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El desarrollo exige realismo
Pensar en grande no asegura grandes obras de desarrollo si las ideas no tienen maduración sustentable. En ese caso se frustran o se quedan a mitad de camino, como le ha sucedido a Uruguay en los últimos años. En alguna instancia ocurre por factores fuera del control de un gobierno. Pero en otras es consecuencia de tirarse a la piscina cuando no hay agua suficiente para nadar. El siglo XX, especialmente en su primera mitad, fue pródigo en avances trascendentes en infraestructura, que cambiaron la fisonomía del país. Incluyeron el saneamiento, la electricidad, especialmente a partir de la construcción de las represas como fuente generadora, la rambla montevideana y los puentes sobre el río Uruguay.
En los pocos años andados en el siglo XXI se destacan la fibra óptica, que ha mejorado notablemente las comunicaciones en la era informática; la diversificación del marco energético, con el desarrollo de la generación eólica; y las plantas de celulosa, curso iniciado bajo la presidencia de Jorge Batlle y concluido por las dos administraciones del Frente Amplio. Pero muchos proyectos de envergadura han quedado por el camino del apresuramiento, la imprevisión y la ausencia de capacidad ejecutiva.
Los casos de mayor envergadura han sido la minera Aratirí y el conexo puerto de aguas profundas. Pero se agregan a la lista de claudicaciones gubernamentales la tristeza ferroviaria y el persistente deterioro de la red vial, donde se ha invertido escasamente en los últimos 10 años y corriendo el riesgo de tener un apagón logístico que dificulte la salida de nuestra crecida producción exportadora. Una excepción en la responsabilidad oficial es la atrasada planta regasificadora. Aunque la corrupción en gran escala en Brasil es una vieja historia conocida, era difícil prever que el escándalo de Petrobras terminara con el retiro de una de las empresas involucradas, y que Gaz de France se fuera por segunda vez de Uruguay, forzando a una nueva licitación para encontrar ahora quien la termine.
Pero el puerto de aguas profundas en Rocha como polo regional, proyecto estrella del expresidente José Mujica, fue una idea buena pero poco realista. Se intentó infructuosamente interesar a Brasil, Bolivia y Paraguay en acoplarse a una obra que se inició prematuramente con trabajos preparatorios en la zona. Y fue decisivo en su estancamiento la tranca en Aratirí por razones ambientales y de mercado. La empresa india iba a explotar yacimientos de hierro con la mayor inversión privada en la historia del país. El ferrocarril fue otra víctima de la inercia gubernamental ante la oposición sindical, que determinó que se esfumaran las seguridades de su recuperación por empresas chinas. Y las deficiencias burocráticas de la ley PPP, que aprobó asociar al Estado con capitales privados, paralizan desde hace cuatro años la puesta a punto de la red vial.
Al menos ahora se encara aparentemente con más realismo la incorporación del sector privado para concretar las obras más urgentes de infraestructura, agilizando las PPP y haciéndolas más atrayentes para los inversores. Pero los proyectos siguen enfrentando la ciega renuencia de la estructura sindical y de sectores retrógrados del Frente Amplio, para los que cualquier presencia privatizadora es anatema pese a haber sido motor del desarrollo público en el pasado.
