Designación de investigadores de ANCAP llegará a la Suprema Corte

Secretario antilavado considera que el juez cometió "irregularidades"
Antes de ser trasladado a otro juzgado, el juez Néstor Valetti formó un equipo multidisciplinario para investigar si existieron delitos en la gestión de ANCAP, una decisión que está en el ojo de la tormenta. Por una parte, la jueza que asumió en su lugar, Beatriz Larrieu, dejó sin efecto el nombramiento del oficial del caso, un policía de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, por considerar que "en principio no hay una investigación policial que hacer". Por otra, el secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Carlos Díaz, considera que el juez cometió una "irregularidad" al designar en el equipo de investigadores a una representante de esa secretaría, competencia exclusiva del secretario nacional antilavado.

Valetti designó en el equipo que investigará la gestión de ANCAP a una escribana que participó en la investigación del caso Pluna. La escribana, que se desempeñaba entonces como actuaria del juzgado, pasó a integrar este año la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). "Con este nombramiento se desconoció la autoridad del secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que goza de autonomía técnica absoluta para elegir a los funcionarios de la secretaría que participan de las investigaciones", dijo Díaz a El Observador.

El secretario antilavado, que depende directamente de Presidencia de la República, considera que el Poder Judicial "se excedió en su competencia" con este nombramiento. Por esta razón, la semana que viene, cuando regrese de Buenos Aires, Díaz pedirá audiencias con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, para expresarle su preocupación, y otra con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, puesto que el equipo de investigadores fue nombrado por Valetti a pedido de la fiscal Camiño.

"Decreté lo que solicitó la fiscal", dijo la semana pasada el juez Valetti a El Observador sobre la formación del equipo de investigadores. Sin embargo, la fiscal Camiño pidió revisar el nombramiento de un policía de Crimen Organizado como oficial del caso porque ella no lo solicitó. La jueza Larrieu, que desde el lunes asumió en lugar de Valetti en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado, le dio la razón a la fiscal. "He dejado sin efecto la designación del oficial del caso por lo que plantea la Fiscalía: en este caso no fue pedido (su nombramiento), pero además, por la naturaleza de la denuncia y de los hechos a investigar, pareciera en principio que no es necesaria la investigación policial, sin perjuicio de que más adelante lo sea", aseguró la jueza.

La designación del policía también fue cuestionada por la defensa del vicepresidente Raúl Sendic, que presidió el directorio de ANCAP en dos períodos: 2008-2009 y 2010-2013. "La fiscal no solicitó el nombramiento de un policía como oficial del caso. Tan es así que ello no consta en su vista fiscal y así lo hizo saber la jueza en su nuevo decreto", dijo el abogado Gúmer Pérez a El Observador. El defensor de Sendic también destacó que las denuncias presentadas por los cuatro partidos políticos de la oposición con representación parlamentaria no refieren a personas, sino a hechos.

Los hechos denunciados por la oposición

Las denuncias que originaron la investigación penal fueron presentadas el 19 de abril por los principales dirigentes de los cuatro partidos políticos de la oposición con representación parlamentaria: el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Unidad Popular. La oposición considera que hubo una serie de irregularidades en ANCAP que pueden explicar en parte las pérdidas registradas entre 2011 y 2014 por US$ 602 millones. Si bien hay matices entre las denuncias, la oposición pide que se investiguen los contratos de publicidad, la construcción de la planta de cemento de Treinta y Tres, el contrato para construir el remolcador empujador Ky Chororó, el acuerdo por la cancelación de la deuda con Venezuela, la triangulación entre ANCAP, Petroecuador y la empresa holandesa Trafigura, y la intermediación de la empresa Exor en los negocios con Venezuela, entre otros asuntos.

Populares de la sección

Acerca del autor