El gobierno cumplió con el compromiso asumido por el presidente Tabaré Vázquez de enviar antes de fin de año el proyecto de ley que agrava las penas para quienes matan a mujeres por razones de
género. La iniciativa, que fue divulgada en la página de Presidencia, crea la figura de femicidio como "homicidio especialmente agravado", por lo que el delito será sancionado con una pena de 15 a 30 años de prisión.
El proyecto de ley contiene una novedad: también tipifica como "especialmente agravado" el homicidio "como acto de discriminación por orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión, discapacidad u otra característica o condición de la víctima". De esta manera, sanciona con penas de 15 a 30 años de prisión a aquellos homicidios cometidos contra homosexuales, transexuales, afrodescendientes y religiosos por el solo hecho de ser tales.
En cuanto al femicidio en concreto, el proyecto especifica que se concreta este delito cuando se ejecuta el homicidio con "odio o menosprecio a la condición de la mujer". Inmediatamente, enumera las "circunstancias" que se deben dar para que expliquen este el odio o el menosprecio: "a) que la muerte le haya precedido algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo, cometido por el autor contra la mujer, independientemente que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima; b) que el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima; c) por haberse negado la víctima a establecer o reanudar con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad; d) que previo a la muerte de la mujer el autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta que atente contra la libertad sexual; e) cuando el homicidio se cometiere en presencia de las hijas o hijos menores de edad de la víctima o del autor".
El gobierno anunció a fines de noviembre que enviaría al Parlamento este año un proyecto para tipificar el femicidio, pero el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo -sobre quien recayó la responsabilidad de redactar la iniciativa- había anunciado que se legislaría "como un delito con independencia de otros
delitos que se encuentran en el
Código Penal".
La postura de tipificar el femicidio como delito independiente fue cuestionada al día siguiente por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, que recomendó tipificar el delito como "agravante especialmente agravado" para evitar posibles reproches jurídicos y, de paso, enviar una señal clara a la población: matar a una mujer es sancionado con mayor gravedad. Finalmente, el gobierno revisó su postura inicial y tomó la recomendación de Chediak y algunos grupos feministas.
El proyecto de ley recuerda que 30 mujeres fueron asesinadas y hubo 11 intentos de asesinatos por violencia doméstica en Uruguay en el último año.