¿Cómo va a terminar la crisis de Venezuela? Los posibles escenarios

El tiempo del hartazgo de los venezolanos parece haber llegado para quedarse, mientras se suceden las manifestaciones de protesta
Ataviado con un traje Mao color caqui cerrado al cuello, Nicolás Maduro firmó el decreto convocando a la Asamblea Nacional Constituyente, se levantó de su silla entre vítores de la cúpula chavista que lo acompañaba y se lo entregó en la mano a la titular de la autoridad electoral, la también chavista Tibisay Lucena. Con ello, el presidente venezolano selló su suerte para siempre.

Cruzó el último Rubicón, desestimando una convocatoria a elecciones generales que podría haberle facilitado una salida acaso menos turbulenta, después de haberle dado muerte también al referéndum revocatorio y a todas las instancias posibles para que los venezolanos se expresaran libremente en las urnas. Y así, parece encaminarse raudo hacia un final violento.

Desde luego, no ha de ser este el único desenlace posible a la profunda crisis que azota a Venezuela. Pero al menos Maduro ha dejado claro que está dispuesto a morir con las botas puestas, tras cerrar todos los caminos democráticos para removerlo del cargo.

En los últimos 30 y pocos días, la agitación social y la violencia en las calles arreciaron de un modo que ya era insostenible para el régimen bolivariano. La brutal represión de las fuerzas del régimen, los muertos en las calles —que ya sobrepasan la treintena—, los centenares de heridos y detenidos, los disturbios, la incesante crisis humanitaria y la presión internacional orillaron a Maduro a convocar la Constituyente.

Acorralado en Miraflores, decidió, antes de dar un paso al costado o llamar a elecciones, hacer borrón y cuenta nueva: echar por tierra el principal legado de su mentor Hugo Chávez, la Constitución de 1999, y refundar la República, que de eso –y no de otra cosa– se trata una Asamblea Constituyente.

No se convoca a una Constituyente para introducirle meros cambios o enmiendas a una carta magna (para eso está el Parlamento), como han sugerido algunos integrantes de la comisión designada por Maduro para llevar adelante el proceso.

Una Constituyente supone la redacción de una nueva Constitución; y por definición, la fundación de una nueva república, que en Venezuela sería ya la sexta.

Nada de ello se desprende del decreto que firmó el gobernante venezolano para esta Constituyente, la que además está llamada a asumir el poder supremo de la República por encima de todos los poderes existentes.

Con lo cual, por la vía de los hechos, se deja sin asunto al Parlamento de amplia mayoría opositora, y cuyos poderes ya intentó arrebatarle el Tribunal Supremo a fines de marzo, en un inopinado desborde del régimen que fue lo que desencadenó las protestas masivas que hoy lo tienen contra las cuerdas.

Sin embargo, Maduro parece haber cambiado de algún modo su propuesta original, que lanzara durante el acto del primero de mayo.

Allí había dicho que la mitad de los 500 constituyentes serían elegidos por voto directo y secreto de "la clase obrera, de las comunas, de los consejos comunales, de las misiones socialistas" y demás movimientos sociales controlados por el régimen.

La otra mitad de los delegados no dijo cómo serían elegidos, pero dejó claro que sería "una Constituyente comunal, chavista y profundamente obrera".

Tras lo que remató: "Les entrego todo el poder a ustedes, clase obrera; vayan a ganar la batalla", en un cierre que retumbó como una reminiscencia súbita de la famosa consigna de Lenin "todo el poder a los soviets", con que los bolcheviques derrocaron al gobierno provisional revolucionario en la Rusia post-zarista para instaurar la dictadura del proletariado.

El repudio a la convocatoria de Maduro no se hizo esperar. En pocas horas, tanto los dirigentes de la oposición venezolana como varios países de la región habían expresado su firme rechazo; el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la calificó sin rodeos de "fraudulenta", y los venezolanos volvieron a tomar las calles con desbordada indignación.

Otra vez, los muertos en las manifestaciones, otra vez las brutales imágenes de los tanques, los guanacos y las bombas lacrimógenas reprimiendo a gente desarmada, en lo que ya se tornó en una rebelión popular que parece imparable.

Tal vez sea por eso que Maduro haya decidido alterar –al menos en apariencia– las bases de su convocatoria. El miércoles 3, al leer el decreto en la sede del Consejo Nacional Electoral (antes de entregárselo a Lucena), ya no había rastros de la referencia a que la mitad de las bancas de la Constituyente recaerían sobre los votos de las bases comunales y obreras.

Ahora, y tal como figura en el segundo artículo del documento, los constituyentes serán elegidos mediante "voto universal, directo y secreto". Aunque acota que esa elección tendrá lugar "en los ámbitos sectoriales y territoriales bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral". Es posible que en esa frase esté la clave.

Pero por lo pronto no hay mención a un número reservado de bancas para ciertos sectores designados a discreción.

De modo que los escenarios que se abren de aquí en más podrían ser dos. El primero y más factible es que la oposición no recoja ese guante aparentemente envenenado para participar en la Constituyente y decida continuar con lo que llama "la estrategia de calle".

