Colombia deberá implementar la paz con FARC en medio de dudas

Mientras el oficialismo se apoya en su mayoría legislativa, el uribismo exige nuevo referéndum
Cincuenta y dos años después de un conflicto armado que devastó a Colombia, ese país sudamericano tuvo ayer su Día D, marcado por el comienzo del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero pese al optimismo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la tregua definitiva deberá sortear más de una mina que parece interponerse en el camino.

La aprobación del Congreso colombiano al pacto de paz, renegociado tras el fracaso hace dos meses del acuerdo original en un plebiscito, puso desde ayer a Colombia frente al reto de hacer andar lo negociado mientras la opinión pública todavía sigue dividida y la oposición exige un nuevo referéndum.

Tras su aprobación definitiva en el Congreso en la noche del miércoles (madrugada de Uruguay) sin apoyo de los opositores que hace dos meses habían ganado el plebiscito que frustró un primer pacto, el acuerdo entró ahora en fase de implementación.

"El país inicia hoy un capítulo de esperanza", escribió ayer Santos en Twitter. "Gratitud con Congreso por histórico respaldo a esperanza de paz de los colombianos", puso en otro tuit.

El gobierno está listo para presentar proyectos de ley y reformas constitucionales que permitan implementar el acuerdo, pero espera la decisión de la Suprema Corte para tener claridad de si podrá hacerlo con un mecanismo rápido.

El gobierno de Santos espera que la corte autorice un mecanismo rápido o "fast track" para implementar los acuerdos y evitar trámites normales que pueden demorar varios meses y poner en riesgo el acuerdo, con el que se busca que unos 7.000 combatientes dejen las armas y conformen un partido político.

El gobierno prepara "un primer paquete de indultos" para miembros de las FARC, dijo ayer el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo en una conferencia de prensa. En tanto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que "la ley de amnistía es urgente" y será presentada la próxima semana en el Congreso, al tiempo que insistió con la necesidad del fast track.

Esta es la cuarta vez que las FARC intentan un proceso de paz con el gobierno colombiano, tras fracasar en diálogos con los presidentes de Belisario Betancur (1982-1986), César Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998-2002).

Rechazo opositor

El pacto, sellado por las partes hace una semana luego de incluirle propuestas de la oposición al pacto original que fue rechazado en un plebiscito el 2 de octubre, fue aprobado en la noche del miércoles por el Congreso.

Las mayorías oficialistas del Senado y la cámara baja votaron, el martes y miércoles, respectivamente, a favor de la refrendación del acuerdo que busca acabar con el conflicto armado.

La oposición, liderada por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, optó por retirarse de la sala y no participar en las votaciones, al considerar que el Congreso "no puede suplantar" la decisión que tomaron en las urnas los colombianos.

Pero además de oponerse al modo de refrendación, los uribistas rechazaron también el pacto en general. La oposición advirtió que el acuerdo permite la "impunidad total" y otorga elegibilidad política a guerrilleros antes de que cumplan sus penas.

Los opositores reclaman que no se permita la elegibilidad política de responsables de delitos mientras cumplen sus penas, eliminar el narcotráfico como conexo al delito político y que el acuerdo no entre a la Constitución, entre otros puntos.

La hora señalada

La decisión del gobierno y las FARC de refrendar el acuerdo renegociado en el Congreso tuvo mucho que ver, según afirmaron las partes, con la fragilidad del cese al fuego bilateral que mantienen desde fines de agosto.

La urgencia por refrendar el pacto revisado buscaba superar la incertidumbre que provocó el limbo en que quedó el proceso de paz luego del plebiscito, en especial después de que el alto al fuego se viera perturbado por la muerte de dos guerrilleros de las FARC hace unas semanas en supuestos combates con el Ejército y, más recientemente, por una serie de homicidios y atentados contra líderes sociales en el sur y oeste del país.

Santos dijo el miércoles que Colombia comenzaría ayer su Día D. "¿Y eso qué quiere decir? Que en cinco días comienza el traslado de todos los miembros de las FARC a las zonas veredales de transición", donde dejarán progresivamente sus armas bajo supervisión de la ONU, se respondió a si mismo el mandatario.

En esta nueva etapa también serán clave los parlamentarios, pues se espera que a la mayor brevedad el gobierno comience a presentar los proyectos que permitirán poner en marcha lo pactado.

"Tenemos un nuevo acuerdo pero sigue habiendo desafíos relacionados no solamente con lo político, sino con su implementación en el terreno: con el ELN (Ejército de Liberación Nacional, segunda guerrilla del país), con la violencia contra líderes, y una situación fiscal bastante grave", dijo a la agencia AFP Kyle Johnson, analista del International Crisis Group.

"Entonces, tenemos un acuerdo en un contexto supremamente difícil para la seguridad política del acuerdo y también para la implementación misma, en términos de la capacidad del Estado", explicó el experto.

Aplazan diálogo con ELN hasta enero

El gobierno de Colombia aplazó hasta enero las conversaciones para concretar el inicio de una negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras la segunda fuerza guerrillera de ese país realiza consultas internas y libera a un político secuestrado.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, condicionó el inicio de una negociación con el ELN a que el grupo rebelde, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, deje en libertad a Odín Sánchez, secuestrado desde abril.

La fecha fijada para la instalación de la mesa pública de negociaciones entre las partes es el 10 de enero de 2017, sostuvo el gobierno en un comunicado.

"El gobierno espera que durante estas semanas, el ELN no solo realice las consultas solicitadas, sino que se produzca en el menor tiempo posible la liberación del señor Odín Sánchez para que esté al lado de su familia", sostuvo el Poder Ejecutivo colombiano en el texto.

Santos y el ELN acordaron en marzo iniciar un diálogo formal en Ecuador después de más de dos años de contactos en los que concertaron los temas de la agenda de negociación y la logística.

Sin embargo, el diálogo no comenzó ante la negativa de esa guerrilla de suspender los secuestros y los ataques a la infraestructura económica como lo exigía el gobierno.

El ELN, acusado de secuestros, asesinatos, ataques a la infraestructura, así como también de extorsiones a multinacionales petroleras y mineras, cuenta con unos 2.000 combatientes y surgió en 1964 inspirado en la revolución cubana con el apoyo de sacerdotes católicos radicales.

El gobierno colombiano anunció que el indulto a dos integrantes del grupo guerrillero que permanecen encarcelados y que se acordó dentro de las gestiones de paz, se realizará cumpliendo las disposiciones legales vigentes.

Fuente: Agencias

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