Documentos y giros vinculan a Damiani con la ruta del dinero K

Panamá Papers aportaron nuevos datos sobre sociedades que administraba
Juan Pedro Damiani está en la mira de los investigadores por su vínculo con personas involucradas en lavado de dinero y con operaciones sospechosas de constituir blanqueo de capitales. Los Panamá Papers divulgados ayer por Búsqueda confirman que su estudio, J. P. Damiani & Asociados trabajó para Eugenio Figueredo, procesado por estafa y lavado de dinero, para Hugo y Mariano Jinkis, acusados por Estados Unidos de pagar coimas a dirigentes de fútbol, y que administró la sociedad Jaguar Capital LLC, involucrada en giros por más de US$ 10 millones a una cuenta en el Principado de Liechtenstein vinculada al empresario kirchnerista Lázaro Báez, detenido y acusado en Argentina de lavado de dinero.

El Banco Central del Uruguay (BCU) detectó que entre marzo de 2012 y marzo de 2013 una sociedad anónima giró más de US$ 10 millones desde Montevideo a una cuenta de Helvetic Services Group (HSG) en el Principado de Liechtenstein, un paraíso fiscal europeo. El presidente de HSG es Néstor Marcelo Ramos, a quien el fiscal argentino José María Campagnoli, en uno de sus dictámenes, definió como el "enigmático testaferro" de Báez.

El financista Federico Elaskar, que aseguró haber ayudado a Báez a sacar de Argentina US$ 60 millones, dijo en una entrevista con el programa Periodismo Para Todos de Jorge Lanata que HSG es propiedad de Báez. HSG es la empresa que compró a Elaskar la financiera SGI, donde el hijo de Báez contaba millones de dólares, como revelan videos difundidos por canal 13.

Cuando las autoridades bancarias detectaron las transferencias millonarias, consultaron a la sociedad que giró el dinero. La respuesta de la sociedad fue que había comprado un terreno en la parada ocho de playa Brava de Punta del Este y que la sociedad que se lo había vendido, Jaguar Capital, pidió que le giraran el dinero a la cuenta de HSG en Litchestein.

Los vínculos entre Damiani y Ramos, el presidente de HSG, señalado como uno de los testaferros de Báez, no son nuevos. "Me estoy comiendo un garrón bárbaro", dijo el presidente de Peñarol a El Observador en julio de 2014, luego de que el diario argentino Clarín informara sobre su relación con la ruta del dinero K. De todas maneras, Damiani reconoció entonces que Ramos trabajó para su estudio. "En cuanto al Dr. Marcelo Ramos debemos manifestar que fue un prestador de servicios de la firma, por lo que sus actuaciones o trabajos profesionales fuera de la relación que tuviera con el estudio, son de órbita y responsabilidad exclusiva del citado profesional", expresó en un comunicado de prensa.
Documentos de la Dirección General de Registros (DGR) a los que accedió El Observador revelan que Jaguar Capital, la sociedad que vendió el campo y dio la orden de girar el dinero al Principado de Liechtenstein, tenía domicilio legal en la calle Buenos Aires 484, piso 2, donde funcionaba el estudio J. P. Damiani & Asociados. La novedad que aportó Búsqueda ayer, en base a los Panamá Papers, es que la sociedad era administrada por el estudio de Damiani."Tenemos una sociedad disuelta de Nevada llamada Jaguar Capital LLC que estaba bajo la administración de Damiani", escribió en un mail el 17 de marzo de 2014 Sandra de Cornejo, jefa del Departamento de Cumplimiento del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (MF), informó ayer el semanario.

El terreno se desvalorizó

Jaguar Capital LLC era una sociedad de responsabilidad limitada que se convirtió en Jaguar Capital Holding Inc, una sociedad anónima panameña.

Ambas, de todas maneras, habían fijado en Uruguay domicilio legal en el estudio de Damiani.
El 5 de octubre de 2006, Jaguar Capital LLC compró dos terrenos en la parada ocho de playa Brava de Punta del Este por US$ 3 millones cada uno. El 19 de diciembre de 2013, Jaguar Capital Holding Inc vendió uno de los terrenos (el padrón 10.665) en US$ 2 millones. Sin embargo, los giros por la supuesta compra de ese predio efectuados entre marzo de 2012 y marzo de 2013 superan los US$ 10 millones.
La diferencia millonaria entre lo que aparece en los documentos oficiales a los que accedió El Observador (US$ 2 millones) y el monto girado por la supuesta compra del terreno (más de US$ 10 millones) llamó la atención de los investigadores en Argentina y Uruguay.

La Justicia de Crimen Organizado investiga desde el año 2013 esta venta y las transferencias bancarias.

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