Aparte de que abandonar la calle ahora tendría un costo político demasiado alto para cualquier dirigente de oposición, en momentos que el hartazgo de los venezolanos rebasó todos los límites y la gente ya no le tiene miedo a enfrentarse a las tanquetas, a las bombas lacrimógenas, a los perdigones y aún a las balas con tal de ver caer al régimen.

En tal caso, pues, es de esperar que haya aun más violencia y represión, tal vez más muertos y heridos que lamentar; y la única esperanza de una salida a la crisis sería por el lado de una ruptura dentro de las filas del chavismo.

Es decir que ante el baño de sangre y con la gente permanentemente en las calles, algunas figuras del gobierno empiecen a abandonar el barco.

Algunos primeros síntomas de fractura dentro del régimen ya se empiezan a notar. Primero fue la fiscal general, Luisa Ortega, quien tras el golpe del Tribunal Supremo al Parlamento, dijo que las sentencias representaban una violación del orden constitucional.

Y el miércoles, ante la convocatoria de Maduro a la Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna, la jerarca dijo en entrevista con The Wall Street Journal: "Esta Constitución es inmejorable; esta es la Constitución de Chávez". Para luego fustigar la represión en términos inequívocos: "No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos cuando el Estado toma decisiones que no se ajustan a la ley".

El día anterior, el diputado chavista Eustoquio Contreras también había expresado su descontento con la convocatoria de Maduro: "Yo no estoy de acuerdo con que haya que refundar la República... Esta Constitución no hay que cambiarla; lo que hay es que cumplirla", dijo Contreras en una entrevista radial, según publicó el diario El Universal. El legislador sostuvo además que la convocatoria no provenía del poder soberano y que ponía "en riesgo la obra predilecta de Chávez".

Estas expresiones de disenso interno son aún muy escasas, cosa que llama la atención ante las brutales imágenes y el tendal de muertos y heridos que dejó la represión. Pero por ahí podrían empezar a gotear las deserciones que deterioran la fortaleza del régimen.

La otra posibilidad es que la oposición acepte la invitación que el lunes habrá de cursarle formalmente el gobierno –según adelantaron sus voceros– para participar en la Constituyente. Pero ahora mismo se vislumbra muy poco probable. Y aún cuando la aceptaran, nada garantiza que la gente dejaría de manifestarse en las calles.

Todo apunta a que no desmayarán hasta ver a Maduro fuera de palacio. Y así, las cartas de la oposición en este momento no parecen jugarlas sus dirigentes, sino los ocho de cada diez venezolanos que quieren el fin del régimen bolivariano, eso al menos según una encuesta de julio de 2016 de la consultora Datanálisis.

En suma, el chavismo sin Chávez devino en un gobierno profundamente autoritario sin apoyo popular, cuya cúpula se aferra al poder con uñas y dientes; porque sin él, estaría a la intemperie ante las acusaciones de corrupción y narcotráfico que se acumulan en su contra. Maduro y sus adláteres sostienen que todo se trata de un golpe de Estado promovido por la derecha, el poder económico y "el imperio".

Para nadie debe de ser un secreto que el gobierno de Estados Unidos opera y operó infatigablemente contra el gobierno de Venezuela desde épocas de Chávez, y que en 2002 estimularon el vergonzoso golpe de Estado, muy a la usanza de la infausta doctrina del "cambio de régimen" con que el Departamento de Estado opera apoyando a las fuerzas locales de oposición.

Pero sin perjuicio de ello, el gobierno de Maduro se ha vuelto una tiranía insostenible, que a diario masacra a su pueblo con las fuerzas policiales y con civiles paramilitares que armó para sostenerse en el poder a como dé lugar. Su tiempo es el tiempo que demoran todos los pueblos del mundo en hartarse de una dictadura y desalojarla del poder. La clave es saber si ese tiempo definitivamente llegó en Venezuela.

Una "estafa" para el Parlamento

El presidente del Parlamento, de mayoría opositora, Julio Borges, calificó la convocatoria a una Asamblea Constituyente como "una estafa". En su opinión, se busca "engañar al pueblo con un mecanismo que no es otra cosa que agravar el golpe de Estado".

Buscan "matar" la Constitución

El líder opositor, Henrique Capriles, consideró que el gobierno venezolano pretende "matar la Constitución" a través de un fraude. Mediante su cuenta de Twitter, llamó a los militantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a "desobeder semejante locura".

Las protestas dejan más de 30 muertos

Las protestas opositoras contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, iniciadas el pasado 1 de abril, dejaron (hasta este viernes) 36 muertos y más de 700 heridos en diversos hechos de violencia, informó la Fiscalía General.

El más reciente balance del organismo daba cuenta de 33 muertos en enfrentamientos entre manifestantes y la policía, saqueos y tiroteos. Según un boletín del ministerio público, el mayor número de muertes "como consecuencia de las manifestaciones" se registró en el área metropolitana de Caracas, con 18 casos, seguida de los estados Carabobo (6), Lara (5), Mérida (2), Miranda (2), Barinas (1) y Táchira (1), detalló.

Entre las víctimas fatales se cuentan cuatro adolescentes, un militar de la Guardia Nacional Bolivariana y un policía. El jueves, en una nueva jornada de protestas, estudiantes universitarios se enfrentaron con piedras y cócteles molotov con la Policía, que les lanzó bombas lacrimógenas en las afueras de la Universidad Central de Venezuela.



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