Comercios plantean que arancel de tarjetas lo paguen los proveedores

En diálogo con El Observador, el presidente de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), Miguel Feris, sostuvo que hay disposición a apoyar ese tipo de medidas extremas llegado el caso, pero al mismo tiempo dijo que la idea es seguir apostando al diálogo con el gobierno.

En ese sentido, explicó que CEDU tiene expectativas de que pronto el Poder Ejecutivo implemente alguna iniciativa que vaya en la dirección a los pedidos realizados. Una de esas opciones pasa porque las empresas formadoras de precios sean las que se hagan cargo de los aranceles de las tarjetas.

La instrumentación en la práctica de este cambio implicaría que los proveedores trasladaran el arancel al costo de los productos que ofrecen a los pequeños y medianos comercios.

De todas formas, uno de los elementos que dificultaría la implementación es que ese mismo costo no sea trasladado a las grandes superficies, porque eso terminaría ampliando la brecha de precios que hoy ya existe con el pequeño y mediano comercio. Las grandes superficies suelen tener acuerdos con los proveedores y acceden a los productos en mejores condiciones.

Esa alternativa implicaría además que el arancel se sume al costo del bien, ya sea en pagos con tarjeta como aquellos en efectivo.

"Las empresas que son formadoras de precios, que están en la base de la pirámide, las grandes, las megaempresas se deben hacer cargo del arancel. Es la mejor manera. Nadie va a pagar más arancel. Las empresas formadoras de precios no están metidas en la discusión, quedaron por fuera. Esto está solo en la discusión del día a día del almacén", afirmó Feris.

En la actualidad el grueso del comercio paga aranceles de 2% para el caso del débito y de alrededor de 1,5% en el caso de las grandes superficies, que tienen acuerdos preferenciales dado el volumen de negocios que operan. El gobierno tiene un compromiso con los emisores para que los aranceles continúen en baja hasta llegar a 1,5% en la medida que se alcance un cierto monto de transacciones por esa vía.

El costo adicional que genera procesar cada una de las transacciones es "muy pequeño", según han manifestado distintas autoridades de gobierno. El costo fundamental es fijo y está vinculado con las inversiones que se realizan en tecnología, seguridad y otras contingencias.

Por ello se sostiene que la lógica de que los aranceles van a ir bajando a medida que aumente el uso de la tarjeta de débito responde a ese criterio. A medida que haya una mayor utilización de las tarjetas de débito, los costos fijos se diluyen en el aumento de las transacciones. "No estamos en contra de la inclusión financiera. Lo que nos parece que son abusivos son los aranceles. No es justo que para el tipo que paga en efectivo el comercio agarra los $ 100 y los pone en el cajón. Y por recibir un medio electrónico tengamos un descuento. Este tema se tiene que discutir en serio", reclamó Feris.

Movida de comercios

Por otro lado, la semana pasada los comerciantes agrupados en las cámaras empresariales de Maldonado, Lavalleja, Rocha, Treinta y Tres y Cerro Largo comenzaron a manejar la posibilidad de no aceptar la tarjeta de débito como forma de pago, en rechazo a lo que se entiende son "los altísimos costos" y "comisiones abusivas" de los emisores que recaen sobre sus bolsillos.

Esa medida, que sería por tiempo indeterminado, ya fue puesta en práctica en enero y está vigente en algunas estaciones de servicio de Maldonado y Punta del Este. Otra opción que está en consideración es no aceptar compras con tarjetas de forma progresiva hasta tres y cuatro días a la semana.

Hace dos semanas se comenzó una serie de recorridas por Lavalleja y Maldonado para informar a los pequeños comerciantes de la situación y conocer cuánto inciden las comisiones en los márgenes de rentabilidad. Hasta ahora en la zona este un alto porcentaje de los comerciantes contactados mostraron disposición a formar parte de un futuro "apagón" de tarjetas, según supo El Observador.

En tanto, el diario Primera Hora de San José informó ayer que el Centro Comercial de esa ciudad también evalúa la posibilidad de dejar de aceptar la tarjeta dé debito como medio pago.

"El tema de fondo es que la ley de Inclusión Financiera salió con otro propósito y no se analizó profundamente cómo se distribuía el costo. Ahora este problema hoy lo está pagando el comercio, porque en Uruguay los costos de las comisiones son por lo menos tres veces más altos que en otros lados. Hoy el costo de los aranceles se está poniendo cada vez más pesado y parece que no se encuentran razones para modificarlo", dijo el presidente de la gremial Fernando Echedo.

Asesor legal insiste con inconstitucionalidad

Pese a que el Ministerio de Economía introdujo en enero un ajuste a la redacción de la ley de inclusión financiera que corrigió un aspecto que los pequeños comercios consideraban que era inconstitucional, la batalla legal sigue adelante porque hay otros aspectos que se entienden no están ajustados a Derecho.

El abogado Julio Facal asesora a diversos asociaciones de pequeños comercios que cuestionan el impacto de la ley de Inclusión Financiera, incluida la reciente gremial de estaciones de servicio del este que optó por no aceptar plásticos durante el horario diurno en rechazo a los aranceles que deben pagar a los emisores.

En diálogo con El Observador el profesional –que sobre fines del año pasado presentó un recurso de inconstitucionalidad de una empresa ante la Suprema Corte de Justicia– dijo que la ley de inclusión financiera "es ilegal" porque el comerciantes tiene derecho a trasladar al consumidor final el costo que le impone el emisor del plástico, siempre y cuando cumpla con informarlo previamente al cliente tal cual lo establece la ley de Defensa del Consumidor.

"El comerciante es libre de elegir, discriminar, y libre de trasladar un costo", afirmó. Según Facal, hay casos de varios artículos que venden los comerciantes donde el margen "es tan pequeño" que se lo termina llevando en su totalidad el arancel del débito o crédito.

Facal consideró injusto que el "costo de la bancarización" recaiga únicamente sobre los comerciantes, y no sobre los emisores de los plásticos o el propio Estado.