El aumento de impuestos: los buenos y los malos

Se discute subir impuestos pero no hacer más eficiente al gasto

El documento entregado por la fuerza política al presidente Tabaré Vázquez trajo paz para algunos y malestar para otros. En las últimas semanas, el debate siempre latente sobre el peso de los impuestos y la conveniencia o no de aumentar su carga para financiar un mayor gasto, pasó a un primer plano. Pero al final, el mandatario y su equipo económico le ganaron la pulseada a los grupos políticos dentro del Frente Amplio (FA) que reclaman un "giro a la izquierda" y los nuevos impuestos, de momento, quedaron fuera de la mesa.

La victoria del astorismo es un triunfo efímero. La discusión tributaria no está zanjada y la guerra por los impuestos sigue tan vigente como la semana pasada o los últimos 200 años. Y esto es así porque detrás de la lucha por los impuestos existen reclamos y preocupaciones genuinas de una y otra parte. La suba de impuestos se plantea como un instrumento para alcanzar fines contra los cuales es muy difícil estar en contra. Al mismo tiempo, los que plantean la inconveniencia de la medida tienen argumentos sólidos que se basan en el mismo criterio de bienestar social que sus oponentes.

El debate público descansa, las más de las veces, en una interpretación caricaturizada de las ideas y propuestas del adversario político. Ese es un problema no solo en Uruguay sino con el que deben lidiar a su manera todas las democracias liberales en el mundo. Por eso resulta necesario, llegado un punto, deconstruir el discurso de unos.

Quienes exigen un aumento de los impuestos a las actividades empresariales o a los salarios más altos parten de un razonamiento sencillo pero poderoso: el país tiene necesidades urgentes y "es justo" pedirle a quienes más tienen que se hagan cargo de su costo. El aumento de impuestos aparece como la respuesta inmediata a un problema que se considera impostergable. Al fin y al cabo, educación, salud y seguridad son áreas en las cuales hay un amplio consenso de que se deben apuntalar. Si la respuesta pasa –y así lo creen los que defienden estas ideas­– por aumentar la dotación de recursos que destina el Estado a estas áreas, que sea quien más tiene el que haga el esfuerzo mayor.

Los detractores de esta idea tejen un razonamiento un poco más complejo, pero no muy lejano al sentido común. No se puede gravar el capital que no existe. Uruguay no está solo en el mundo sino que compite por el ingreso de inversiones desde el exterior y por retener los capitales locales. Un aumento de impuestos implica desalentar la inversión y por lo tanto, la generación de puestos de trabajo. En momentos en los cuales la economía crece a tasas bajas y el país está lejos de recuperar los empleos perdidos en los últimos tres años, aumentar la carga tributaria puede agravar esos problemas. De este modo, gravar al capital en mayor medida, podría repercutir en un deterioro de las oportunidades para aquellos que se intenta defender con la medida.

La discusión tributaria no es una pelea entre buenos y malos. Es posible pensar que alguien rechace una suba de impuestos para defender los intereses de los ricos o que alguien plantee mayores tributos solo para perjudicar a quien más tiene. Quizá los haya, pero el grueso de la discusión se da entre quienes coinciden en lo que el país debe hacer, pero discrepan en el cómo. El problema es que el debate termina convirtiendo a un instrumento, como son los impuestos, en un fin de política. La discusión no debería limitarse a si es conveniente o no subir impuestos sino centrarse en cuál es el mejor camino para solucionar los problemas que se pretende atacar.

¿El aumento de impuestos es la única vía para financiar el sistema de cuidados? ¿La asignación de recursos en las distintas áreas del Estado es la adecuada? ¿No hay en el gasto público actual un componente de ineficiencia al que se puede echar mano para cubrir esas necesidades? Y no se trata de cortar planes sociales ni de reducir prestaciones.

En las últimas semanas se conoció una sangría millonaria por parte del BPS debido a una estafa que solo era posible debido a la falta de controles. En el mismo organismo, es difícil creer que el fuerte incremento en los últimos años del pago de subsidios por licencia médica se deba a que los trabajadores uruguayos son menos inmunes a la enfermedad.

Ni hablar de las pérdidas astronómicas que ocasiona al Estado la Caja Militar –de las que el gobierno tomó conciencia recién el año pasado y aún no ha sabido atacar–, o de la sangría de algunas empresas públicas y organismos de fomento en actividades inviables desde el primer día. La discusión impositiva es bienvenida en la medida en que se resuelvan previamente otras tantas discusiones más difíciles de dar. Quizá algún día estemos a la altura de ese debate.


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