Cuestionable benevolencia judicial

El caso es de una claridad notoria gracias al sistema de cámaras de vigilancia, que el ministerio amplía en varias ciudades y que ya ha permitido la detección de muchos delitos y la detención de sus autores. Los malhechores fueron filmados, identificados y detenidos después de asaltar con violencia en la Ciudad Vieja a un hombre al que tiraron al suelo para robarle los $ 60 mil que había sacado de un banco. Pese a lo irrefutable de las pruebas, la jueza Larrieu aplicó un criterio de levedad notoriamente injustificado, debilitando la eficacia de la acción policial e ignorando el fundado clamor popular de represión más efectiva de la delincuencia.

Hace casi dos años que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se quejó ante la SCJ por considerar que los jueces no utilizaban debidamente las filmaciones de las cámaras de vigilancia, presentándole cuatro videos de delitos probados pero que no fueron tomados en cuenta por los magistrados. En esa oportunidad la SCJ desestimó la protesta de Bonomi. Pero ahora, Pérez Manrique parece haberle dado la razón al ministro al decidir investigar el fallo de la jueza Larrieu. Como parte de la tecnificación del accionar policial, la videovigilancia en las calles se ha convertido en un arma importante en la lucha cuesta arriba contra la delincuencia. Ya antes de la denuncia de descuido en el uso de las filmaciones, jefes policiales habían protestado reiteradamente por estimar que malhechores apresados eran dejados en libertad por la Justicia para volver a sus andadas.

Pero la razón que le asiste al ministro y a su Policía no es el único factor que debilita el fallo de la jueza Larrieu. Otro elemento de peso voluminoso que no puede ignorarse es que la inseguridad pública es, desde hace años, la principal preocupación de poblaciones urbanas. Montevideo se ha convertido en una ciudad de viviendas enrejadas. Comerciantes y particulares recurren en forma creciente al expediente indeseable de munirse de armas de fuego para defenderse de todo tipos de agresiones delictivas que frecuentemente terminan con heridos y muertos. Mucha gente sale a la calle con temor porque sabe que está expuesta a los robos y a la violencia de los delincuentes en cualquier barrio. Tanto los esfuerzos policiales como los fundados temores de la población exigen el complemento esencial de un sistema judicial sin fisuras interpretativas, que trate a los delincuentes con la máxima severidad que permitan las leyes penales. Es un requisito de respeto a la sociedad que ciertamente faltó en este caso.