Ejercicio presidencial de autoridad

El epílogo del escándalo en ALUR multiplicará su utilidad si es el comienzo del ejercicio de la autoridad presidencial

El epílogo desinfectante del escándalo en Alcoholes del Uruguay (ALUR) multiplicará su utilidad si marca el comienzo de un ejercicio más efectivo de la autoridad presidencial. El presidente Tabaré Vázquez y la conducción económica que encabeza el ministro Danilo Astori han sido rehenes de rebeldías de su propia bancada legislativa, de desorientados arrestos sindicales y hasta de desacuerdos dentro del gabinete. La única forma de salir de un encierro que traba al país en el atraso y la incertidumbre es que Vázquez ponga orden con mano firme, como acaba de hacer con ALUR. Obviamente es mucho más difícil lidiar con los obstáculos al desarrollo que ponen parte de los legisladores del Frente Amplio y el PIT-CNT que solucionar de un plumazo el desbarajuste salarial de ALUR, una vergüenza que se arrastra desde la administración Mujica.

En esta empresa, propiedad de ANCAP, Vázquez impuso dos medidas tardías pero ejemplares. Se acabaron los ajustes salariales cada dos meses, que venían desde hace años bajo la descuidada tolerancia de las autoridades del ente petrolero, incluyendo el período en que lo presidió el hoy vicepresidente Raúl Sendic. Y fue despedido el gerente general que, junto con otros gerentes, se beneficiaba de ese arreglo para incrementar sus salarios siderales, inconcebibles en una empresa estatal deficitaria, que muestra ficticios balances favorables gracias a que ANCAP la subsidia con el pago de sobreprecios por los biocombustibles que le compra.

Además de los traspiés del grupo ANCAP, los mayores problemas que enfrentan el gobierno y el bienestar de la población son generados por el exceso de poder que se le permiten al ámbito sindical y a algunos sectores legislativos del Frente Amplio. Ambas fuentes traban la reanudación del crecimiento de una economía estancada con sus visiones de corto plazo, intereses sectoriales y hasta personales y resabios ideológicos que hace años perdieron toda vigencia. El PIT-CNT defiende el ahora caído acuerdo salarial disparatado para los trabajadores y gerentes de ALUR, a contrapelo de las pautas dispuestas por el gobierno para bajar el flagelo de la inflación. Además cuestiona o se opone abiertamente a la indispensable inserción internacional de Uruguay mediante un tratado de libre comercio con Chile y acercamiento a los redituables mercados a ambos lados del Pacífico, concluyendo acuerdos por fuera del agonizante Mercosur.

Y algunos grupos de parlamentarios del oficialismo le han torcido recurrentemente la mano al gobierno, como quedó en evidencia en las enredadas idas y venidas de la Rendición de Cuentas, que rompieron el equilibrio proyectado por el equipo económico para reducir el gasto público en 2017. Esos grupos se han acostumbrado a actuar por su cuenta contra su propio gobierno. Una forma de salir de este brete es que si el Poder Ejecutivo no logra encarrilarlos en una política coherente, busque apoyo legislativo en dirigentes y parlamentarios de la oposición que comparten con Vázquez y Astori las vías idóneas para salir del actual atolladero económico. Seguir este curso conlleva obviamente un severo costo político en la interna del Frente Amplio, pero mostraría al presidente priorizando el interés nacional por encima de los devaneos partidarios. Y puede ser una forma de llamar a la realidad a los legisladores frenteamplistas rebeldes.


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