Comisión espera luz verde del FA para tratar proyecto de Uber

La Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados busca definir esta semana una salida legal para regular las aplicaciones como Uber o Airbnb.

Si bien la tarea de la comisión comenzó en abril –tras la presentación de un proyecto normativo del Poder Ejecutivo– luego de siete meses no se llegó a los acuerdos necesarios para definir un proyecto y enviarlo a discusión parlamentaria para su posterior aprobación. En tanto, los conductores de la multinacional Uber continúan realizando viajes de forma ilegal; y la Intendencia de Montevideo utiliza "todas las herramientas" necesarias para fiscalizar, aunque con críticas y sin demasiado éxito.

En ese sentido, fueron 47 las acciones aplicadas desde noviembre de 2015.

Luego de que la comisión descartara la propuesta del Poder Ejecutivo, se espera por un proyecto anunciado por el diputado frentamplista José Carlos Mahía, pero sobre el que la bancada no tomó posición aún, lo que está previsto para hoy.

El representante por el Partido Nacional y presidente de la comisión, Rodrigo Goñi, dijo a El Observador que si bien los primeros meses estuvieron dedicados a recibir opiniones, ahora "no hay razones para esperar ni demorarse".

Goñi lamentó la tardanza en la definición del Frente Amplio, a a la vez que reclamó una rápida resolución del tema.

"La demora en la que estamos incurriendo ya no se justifica, y nos hace corresponsables de lo que pueda ocurrir como consecuencia de la creciente tensión entre quienes emprenden estos nuevos servicios, quienes legítimamente quieren acceder a ellos, quienes los resisten y el propio Estado", dijo a El Observador.

Si el Frente Amplio da luz verde al proyecto presentado por Mahía, el presidente de la comisión afirmó que convocará inmediatamente a tratar el asunto. La idea es que se pueda votar esta semana y que haya una definición, agregó Goñi.

Mahía coincidió en la necesidad de resolver sobre la normativa para regular aplicaciones como Uber con rapidez. "Me parece bueno intentar tener la mayor celeridad; tengo confianza que el proyecto que presentamos puede ser útil para intentar caminar en alguno de los problemas planteados y que el país tiene que resolver, sobre todo en el área metropolitana", dijo a El Observador.

Por su parte, el diputado nacionalista explicó que si bien el nuevo proyecto avanza en el sentido de que se deja de lado la actitud "hostil" hacia las aplicaciones y las "inconstitucionalidades más flagrantes", como el bloqueo de cuentas sin el debido proceso, todavía quedan temas por acodar.

Uno de ellos, indicó, es la orientación de la ley, es decir si incentiva o no el desarrollo de la economía digital. Otro tema a estudiar es qué obligaciones se impondrá a las empresas, en cuanto a la información que deben suministrar a los organismos de controalor; y por último, cómo será el régimen sancionatorio.

Para poder fiscalizar, lo ideal, había asegurado a la prensa el intendente Daniel Martínez, es tener una ley que establezca herramientas "poderosas" para controlar. Sin embargo, el diputado del Partido Nacional dijo que, en su opinión, se debe ofrecer incentivos para que las empresas se autoregulen.

El proyecto presentado por el legislador de Asamblea Uruguay tiene siete artículos, y según dijo Mahía a El Observador, busca que "la economía digital sea una oportunidad de mejorar la calidad de los servicios y no para eludir tributos".

Además, obliga a las empresas a dar información sobre los servicios. La idea es que tengan accesibilidad los usuarios y el Estado, dijo Mahía, siempre y cuando corresponda. "Nada que refiera a cuestiones reservadas pero si se requiere a la hora de tributar, que tenga la obligación de brindarla".