Colombia: Sin guerra y sin paz

Desde la temprana mañana del lunes 26 de setiembre, Álvaro Uribe recorría las calles de la calurosa Cartagena de Indias, megáfono en mano, vociferando como un loco contra el acuerdo de paz. Muchos en Bogotá se mofaban por el contraste de un expresidente algo desalineado, con la solemnidad que en esas horas se respiraba en la histórica ciudad que baña el mar Caribe, engalanada para la firma del documento que iba a poner fin a 52 años de conflicto armado.

El ambiente de armonía –y ciertamente conmovedor– del acto organizado por el gobierno de Juan Manuel Santos, acompañado por la flor y nata de la comunidad internacional –más de 2.000 invitados con traje informal blanco– a la caída del sol, en la Explanada de Banderas del Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala, hacía ver aun más ridícula la actitud crispada de Álvaro Uribe, rodeado por referentes de raigambre conservadora. El expresidente enojado hablaba del "narcochavismo de la paz"; en la ceremonia oficial se escuchaban las voces de las cantaoras de Bojayá –un municipio del Chocó con ríos de sangre por ataques guerrilleros– que erizaron al público con sus rimas acerca de la paz.

Los dirigentes de los partidos oficialistas, de la izquierda, representantes de organizaciones de la sociedad civil, casi todos los medios de comunicación, la mayoría de la intelligentsia, apoyaban explícita o implícitamente el Sí y estaban seguros, como marcaban las encuestas, de que Uribe, un estanciero nacido en Antioquia, dos veces presidente de Colombia, y un genuino líder de la derecha, sería derrotado en las urnas. Ni Uribe pensaba que era posible que el No se impusiera.

Para sorpresa de todos, aunque por un ajustado resultado –algo más de 53 mil votos de diferencia–, los opositores del No, con Uribe a la cabeza, convencieron a la ciudadanía de que no es apropiado el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Y es por eso es que el acuerdo cayó. Y es por eso, como dice la revista Semana de Bogotá que "un David en este plebiscito, de la noche a la mañana pasó a ser un Goliat" que hace temblar el escenario político, en un país donde ya se posan nubarrones económicos por no haberse refrendado un documento que tenía el apoyo de toda la comunidad internacional (el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU, la OEA, países de la región).

El resultado del plebiscito, al que convocó un empecinado Santos, deja a Colombia en una situación muy delicada, por más esfuerzos, reuniones y discursos del propio presidente y de Uribe, de los últimos días, y anuncios del advenimiento de un eventual nuevo acuerdo que incluiría ciertas propuestas de la ahora robusta oposición.

Las palabras esperanzadoras de estos principales referentes de la política colombiana, en verdad son más expresiones de deseos que otra cosa.

El acuerdo de La Habana es un documento muy difícil de alterar porque expresa una arquitectura jurídica novedosa, que entierra la solución de conflictos que concedía el indulto a la entrega de armas, tan común en el pasado. Deriva de una propuesta de derechos humanos con énfasis en las víctimas del conflicto, que busca la verdad y la no repetición, que pone en marcha un complejo andamiaje de justicia transicional que sustituye la pena tradicional de cárcel por condenas de restricción de libertad, y que incluye el beneficio de la amnistía para delitos que no sean considerados como crímenes de guerra.

A ello se suma un controvertido procedimiento para que los guerrilleros se incorporen a la actividad política sin armas (creación de un partido político y un número de bancas aseguradas en el Congreso por dos períodos electorales en caso de no obtener los votos suficientes en los comicios).

Uribe y las filas del No –que tuvieron el respaldo de la mayoría de los votantes– se oponen a la justicia transicional, a que no haya penas de cárcel, por ejemplo, y a que los guerrilleros ocupen un lugar en el Congreso. Quieren modificar estos puntos del acuerdo de paz.

Por el resultado de la consulta, la negociación ahora tiene tres actores principales: Santos, Uribe y los dirigentes de las FARC.

No parece muy sencillo que los guerrilleros acepten cambiar los beneficios contenidos en el documento. "Los acuerdos de paz fueron construidos en intensos debates a lo largo de seis años; están refrendados por el mundo (...), gozan de respaldo internacional. Las FARC vamos a continuar este camino de amor porque la paz no se detiene", escribió uno de los principales dirigentes, Jorge Torres, conocido con el nombre de guerra de Pablo Catatumbo.

Es cierto que Santos quiere seguir adelante; que Uribe, y quienes ganaron el plebiscito, quieren firmar la paz con la guerrilla; y que la guerrilla está decidida a pelear "con la palabra y no con las armas".
Pero eso no alcanza para asegurar que finalmente haya un nuevo acuerdo si se mantienen las posiciones irreconciliables que se ventilaron esta semana.

Obviamente, sería muy positivo que el acuerdo con las FARC sume más apoyo político. Pero, un amplio respaldo a un futuro documento de paz en el que la guerrilla, por ejemplo, acepte cumplir condenas de algunos años de cárcel o perder prerrogativas para iniciar la tarea política en la legalidad, dañaría a un muy debilitado Juan Manuel Santos, al tiempo que Uribe reforzaría su popularidad.

Hoy parece despejado el camino hacia la paz, pero un prolongado ambiente de incertidumbre golpearía a todos, especialmente a Uribe que prometió un nuevo acuerdo a una comunidad internacional jugada al proceso de Santos. Y también a las FARC, porque no parece fácil mantener unida a la tropa en un estado de limbo por tiempo indefinido.

Con las cartas vistas esta semana, es seguro que no se retoma el camino de la guerra –como una prueba, sigue vigente el cese al fuego hasta el lunes 31 con posibilidades de extenderlo–. Pero cuidado, que el camino de la paz presenta obstáculos difíciles de sortear.