Déficit impone firmeza presupuestal

De lo contrario invitará una rebaja y hasta pérdida del grado inversor y su inevitable impacto adverso sobre inversiones y acceso al crédito

La confirmación del salto del déficit fiscal de 2016 al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), el mayor en los últimos 27 años, es un grave alerta para el manejo de la economía este año. Si el gobierno no se planta con firmeza ante los reclamos sindicales y otras áreas de gasto público cuando confeccione el presupuesto para los próximos tres años, invitará una rebaja y hasta pérdida del grado inversor y su inevitable impacto adverso sobre inversiones y acceso al crédito. El empeoramiento del déficit en medio punto del PIB, anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estaba previsto por coincidencia de varios factores.

Uno fue el costo final del cierre de Pluna y el fracaso de Alas Uruguay, despilfarro que el empecinamiento imprevisor del expresidente José Mujica legó a la administración Vázquez. Otro fue el aumento de transferencias a las intendencias. Y de aguda gravitación fue el pavoroso déficit en 2016 del 1% del PIB del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Rondó los $ 15.000 millones, 50% más de lo presupuestado por el MEF, por endeble gestión en la administración de la reforma del sistema de salud, incluyendo la contratación de servicios tercerizados. Este punto incluso ha llevado a que el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, enfrente una interpelación del Partido Nacional bajo cargos de amiguismo en la concesión de servicios a empresas privadas propiedad de jerarcas del sector público de la salud.

El gobierno se ha comprometido, con más optimismo que realismo económico, a incrementar el gasto público improductivo en la educación estatal, así como en el Sistema Nacional de Cuidados y otras áreas. Ya enfrenta presiones y amenazas de conflictos de los sindicatos docentes y de COFE si no abre la billetera. Pero hacerlo conllevaría una actitud irresponsable que puede costarle carísimo al país. El creciente déficit fiscal pone en la cuerda floja el compromiso del gobierno de bajarlo al 2,5% del PIB al término de su período. Y la perspectiva de este incumplimiento ya está siendo tomada en cuenta por las principales calificadoras de riesgo, que informaron que a mediados de año revisarán el grado inversor.

Uruguay está actualmente un escalón por encima del mínimo. Bajar uno o perder esa calificación supone automáticamente encarecer el crédito y desalentar inversiones, especialmente en momentos en que la suba de las tasas de interés en Estados Unidos reduce el flujo de capitales hacia los países emergentes. Ante esta situación el gobierno enfrenta la alternativa de empeorar la situación si se excede en el gasto presupuestal o tomar el camino responsable de restringirlo al máximo cuando complete la ya iniciada confección del nuevo presupuesto.

Incrementar gastos cuando no existen recursos genuinos asegurados para hacerlo ya no puede solventarse con más ajustes fiscales como los implementados desde el año pasado, con los desmesurados aumentos de tarifas y de los impuestos a las empresas, a los trabajadores activos y a los jubilados. El presidente Tabaré Vázquez y su ministro de Economía, Danilo Astori, tienen la oportunidad de actuar con responsabilidad fiscal, aunque sea al costo de una ola de conflictos sindicales. Si no toman ese curso, no solo caerán en el descrédito público sino que abrirán la puerta a una crisis económica todavía evitable.


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