El planteo realizado por el diputado de Unidad Nacional, José Carlos Cardoso, de realizar controles antidopaje en el Parlamento, el Poder Judicial y el Ejecutivo, generó repercusiones de todo tipo entre sus colegas y otras autoridades.
Luego de que el Ministerio del Interior aplicara la medida a oficiales y jerarcas de Policía, el representante blanco impulsará un proyecto de ley que establezca que una vez al año se haga un control antidopaje sorpresivo a los cargos que “deben rendir cuentas”, según indicó a El País. “La droga está en todos lados y los que toman decisiones crean normas y las aplican debemos controlarnos para determinar qué vínculos tenemos con las drogas”, argumentó.
Su propuesta causó polémica. Para el diputado del MPP, Sebastián Sabini, uno de los impulsores del proyecto de regulación del cannabis y confeso fumador ocasional de marihuana, dijo que la propuesta es “poco seria”. “Confunde lo que es la tarea de un policía con la de los legisladores. Una cosa es un organismo que tiene que combatir el narcotráfico y otra la tarea de los legisladores", agregó, según publica la diaria.
Otro diputado del MPP, Aníbal Pereyra, opinó lo contrario que su compañero de sector. "Me parece bien la propuesta del diputado Cardoso. Los parlamentarios y otros operadores estatales tienen que predicar con el ejemplo y con responsabilidad", dijo a El País.
Carlos Gamou, representante de la frenteamplista Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad CAP-L), consideró que la propuesta es “bárbara”, pero habría que extenderá a todos los funcionarios públicos y también a los periodistas, según informa la diaria. También señaló que se deben incluir drogas legales como alcohol y psicofármacos.
A se vez, el diputado nacionalista Pablo Iturralde consideró como una buena iniciativa la propuesta de Cardoso. “Yo me ofrezco para hacerme un antidoping, lo votaría sin ningún problema”, comentó.
Por su parte, el colorado Aníbal Gloodtdofdsky, cree que la propuesta invade la privacidad de la gente, según dijo a la diaria.
Autoridades ajenas al Parlamento también opinaron al respecto. El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, cuestionó la iniciativa. "A diferencia de la Policía, los legisladores no usan armas. Es comparar gallina con papas fritas", dijo a El País.
Asimismo, el fiscal del crimen organizado, Juan Gómez consideró que si los controles mejoran los servicios, está dispuesto a "hacerlos cuando y en el lugar que quieran”. “Si se trata de una decisión que va por los carriles correspondientes, ello no me quita libertad alguna", dijo.
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