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Debates en vez de avisos de detergentes
Uruguay se distingue por el carnaval más largo del mundo y por campañas electorales que no le van en zaga. Las murgas y otras comparsas generan entretenimiento. Las campañas, en cambio, fatigan y apabullan a gran parte de la población con su estridencia repetitiva y frecuentemente vacua y contribuyen generosamente a la suciedad urbana con profusa cartelería que después nadie retira. Más grave aun es que distraen durante demasiado tiempo a la dirigencia política de atender problemas sociales y económicos prioritarios. Lo único rescatable es que genera algo de actividad comercial en diferentes rubros. Pero no es suficiente para compensar los inconvenientes.
La duración de las campañas es inevitable mientras se mantenga la actual sucesión de instancias de votación, que se llevan la mayor parte de un año. Empiezan con las internas partidarias y siguen con la elección nacional, el eventual balotaje y finalmente las municipales. Pero al menos la inundación sonora y visual se atenuará si prosperan las propuestas para limitar la financiación de los partidos por empresas y otros contribuyentes privados y reducir drásticamente la publicidad en medios de comunicación y otras vías. El Frente Amplio lidera las iniciativas. Tres de sus más conspicuos senadores recibieron la encomienda de negociar con la oposición nuevas normas para reducir el financiamiento privado, lo que, si tuviera éxito, forzaría a los partidos a recortar sus gastos de propaganda.
La propuesta frenteamplista de que la financiación provenga solo del Estado está limitada por el precario estado de las cuentas públicas. Por otra parte, siempre será difícil controlar los aportes privados al fárrago de listas, sectores y partidos que escarban y presionan a empresas y particulares en busca de fondos. Y será poco menos que imposible hacerlo mientras no se dote a la Corte Electoral de facultad auditora y sancionatoria, eliminando las “lagunas” y elementos de “ficción” en la ley vigente, señalados por su presidente, José Arocena. Más efectivo es prohibir directamente los spots de publicidad partidaria en la televisión, el empastelamiento de la ciudad con pancartas y afiches y los altoparlantes fijos o móviles cuyo resultado primario es molestar a ciudadanos ensordecidos. Este curso restrictivo propugnado por el Frente Amplio renueva el que en 2008 formuló el expresidente nacionalista Luis Alberto Lacalle, rechazado en aquel momento por frenteamplistas y colorados pero recogido tardíamente por la alianza de izquierda.
Por ahora no se pueden acortar los períodos electorales ni se vislumbra una modificación legal que habilite a la Corte Electoral a controlar con sus auditores los aportes a los partidos y a castigar cualquier desviación. Pero es posible la señal de madurez de restringir la publicidad que Lacalle comparó con “un aviso de detergente” y evitar las pegatinas callejeras. Los candidatos deben concentrarse, en cambio, en recorrer ciudades y pueblos y en el puerta a puerta para persuadir a votantes. Deben usar las redes sociales, que son gratuitas. Y, sobre todo, la madurez y transparencia exigen instituir los casi inexistentes debates televisivos entre los postulantes presidenciales y otros a cargos de importancia. Es la mejor forma para que los ciudadanos puedan elegir entre los candidatos, que se verán obligados tanto a proyectar una imagen convincente como a demostrar versación y propuestas lógicas en todos los temas.
