Denuncias sobre explotación sexual de menores se multiplicaron por 16 en seis años

En Tacuarembó y Canelones detectaron la mayor cantidad de episodios

Al menos 333 niños y adolescentes uruguayos sufrieron explotación sexual en 2016. Si bien los datos son oficiales y son los que maneja el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), las autoridades creen que se trata de un subregistro, porque hay factores estructurales y culturales que obstaculizan las investigaciones.

"En algunos casos, nuestras prácticas tuvieron éxito y en otros casos no. Esto es un dato de la realidad, son problemas complejos", dijo a la prensa Luis Purtscher, el presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees).

En los últimos años se avanzó en la detección de los casos. Entre 2007, 2008 y 2009 se encontraron 20 situaciones de explotación sexual. "Se capacitaron más de 5 mil actores policiales, judiciales, de la salud, de la sociedad civil y operadores del sistema INAU", afirmó Purtscher. Por lo tanto, el jerarca sostuvo que no se trató únicamente de que hubo un aumento en el número de casos detectados, sino que también están mirando "más y mejor el problema".

Si bien hay explotación sexual comercial y no comercial en todo el país, hay determinadas áreas en donde se registran más situaciones de este tipo. Las zonas fronterizas son espacios en donde el problema ocurre todo el año, pero también hay localidades en donde hay un aumento en función de las zafras. "Existen más o menos 20 casos por departamento", y "tenemos casos como Canelones o Tacuarembó que superan los 30 casos anuales", expresó el jerarca. En Montevideo registraron 26 situaciones de explotación sexual de menores durante el año pasado.

En la capital, la mayoría de los casos se concentran en el oeste, donde a su vez también está la mayor vulnerabilidad. "Inmediatamente en esta zona se conformó una red que trabaja específicamente sobre el tema", subrayó Purtscher. Si bien las víctimas suelen pertenecer a los sectores de menos recursos, los explotadores son distintos en todos los casos. "Generalmente esta relación de poder desigual tiene también un poder económico", agregó.

La exposición

No todos los casos llegan al Poder Judicial, ya que hay que recabar pruebas y eso lleva tiempo. Además, la exposición de las víctimas es un problema, porque no solo deben declarar sino que sus relatos deben ser sostenibles. "Nosotros creemos que debería haber un cambio normativo que habilitara una protección, que no fuera necesario que tuvieran que exponerse de manera importante frente a lo que es un proceso judicial", dijo a la prensa Marisa Lindner, presidenta del INAU.

De hecho, la explotación sexual no es el primer problema, porque estas víctimas generalmente tienen un historial de abuso y violencia. "Hay casos en donde tenemos certeza de la explotación sexual y en otros casos estamos interviniendo aun sin la certeza", sostuvo Purtscher. Por lo general se acumulan una serie de indicadores, como la pobreza o la violencia doméstica, que muestran una fragilidad que podría ayudar a que se expusieran a situaciones de explotación, explicaron los voceros durante la conferencia.

"La judicialización (de los casos) se da en la certeza o cuando estos indicadores de presunción son de una profundidad tal que no hay forma de eludirlos", agregó el jerarca. De hecho, el relato de las víctimas ayuda a encontrar más casos, porque ellas conocen otros niños o adolescentes que también están siendo explotados. Sin embargo, esto no suele suceder en el primer contacto, sino que surge a medida que los operadores avanzan en el caso. "La vergüenza humillante de estar siendo explotado no es lo primero que aparece", dijo Purtscher.

La naturalización

Las autoridades expresaron que se encontraron con pequeñas localidades del interior que presentan entre 10 o 12 casos de explotación. "Tenemos decenas de situaciones en pueblos pequeños en donde todos habían visto, conocían o se sabía algo", afirmó Lindner. Otro problema recurrente es el abuso en los ámbitos familiares, ya que en esos casos cuesta aún más radicar la denuncia porque las víctimas crecieron al lado de los victimarios. "Si bien estas situaciones no configuran el delito de explotación, sí fuertemente vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes", subrayó la presidenta del INAU.

Además, este delito está vinculado con el delito de trata de personas. "Se constatan algunos casos de niñas y adolescentes que son trasladadas de un departamento a otro para ser explotadas, configurando un delito de trata interna", explicó Purtscher. La mayoría de las explotadas tiene entre 10 a 17 años y las más grandes son más propensas a ser víctimas de trata.


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