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Compleja reforma penitenciaria
Perfeccionar el sistema penitenciario, sacando a la Policía de su incongruente función actual de guardia carcelaria, es el desafío inmediato que enfrentan el gobierno y la oposición en su largo período de negociaciones para establecer una coherente política de Estado sobre seguridad. Es irrelevante el actual debate sobre de qué ministerio dependerá orgánicamente el acordado organismo descentralizado que se hará cargo de los centros de reclusión, ya que operará presumiblemente con una total autonomía. Lo decisivo es el nivel de competencia con que funcione. Asegurar los resultados requeridos dependerá de que disponga de personal idóneo y altamente especializado, así como de los recursos financieros que, según se ha informado, ya están previstos en el Presupuesto a partir del año próximo.
La capacidad de quienes asuman la tarea es fundamental, dado los muchos aspectos de una reforma compleja. Por un lado, la nueva cárcel moderna en construcción para casi 2.000 reclusos permitirá descongestionar penales superpoblados, como el Comcar. Pero hay que aprovecharla también para generalizar los programas de rehabilitación de presos recuperables, a través de la inducción al trabajo y el estudio, tarea que hasta ahora se cumple con solo una parte minoritaria de los 10.800 reclusos del país. Al mismo tiempo, será su responsabilidad erradicar los casos de corrupción que suelen salir a luz, con policías en connivencia con delincuentes que reciben drogas, vías de comunicación y hasta armas dentro de las cárceles.
Estas situaciones inciden en que poderosos narcotraficantes sigan manejando sus redes delictivas desde sus celdas, situación que es imperativo evitar como parte de una vigilancia más severa de los malhechores considerados irrecuperables. La creación del nuevo organismo, que no puede incluir a policías, liberará cientos de efectivos policiales para reforzar el trabajo específico de combatir la delincuencia en las calles, preocupación prioritaria de la población. Este refuerzo de efectivos policiales presumiblemente suplirá en parte la idea de utilizar efectivos militares para dar mayor seguridad a la gente, idea razonable pero que parece haber sido descartada.
De las reuniones del gobierno con todos los partidos deben salir los planes detallados para que el cuerpo descentralizado a cargo de las cárceles sea realmente efectivo en mejorar un sistema con graves claudicaciones, que incluso le ha costado a Uruguay severas condenas de Naciones Unidas.
En los varios encuentros realizados hasta ahora se acordaron seis proyectos específicos sobre seguridad, tres de los cuales tienen media sanción parlamentaria. Incluyen aumentos de penas y restricciones a las salidas transitorias de delincuentes, quienes muchas veces las aprovechan para nuevas fechorías antes de volver a sus celdas.
Pero queda mucho por hacer para que el país recupere algo de la seguridad perdida. Es loable el empeño con que se ha encarado esta urgencia, que exige apresurar resultados. Una prueba de fuego será ver si se puede organizar un sistema penitenciario justo y eficiente. Requerirá adecuada atención educativa y sanitaria, oportunidades para reclusos que sean socialmente recuperables y restrictiva custodia de los que no lo son. Pero sobre todo se necesitará un vasto cuerpo de nuevos guardias formados en los niveles de competencia que hasta ahora han faltado.
