El juez de
Ciudad de la Costa, Benjamín Raimondo, que hace 15 días procesó con prisión a dos hombres por ser los autores materiales del homicidio de una pareja paraguaya en Solymar en febrero, remitirá una copia del expediente a una de las sedes especializadas en
Crimen Organizado para que definan si procede abrir una investigación por lavado de activos. Esto es porque los imputados cobraron US$ 10 mil por el crimen, o por el hecho de que una disputa entre grupos de narcotraficantes es lo que parece estar atrás de los asesinatos por encargo.
Esta semana, las defensas de los dos procesados (uno apodado El Peco y el otro El Tulita) apelaron el fallo. El juez Raimondo informó a El Observador que dará trámite a los recursos y, a la vez, enviará una copia del expediente a los juzgados de Crimen Organizado, ya que son los que tienen competencia para investigar los mayores casos de narcotráfico y también son los que pueden desarrollar las indagatorias por lavado de activos.
El Peco confesó al declarar ante el juez Raimondo y la fiscal Silvia Mascaró su participación en los homicidios de Ramón Quevedo y Claudia Guerrero, quienes fueron acribillados en la noche del 6 de febrero mientras circulaban en su camioneta a la altura de kilómetro 23 de avenida Giannattasio. La camioneta se despistó y atropelló a Marcela Artagaveytia, una adolescente de 16 años que caminaba con un grupo de amigos, y que murió a causa de las lesiones.
El Peco primero admitió su participación en el crimen y también que cobró US$ 10 mil, pero se negó a decir quién lo contrató. Sin embargo, luego se desdijo y negó su misma confesión.
El Tulita, en tanto, que integra la banda del barrio
Casabó y está preso desde fines de febrero por el homicidio de un hombre y su sobrino de 15 meses, negó haber participado en el crimen del matrimonio paraguayo, pero las pruebas en su contra permitieron su procesamiento. A su vez, la Justicia libró una requisitoria contra el tercer sicario, apodado El oreja Donato, quien está preso en Brasil.