Mundo > Argentina
Cristina Kirchner fue procesada por asociación ilícita y embargada
La expresidenta fue inculpada por adjudicarle obras públicas por US$ 2.200 millones a Báez
Tiempo de lectura: -'
28 de diciembre de 2016 a las 05:00
Mientras el presidente argentino Mauricio Macri había dado el lunes una muestra incontrastable de acumulación de poder –un punto de contacto con las administraciones kirchneristas– al remover al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, su antecesora Cristina Fernández de Kirchner volvió a quedar expuesta ayer ante la Justicia.
En una resolución de 800 páginas, la exmandataria fue inculpada por los delitos de asociación ilícita y fraude por haber adjudicado obras de infraestructura por US$ 2.200 millones al empresario Lázaro Báez, hombre de confianza de ella y de su difunto esposo Néstor Kirchner.
"El juez Julián Ercolini procesó a la expresidenta por asociación ilícita y administración fraudulenta. Ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos argentinos (equivalentes a unos US$ 630 millones). Se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral", informó la página web del Poder Judicial.
La expresidenta había presentado recientemente un escrito ante Ercolini para reclamar la nulidad de la causa.
Fernández es acusada de haber otorgado obras de infraestructura en favor del empresario Báez en la provincia patagónica de Santa Cruz, donde su familia desarrolló distintos negocios, sobre todo en la hotelería, mientras ella ocupó la Presidencia. En el expediente se estudia un supuesto esquema de "beneficios exclusivos" a favor del grupo Austral, propiedad del empresario.
El juez señaló que está "acreditado" que la expresidenta y un grupo de exfuncionarios de gobierno formaban parte de una asociación que funcionó al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015.
El expediente indicó que ese grupo fue destinado a consumar delitos para "apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados" a la obra pública vial, en particular en la provincia de Santa Cruz.
Ercolini también procesó en la causa a Báez y al exministro de Planificación, Julio de Vido. Báez está detenido desde abril por presunto lavado de dinero.
"No soy amiga ni socia comercial de Báez", había declarado la exmandataria el 31 de octubre al salir del Palacio de Tribunales.
El procesamiento en Argentina implica que el magistrado halló pruebas para inculparla. El proceso seguirá su curso hasta que se ponga fecha para el juicio oral ante un tribunal federal.
En el caso de la concesión de licitaciones en Santa Cruz, Ercolini subrayó que la compañía de Báez ganó licitaciones por US$ 2.200 millones durante el gobierno de Crsitina Fernández. La cifra implica que Austral se impuso en 78,4% de los concursos para adjudicar obras.
En la asociación ilícita de la que sospecha Ercolini habría intervenido también el exviceministro de Obras Públicas José López, también procesado ayer.
El exjerarca fue detenido en junio cuando intentaba ocultar una bolsa con US$ 9 millones en un convento de monjas de clausura ubicado en la localidad de General Rodríguez, en la periferia de Buenos Aires.
En tanto, una cámara de apelaciones había confirmado el 11 de noviembre la inculpación de Fernández, ocurrida en julio, en otro caso por presunto perjuicio al Estado con operaciones cambiarias del Banco Central.
El tribunal convalidó en esta causa -denominada "Dólar a futuro"- un embargo por US$ 1 millón. La Justicia consideró que la operatoria benefició a inversionistas.
Estos pactaron ventas de divisas a marzo a razón de 10 pesos por dólar en noviembre de 2015, cuando el gobierno intentaba bajar las expectativas de devaluación.
Pero en diciembre, al asumir Macri, el tipo de cambio se fijó en 14 pesos por dólar y los especuladores ganaron fortunas. Cristina Fernández sostuvo que si hay delito, lo cometieron los devaluadores.
El caso de Cristina Fernández de Kirchner se suma a los de otros líderes de centroizquierda regionales, como los expresidentes brasileños Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011-2016), forzados a rendir cuentas por casos de supuesta corrupción o administración irregular.
