Cuando la inflación no es prioridad

Visto en los números gruesos, el escenario inflacionario de los primeros meses de este año es muy similar al del comienzo de 2014. En cierta medida, eso podría sonar tranquilizador. A lo largo del año electoral, el gobierno se lanzó en una cruzada para moderar el ritmo de aumento de los precios y de hecho, lo logró. Antes de que terminara 2014, los registros de inflación habían retornado a un más moderado 8% y abandonado decididamente su empeño de sumar un segundo dígito.

En enero de este año, los precios al consumo subían a un ritmo de 9,7% interanual, muy similar a aquel 9,8% de febrero de 2014. ¿Y si el equipo económico liderado en ese entonces por Mario Bergara pudo lograrlo una vez, por qué no repetir la receta del éxito con Danilo Astori a la cabeza?

Lo cierto es que el escenario macroeconómico que permitió mitigar el ritmo de aumento de los precios en 2014 no es el mismo que el de hoy. El estado de las cuentas públicas, la debilidad del crecimiento económico, el agotamiento de ciertas herramientas de política y las turbulencias financieras hacen que el combate contra la inflación sea una batalla perdida de antemano.

El gobierno asumió en marzo de 2015 sin resto alguno en materia de política económica y eso está pasando hoy factura a la gestión de los desequilibrios macro. Salvo raras excepciones, toda vez que el gobierno elige corregir el rumbo de una variable en el corto plazo –sean los precios, el tipo de cambio, el resultado fiscal u otras– tiene que enfrentar un costo en términos de otra variable. No hay magia al servicio de la política económica. El sacrificio está siempre presente en las decisiones de un equipo económico, que pone en juego su habilidad técnica y política para administrar los tiempos y las prioridades.

El éxito del combate a la suba de precios de 2014 –que sacó la inflación de la zona de peligro, aunque no la llevó al rango objetivo de entre 3% y 7% trazado por las autoridades– se debió en buena medida a los sacrificios asumidos en otras dimensiones de la realidad macroeconómica, que no estaban tan comprometidos como hoy.

En aquel entonces, el gobierno eligió priorizar la inflación sobre otras variables, como el déficit fiscal y la competitividad en precios. Postergó ajustes de tarifas –incluso decidió bajar el precio de algunas– y ajustes del tipo de cambio, al tiempo que echaba mano a un acuerdo de precios con el sector privado, a quien se le pedía aplazar la recomposición de sus márgenes al servicio de moderar la inflación.

Con un déficit fiscal equivalente a 2% del PIB en los 12 meses finalizados en febrero de 2014, el gobierno entendía que tenía margen para utilizar las tarifas públicas como amortiguador inflacionario. Al cierre de 2014, el déficit había escalado a 3,4%. En parte, esto se debía a que los servicios provistos por los entes estatales costaban en su conjunto apenas 0,8% más que un año atrás, cuando el núcleo duro de los precios –sin tarifas ni alimentos no elaborados– subía 8,7%.

Hoy el déficit se mantiene en niveles muy similares al cierre de 2014 (3,5% del PIB), pero el gobierno ha manifestado en repetidas oportunidades que no está dispuesto a dejar que las cuentas públicas sigan desmejorando. El esfuerzo del último año estuvo concentrado en desarmar la maquinaria que permitía amortiguar el aumento de tarifas y no en reforzarla.

El tipo de cambio tampoco es una variable que dé margen al combate a la inflación. En la segunda mitad de 2014, mientras que el dólar en Brasil subía 23% y en Europa 12%, en Uruguay lo hacía apenas 6%. El discurso oficial hablaba de atenuar el ritmo de aumento del tipo de cambio y evitar una depreciación por fuera de los fundamentos, pero el país perdió competitividad, principalmente contra sus mayores socios comerciales. En un contexto de desaceleración económica y pérdida de puestos de trabajo –principalmente dentro de la industria exportadora–, la competitividad pesa cada vez más a la hora de poner en la balanza un mayor esfuerzo por moderar la inflación a cambio de un mayor atraso cambiario.

A diferencia de 2014, cuando los acuerdos de precios eran una novedad que se introducía para apuntalar el combate inflacionario, sacudiendo la inercia en el ajuste de algunos sectores de peso en la canasta de consumo y –mediante un hábil manejo de los tiempos– postergando el traslado a los salarios del mayor empuje inflacionario. Pero ahora la herramienta está muy desgastada. Luego de dos renovaciones casi consecutivas, el último acuerdo para la congelación de precios venció al cierre de enero y el sector privado ya ha manifestado que muy difícilmente se pueda alcanzar un nuevo pacto. De hecho, no hubo movimientos en esa dirección por parte del gobierno.

Pero la confirmación final de que el equipo económico ya dio por perdida la batalla por evitar a toda costa que la inflación supere el 10%, está en las pautas de negociación colectivas hoy vigentes, que presentó en noviembre del año pasado. En ellas establece que si la inflación superara el 12% se acelerán los ajustes indexatorios. Hasta la última ronda, cláusulas similares ponían el límite en 10%.

El gobierno se resigna a que, de forma temporal, la inflación pase a los dos dígitos en los próximos meses. Eso no quiere decir que haya tirado la toalla en el control de los precios, sino que el desgaste de otras variables reclaman la prioridad. Dadas las nuevas circunstancias, la meta implícita, aquella que a los ojos del gobierno justificaba que se dejen de lado otros objetivos de política económica, pasó al 12%. Esa meta, hasta hace pocos meses, estuvo en el 10%. Antes supo estar en 9%, en 8% e incluso en 7%. Más que el nivel, lo que preocupa es su evolución.