El Partido Comunista del Uruguay (PCU) comenzará hoy su XXX Congreso, instancia en que el sector definirá sus lineamientos de cara al Congreso Programático del Frente Amplio (FA) de noviembre. En el encuentro también habrá críticas a las “vacilaciones” del gobierno para llevar adelante el programa de la izquierda, a las políticas de redistribución del equipo económico y quejas a la forma en que el Ejecutivo toma sus decisiones, según las Bases de Discusión al XXX Congreso del PCU a las que accedió El Observador.
Los comunistas advierten que el debate no es solo con “los partidos tradicionales” sino que hay una pugna por la economía con “concepciones neodesarrollistas en la izquierda”. Además, responsabilizan al equipo económico por “la aceleración de un proceso de concentración de la riqueza y de extranjerización de la tierra”.
Pese a las críticas, señalan que “más allá de las contradicciones existentes y de algunas vacilaciones en el accionar del gobierno”, el Frente Amplio es la “única” alternativa político-electoral.
El sector advierte que “pese a la reducción de la indigencia y la pobreza, de la desocupación, y la recuperación y crecimiento del salario; la injusta distribución de la riqueza ha permanecido intocada”. Por eso, proponen una “batería de medidas”.
Plantearan una “reforma tributaria” para que pague más el que tiene más, lucharán por más impuestos a la concentración de la tierra, exigirán la liberación de las AFAP de todos los ciudadanos e impulsarán una política de subsidios a los alquileres.
“Las posibilidades de mayores avances sociales y económicos en nuestro país y de enfrentar la crisis económica mundial, se obstaculizan por algunos rasgos de la política económica que pueden resumirse en: el mantenimiento intocable de las reservas internacionales, la implementación de una política fiscal que no grava la riqueza del gran capital, el pago de deuda, y el sobredimensionamiento de la promoción de la inversión extranjera directa”, señala el documento.
En otras áreas, plantean profundizar la reforma de salud, establecer carácter de vinculante entre el Congreso de la Educación y el camino a seguir por el Consejo Directivo Central (Codicen) y la conformación de una Convención Nacional Constituyente para una reforma constitucional. Uno de los puntos a incluir en la Carta Magna sería establecer como imprescriptibles los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura.
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