Despiste oficial sobre uber

Es obviamente necesario que el nuevo servicio regularice su funcionamiento, incluyendo el pago de aportes al Estado y protección a la seguridad de sus pasajeros en caso de accidentes. Autoridades de Uber afirman estar dispuestas a negociarlo con el gobierno o las intendencias. Pero en vez de tomar este curso, indicado por la notoria preferencia de los usuarios, Presidencia se ha despistado con un abierto intento de eliminación, con retiro de las libretas de conductores por hasta dos años y autoridad punitoria a los ministerios del Interior y de Transporte y a las intendencias, así como facultades restrictivas al Banco Central que pueden llegar hasta el bloqueo de cuentas.

Al igual que el anuncio del presidente Tabaré Vázquez en agosto y tres proyectos de ley presentados por legisladores frenteamplistas, la más reciente iniciativa de Presidencia refleja el hecho de que el oficialismo no sabe bien qué hacer con una innovación que beneficia a la población. La situación se le complica a las autoridades con el anunciado aterrizaje de Cabify, que ya tiene cientos de conductores inscritos para trabajar en esta empresa. Los intentos de impedir el funcionamiento de Uber han fracasado en las decenas de países donde opera exitosamente. Su utilización se ha extendido rápidamente en Montevideo, como alternativa, de igual costo y mayor eficiencia gracias a la tecnología digital, al servicio de taxímetros, con sus pequeños vehículos tornados aun más incómodos por la controvertida mampara. A tal punto llega esta realidad que se ha informado de taximetristas que ya están buscando trabajo en otras áreas porque consideran perdida la guerra contra Uber.

Ejecutivos de esta empresa aseguran que no han recibido respuesta de las autoridades a sus propuestas de sentarse a negociar la regularización del servicio. Si este es efectivamente el caso, se conforma una incomprensible omisión oficial, que incluye contradecir la defensa de la innovación que el gobierno proclama propulsar. Lo que corresponde es que, en vez de imponer medidas represivas, las autoridades se sienten con Uber, y eventualmente Cabify y Easygo, para acordar términos que permitan mejorar el transporte de pasajeros mediante la modernización competitiva de las opciones disponibles. Esta necesidad inhabilita la iniciativa de Presidencia, enviada por su subsecretario Juan Andrés Roballo al coordinador de la bancada de Diputados del Frente Amplio, Gonzalo Civila, porque, al igual que los proyectos anteriores, va en sentido contrario al interés general y al sentido común.