El conflicto por salarios y un "portazo" del Estado a la Justicia

Funcionarios afirman ante órgano internacional que gobierno viola derechos
Obligación de respetar y garantizar derechos, obligación de adoptar normas internas, protección judicial, derecho de propiedad de igualdad y no discriminación, vulneración del principio de independencia judicial. El listado forma parte de los derechos que, según 852 funcionarios judiciales, el Estado uruguayo está violando desde que en 2011 comenzaron a batallar un aumento salarial que les venía dado por ley y que fue ratificado en varias sentencias judiciales posteriores, a raíz de recursos presentados.

La acusación hacia el Poder Ejecutivo por parte de cientos de funcionarios de la Justicia fue formalizada semanas atrás a través de una petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que afirman que el Estado "le dio un portazo al Poder Judicial".

Si bien todo comenzó por un reclamo meramente salarial, los funcionarios señalaron ante la CIDH consideran que va mucho más allá del dinero. El conflicto comenzó luego de que en 2011 la ley de Presupuesto incrementó el salario de los ministros de Estado pero no de la Suprema Corte de Justicia, aunque están equiparados legalmente.

"Es un conflicto institucional que afecta gravemente la independencia judicial frente a los otros poderes del Estado", indica la petición, a la que accedió El Observador.

El documento agrega que "un muy elevado porcentaje de funcionarios judiciales obtuvieron sentencias en las que se les reconoció su derecho a percibir su retribución y el Estado no solo ha incumplido las sentencias firmes que lo condenan (a pagar) sino que, peor aún, ha ignorado dichas decisiones judiciales, las ha despreciado sin siquiera ofrecer explicación alguna, aún luego de haber sido reiteradamente intimado a su cumplimiento".

El abogado que representa a esos más de 800 funcionarios, Pablo Donnángelo, indicó a El Observador que la CIDH ya les otorgó un número de petición, lo que significa que está en la primera etapa de análisis, centrada básicamente en aspectos formales.

Mientras la CIDH analiza si el Estado viola o no derechos en el marco de ese conflicto, el gobierno insiste con que los funcionarios judiciales y actuarios acepten una oferta realizada por el Poder Ejecutivo que implica que el aumento sea de 15% y no 26%. El último intento lo realizó el presidente de la República, Tabaré Vázquez, quien dedicó algunos minutos del Consejo de Ministros abierto de Florida realizado el lunes 8 a exhortar a que reciban ese incremento para que se solucione el conflicto.

El mandatario afirmó que en el caso de jueces y fiscales ya se habilitaron los créditos para que cobren 14% de incremento, acuerdo al que llegaron meses atrás y que fue votado en el Parlamento a partir de un proyecto de ley que se debió presentar. La diferencia entre magistrados y funcionarios judiciales es que los primeros no cuentan todavía con sentencias que exijan al Estado pagarles el 26% adeudado.

Nueva propuesta

Por su parte, la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) -independiente de los 852 que presentaron el recurso ante la CIDH- insiste en que el gobierno pague el total de la deuda salarial y presentará una nueva propuesta para destrabar el conflicto. La dirigente y secretaria del interior del sindicato, Graciela Panizza, dijo a El Observador que la propuesta del gobierno no prevé pagarle a los funcionarios un 15% sino un 8% fragmentado en dos veces, una este año y la otra el siguiente.

El sindicato se encuentra elaborando una nueva propuesta salarial para presentar al gobierno en la cual se priorizará el pago del 100% de la adecuación salarial y el inicio de una mesa de negociación.

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