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Detenidos por Lava Jato se convertirán en delatores
La extradición de los dos brasileños radicados en Uruguay que a principios de marzo fueron detenidos por la Justicia uruguaya a pedido de la brasileña por la operación denominada Lava Jato, podría definirse en una audiencia fijada para el próximo 2 de mayo, dijeron a El Observador fuentes del caso. Si la fiscalía uruguaya no lo impide y la defensa tampoco, los cambistas Vinícius Claret, y Claudio Fernando Barbosa, viajarían a Brasil para ser juzgados. Allí se los vincula a la red de lavado de dinero organizada por el exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral.
Ayer, dos fiscales que investigan el caso para la Justicia brasileña se entrevistaron con los dos indagados y sus respectivos abogados. De esta reunión no participó el fiscal especializado en Crimen Organizado, Carlos Negro, quien lleva el caso de estos dos brasileños en Uruguay. La reunión no fue una audiencia formal, lo que significa que no se les tomó declaración válida para un proceso penal. Una fuente vinculada al caso indicó a El Observador que se trató de una entrevista con el que los fiscales de Brasil prentendieron tener un primer acercamiento a los dos detenidos en Uruguay y conocer sus vínculos dentro de la maniobra delictiva de mayor tamaño en la historia de Brasil.
Hace algunas semanas El Observador informó que ambos cambistas analizaban dar información para obtener beneficios. Con la reunión de hoy, su confesión y colaboración en el caso quedó más firme, aunque todavía no se llevó a cabo. Fue la defensa de Brasil y no la de Uruguay la que recomendó que se ampararan en este recurso conocido como “delación premiada”.
De esta forma la Justicia de Brasil buscará conocer de qué manera se lavaba dinero del exgobernador de Río de Janeiro, para lo cual se utilizó un cambio de Uruguay, propiedad de los brasileños detenidos.
Según la Fiscalía brasileña, la organización cobraba, por concepto de coima, el 5% de las obras adjudicadas por el ex gobernador de Río de Janeiro, entre ellas reparaciones voluminosas del Estadio Maracaná y en la favela El Alemán.
El dinero ilícito era cobrado por integrantes de la organización y llevado a un estudio jurídico de Río de Janeiro. Desde allí era trasladado a Uruguay o transferido a cuentas bancarias de Estados Unidos, Bahamas y Alemania, entre otros países.
El abogado de Barbosa, Pablo Correa, y de Claret, Juan Fagúndez, presentaron a mediados de marzo a la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes que amparan el pedido de extradición de los países del Mercosur, según informó El País. La razón es que el plazo de 40 días que indican esas normas excede el máximo de detención establecido por la Constitución, que es de 48 horas.
También plantearon una acción de “habeas corpus” contra la prisión “indebida”, a fin de que la autoridad aprehensora explique y justifique el motivo legal de la detención.
Los expedientes de los recursos de inconstitucionalidad fueron presentados ayer a la Fiscalía que tiene un plazo máximo de 20 días para estudiar el caso y tomar una decisión. Mientras tanto, ambos implicados permanecen bajo reclusión.
