Opinión > Editorial
El chavismo debe ser excluido
La aplicación de la cláusula democrática para suspender a la Venezuela chavista como miembro del Mercosur es el camino lógico para terminar con una controversia que paraliza y distorsiona aun más al bloque regional. Aunque nuestro gobierno no parece respaldar este curso, el presidente Tabaré Vázquez admitió el lunes que “mientras no se decrete la posibilidad de una cláusula democrática (Venezuela) lo estará integrando”. Su declaración refleja el actual intríngulis. Uruguay se ajustó a la estructura jurídica del Mercosur al cesar su período en la presidencia semestral, que le corresponde asumir a Venezuela. La acción del gobierno generó protestas de los otros tres socios fundadores y abre la perspectiva de ausencias que hagan fracasar cualquier reunión que convoque Maduro, quien afirmó haber asumido una presidencia que no se le reconoce ni se le acepta.
Brasil, Argentina y Paraguay adujeron que Venezuela no ha cumplido todos los trámites requeridos a los socios plenos, condición que asumió indebidamente en 2012. El argumento de esos tres gobiernos es una endeble excusa para la actitud justificada de evitar la presidencia venezolana. En vez de recurrir a este pretexto, corresponde el procedimiento legítimo de excluir al país caribeño por incumplimiento de la vigencia de una democracia plena que se exige a todos los miembros. Venezuela está notoriamente omisa en esta obligación, ya que democracia no es solo la elección de un gobierno mediante votación popular. Conlleva también la vigencia sin fisuras del estado de derecho, cuyos cimientos son la división de poderes y el respeto a las libertades y derechos de los ciudadanos y las instituciones.
La división de poderes no existe en la Venezuela creada por Hugo Chávez y empeorada por su sucesor Maduro. Desde que la oposición ganó el control del Parlamento, las decisiones de ese cuerpo han sido revertidas arbitrariamente por el Poder Ejecutivo. Lo ha hecho valiéndose del máximo tribunal del Poder Judicial, un club de 13 amigos que Maduro nombró a dedo y que obedece sin chistar las órdenes presidenciales. Cada vez que la Asamblea Nacional aprobó leyes que no le gustaron a Maduro, como la liberación de presos políticos, el tribunal las declaró inconstitucionales por orden de Maduro.
Y las libertades y derechos son violados asiduamente. Dirigentes políticos opositores han sido encarcelados y condenados sumariamente, en un intento de debilitar el abrumador rechazo mayoritario de los venezolanos a un régimen que de democrático solo le queda el nombre. Lo mismo ocurre con derechos como el de propiedad y la libertad de prensa, violada con la clausura de medios y la negativa a permitirles la importación de papel y otros insumos, intimidaciones y asesinatos impunes de manifestantes opositores. Todos estos elementos justifican plenamente que se invoque la cláusula democrática, suspendiendo a Venezuela como miembro del Mercosur mientras el gobierno actual o el que lo suceda no restablezca una democracia plena. El presidente argentino, Mauricio Macri, propuso tiempo atrás este curso. Paraguay con seguridad lo apoya, como probablemente también lo hace Brasil. Falta que el gobierno uruguayo acepte igual camino, mencionado –aunque no respaldado– por Vázquez, para terminar con los desencuentros que han creado un costoso conflicto superfluo entre Uruguay y los otros tres miembros fundadores del desdichado Mercosur. l