A Rousseff incluso le costó elpuesto, al ser destituida por el Congreso brasileño luego de un juicio político en el que se la acusó de manipular las cuentas públicas.
En una resolución de 800 páginas, la exmandataria fue inculpada por los delitos de asociación ilícita y fraude por haber adjudicado obras de infraestructura por US$ 2.200 millones al empresario Lázaro Báez, hombre de confianza de ella y de su difunto esposo Néstor Kirchner.
"El juez Julián Ercolini procesó a la expresidenta por asociación ilícita y administración fraudulenta. Ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos argentinos (equivalentes a unos US$ 630 millones). Se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral", informó la página web del Poder Judicial.
La expresidenta había presentado recientemente un escrito ante Ercolini para reclamar la nulidad de la causa.
Fernández es acusada de haber otorgado obras de infraestructura en favor del empresario Báez en la provincia patagónica de Santa Cruz, donde su familia desarrolló distintos negocios, sobre todo en la hotelería, mientras ella ocupó la Presidencia. En el expediente se estudia un supuesto esquema de "beneficios exclusivos" a favor del grupo Austral, propiedad del empresario.
El juez señaló que está "acreditado" que la expresidenta y un grupo de exfuncionarios de gobierno formaban parte de una asociación que funcionó al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015.
El expediente indicó que ese grupo fue destinado a consumar delitos para "apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados" a la obra pública vial, en particular en la provincia de Santa Cruz.
Ercolini también procesó en la causa a Báez y al exministro de Planificación, Julio de Vido. Báez está detenido desde abril por presunto lavado de dinero.
"No soy amiga ni socia comercial de Báez", había declarado la exmandataria el 31 de octubre al salir del Palacio de Tribunales.
El procesamiento en Argentina implica que el magistrado halló pruebas para inculparla. El proceso seguirá su curso hasta que se ponga fecha para el juicio oral ante un tribunal federal.
Denuncia campaña
Fernández de Kirchner, que gobernó Argentina durante dos períodos, asegura que el gobierno de Macri -al frente de una alianza constituida por partidos de derecha y socialdemócratas- influye en un grupo de jueces para acusarla y distraer la atención de la sociedad sobre los graves problemas sociales y económicos que aquejan al país.En el caso de la concesión de licitaciones en Santa Cruz, Ercolini subrayó que la compañía de Báez ganó licitaciones por US$ 2.200 millones durante el gobierno de Crsitina Fernández. La cifra implica que Austral se impuso en 78,4% de los concursos para adjudicar obras.
En la asociación ilícita de la que sospecha Ercolini habría intervenido también el exviceministro de Obras Públicas José López, también procesado ayer.
El exjerarca fue detenido en junio cuando intentaba ocultar una bolsa con US$ 9 millones en un convento de monjas de clausura ubicado en la localidad de General Rodríguez, en la periferia de Buenos Aires.
Dólar a futuro
En tanto, una cámara de apelaciones había confirmado el 11 de noviembre la inculpación de Fernández, ocurrida en julio, en otro caso por presunto perjuicio al Estado con operaciones cambiarias del Banco Central.
El tribunal convalidó en esta causa -denominada "Dólar a futuro"- un embargo por US$ 1 millón. La Justicia consideró que la operatoria benefició a inversionistas.
Estos pactaron ventas de divisas a marzo a razón de 10 pesos por dólar en noviembre de 2015, cuando el gobierno intentaba bajar las expectativas de devaluación.
Pero en diciembre, al asumir Macri, el tipo de cambio se fijó en 14 pesos por dólar y los especuladores ganaron fortunas. Cristina Fernández sostuvo que si hay delito, lo cometieron los devaluadores.
El caso de Cristina Fernández de Kirchner se suma a los de otros líderes de centroizquierda regionales, como los expresidentes brasileños Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011-2016), forzados a rendir cuentas por casos de supuesta corrupción o administración irregular.
A Rousseff incluso le costó elpuesto, al ser destituida por el Congreso brasileño luego de un juicio político en el que se la acusó de manipular las cuentas públicas.
