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Crisis fronteriza y diplomática entra en la agenda internacional
La ONU, la Unasur, la OEA y la UE buscan aplacar la tensión entre los dos países
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01 de septiembre de 2015 a las 05:00
La crisis entre Colombia y Venezuela entró en la agenda internacional con el llamado de la ONU a mantener un "diálogo constructivo", el anuncio de una reunión de la Unasur y a la espera de que la OEA decida si convoca una cita de cancilleres, luego de que ambos gobiernos llamaran a consultas a sus embajadores la semana pasada.
Al mismo tiempo, la Unión Europea (UE) también se manifestó al respecto al publicar un comunicado asegurando que el cierre de la frontera entre ambos países y la expulsión de miles de colombianos pone en riesgo la estabilidad de la región. El gobierno venezolano no demoró en calificar el texto de "inmoral e hipócrita".
En medio de la tensión y de la crisis humanitaria por la deportación de más de mil colombianos y el desplazamiento de otros 4.000, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) programó, a petición de Colombia, una reunión para esta semana para decidir si se convoca una cita de cancilleres.
Las declaraciones del titular de ese organismo, Luis Almagro, sin embargo, fueron discretas al llamar "a profundizar relaciones bilaterales con el propósito de encontrar soluciones a temas de dinámicas fronterizas", sin mencionar explícitamente esta crisis.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y su canciller, María Ángela Holguín, habían pedido además una reunión de cancilleres de la Unasur y el envío de misiones de ese bloque y de la OEA a la frontera.
"Comparto totalmente la petición del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Creo que la crisis ha escalado a unos niveles que requiere una intervención mayor", dijo el titular de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, horas antes de que Holguín anunciara que la reunión de cancilleres del bloque para tratar el tema se llevará a cabo el 3 de setiembre en Quito.
La frontera está cerrada desde el 19 de agosto en el puente Simón Bolívar, que comunica a Cúcuta (Colombia) con San Antonio (Venezuela), por orden del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como parte de una campaña contra el contrabando y supuestos paramilitares, que incluyó la declaración del estado de excepción en seis municipios y la deportación de más de mil colombianos.
Maduro, que amplió el viernes a otros cuatro municipios la clausura indefinida y afirmó estar dispuesto a reunirse con Santos, "donde él quiera, cuando quiera y como quiera", para buscar una solución, ha dicho que no reabrirá el paso hasta que Colombia prohíba la venta de productos venezolanos de contrabando.
Además, afirmó que propondrá ante la Unasur la creación de una Comisión Suramericana de la Verdad sobre la situación de "contrabando, narcotráfico y paramilitarismo" en la frontera.
"Es la primera vez que escucho que se deporta a la gente para que no haya contrabando, las medidas de contrabando tienen origen económico y hay que tratarlas como tal", comentó Rodolfo Nin Novoa, canciller de Uruguay, país que ocupa la presidencia pro témpore de la Unasur.
A raíz de la situación y luego de que la ONU expresara su preocupación por informaciones "sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en el proceso de deportación de colombianos", el secretario general del organismo, Ban Ki-moon, pidió a los dos gobiernos seguir manteniendo un "diálogo constructivo".
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió a Venezuela a detener de manera inmediata "cualquier expulsión colectiva, arbitraria o sumaria" de colombianos y "abstenerse de adoptar cualquier medida tendiente a destruir" sus propiedades.
Santos exigió también al gobierno venezolano que facilite la reunificación de las familias colombianas separadas por el éxodo e insistió en que quienes cruzan las trochas con sus electrodomésticos y camas a cuestas "son colombianos humildes, no paramilitares".
Precisamente, el alcalde de la ciudad colombiana fronteriza de Cúcuta, Donamaris Ramírez Lobo, anunció que interpondrá una denuncia ante la CIDH contra Maduro por delitos de lesa humanidad.
En tanto, desde La Habana, las FARC llamaron a un "diálogo constructivo" e insistieron en que "Venezuela es y seguirá siendo fundamental para la paz en Colombia".
En Venezuela, varias decenas de chavistas se movilizaron la semana pasada desde temprano en diferentes puntos de la capital en apoyo al cierre fronterizo y al decreto del estado de excepción.
Este domingo la UE aseguró que "el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, seguido del desplazamiento forzado, pone en riesgo el conjunto de la situación humanitaria, la seguridad y la estabilidad en la región fronteriza". La UE insistió en la necesidad de "encontrar soluciones que respeten plenamente los derechos humanos y garanticen el bienestar de la población".
