi dio en el Ministerio del Interior en señal de apoyo al procedimiento policial.El ministro aclaró que consultó al presidente de la República, Tabaré Vázquez, antes de proceder al desalojo de oficinas públicas cuyo acceso estaba obstaculizado por los ocupantes.
En cuanto a la filmación del procedimiento, Bonomi dijo que "es lo más regular que hay, lo más cristalino que hay" y agregó que "una Policía democrática es una policía que puede demostrar lo que dice que hace".
"Ojalá los interrogatorios de 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 se hubieran filmado", agregó.