Al mismo tiempo, la Unión Europea (UE) también se manifestó al respecto al publicar un comunicado asegurando que el cierre de la frontera entre ambos países y la expulsión de miles de colombianos pone en riesgo la estabilidad de la región. El gobierno venezolano no demoró en calificar el texto de "inmoral e hipócrita".
En medio de la tensión y de la crisis humanitaria por la deportación de más de mil colombianos y el desplazamiento de otros 4.000, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) programó, a petición de Colombia, una reunión para esta semana para decidir si se convoca una cita de cancilleres.
Las declaraciones del titular de ese organismo, Luis Almagro, sin embargo, fueron discretas al llamar "a profundizar relaciones bilaterales con el propósito de encontrar soluciones a temas de dinámicas fronterizas", sin mencionar explícitamente esta crisis.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y su canciller, María Ángela Holguín, habían pedido además una reunión de cancilleres de la Unasur y el envío de misiones de ese bloque y de la OEA a la frontera.
"Comparto totalmente la petición del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Creo que la crisis ha escalado a unos niveles que requiere una intervención mayor", dijo el titular de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, horas antes de que Holguín anunciara que la reunión de cancilleres del bloque para tratar el tema se llevará a cabo el 3 de setiembre en Quito.
La frontera está cerrada desde el 19 de agosto en el puente Simón Bolívar, que comunica a Cúcuta (Colombia) con San Antonio (Venezuela), por orden del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como parte de una campaña contra el contrabando y supuestos paramilitares, que incluyó la declaración del estado de excepción en seis municipios y la deportación de más de mil colombianos.
Maduro, que amplió el viernes a otros cuatro municipios la clausura indefinida y afirmó estar dispuesto a reunirse con Santos, "donde él quiera, cuando quiera y como quiera", para buscar una solución, ha dicho que no reabrirá el paso hasta que Colombia prohíba la venta de productos venezolanos de contrabando.
Además, afirmó que propondrá ante la Unasur la creación de una Comisión Suramericana de la Verdad sobre la situación de "contrabando, narcotráfico y paramilitarismo" en la frontera.
"Es la primera vez que escucho que se deporta a la gente para que no haya contrabando, las medidas de contrabando tienen origen económico y hay que tratarlas como tal", comentó Rodolfo Nin Novoa, canciller de Uruguay, país que ocupa la presidencia pro témpore de la Unasur.
A raíz de la situación y luego de que la ONU expresara su preocupación por informaciones "sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en el proceso de deportación de colombianos", el secretario general del organismo, Ban Ki-moon, pidió a los dos gobiernos seguir manteniendo un "diálogo constructivo".
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió a Venezuela a detener de manera inmediata "cualquier expulsión colectiva, arbitraria o sumaria" de colombianos y "abstenerse de adoptar cualquier medida tendiente a destruir" sus propiedades.
Santos exigió también al gobierno venezolano que facilite la reunificación de las familias colombianas separadas por el éxodo e insistió en que quienes cruzan las trochas con sus electrodomésticos y camas a cuestas "son colombianos humildes, no paramilitares".
Precisamente, el alcalde de la ciudad colombiana fronteriza de Cúcuta, Donamaris Ramírez Lobo, anunció que interpondrá una denuncia ante la CIDH contra Maduro por delitos de lesa humanidad.
En tanto, desde La Habana, las FARC llamaron a un "diálogo constructivo" e insistieron en que "Venezuela es y seguirá siendo fundamental para la paz en Colombia".
En Venezuela, varias decenas de chavistas se movilizaron la semana pasada desde temprano en diferentes puntos de la capital en apoyo al cierre fronterizo y al decreto del estado de excepción.
Rechazo de la UE
El gobierno de Nicolás Maduro no se tomó nada bien el comunicado de la Unión Europea respecto a la crisis fronteriza. "Venezuela rechaza el inmoral e hipócrita comunicado (...) que expresa, sin fundamento ni pruebas, graves señalamientos contra nuestro país asociados a la decisión soberana de adoptar medidas para combatir el paramilitarismo colombiano, el narcotráfico y los ataques sistemáticos a la economía venezolana", dice el remitido de cancillería. En el texto, el gobierno venezolano señala que son afirmaciones de "burócratas europeos que no tienen moral para inmiscuirse en asuntos bilaterales que no le competen", responsables de "colosales tragedias humanitarias en el mar Mediterráneo".Este domingo la UE aseguró que "el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, seguido del desplazamiento forzado, pone en riesgo el conjunto de la situación humanitaria, la seguridad y la estabilidad en la región fronteriza". La UE insistió en la necesidad de "encontrar soluciones que respeten plenamente los derechos humanos y garanticen el bienestar de la población".
