El Estado por el costado

Desde distintos partidos políticos se ha reconocido esa inflación de empresas privadas del Estado, pero hasta ahora no solo los entes tienen sociedades anónimas "hijas", sino también "nietas", porque de una surge otra y otra.

Son casi 30 las SA subsidiarias de entes y servicios descentralizados. Eso sin contar las agencias que también se mueven bajo la lógica privada. Sólo ANCAP tiene 20 bajo su ala.

El expresidente José Mujica (2010-2015) había dicho en su segundo año de administración (2011) que el tema debía tener una solución. Cinco años más tarde, en julio de 2016, un legislador del Partido Nacional presentó un proyecto de ley para regularlas y, sobre todo, establecer un control sobre ellas.

El proyecto del senador Álvaro Delgado (Todos Hacia Adelante) propone que deba haber una autorización expresa del Poder Ejecutivo para su creación; que esas empresas tengan que especificar el objeto de su funcionamiento; que cada una deba elaborar un catálogo de buenas prácticas similares a las del Banco Central del Uruguay (con capacitación e idoneidad de cuadros gerenciales, por ejemplo); y la obligatoriedad de la figura de un gerente general como responsables de las funciones ejecutivas. También dispone la aprobación de balances por parte del ente que sea accionista, la apertura de una parte minoritaria del capital accionario mediante suscripción pública, y la autorización del Poder Ejecutivo para endeudarse y renovar operaciones financieras.

El legislador dijo a El Observador que espera se genere un debate en el Parlamento entre las bancadas partidarias, porque la iniciativa no va "a lo fácil" de depositar la tarea en el Tribunal de Cuentas, sino que pretende ser algo más "moderno".

"Hay un uso y abuso de estas sociedades anónimas", insistió. Delgado asegura que luego de aprobada la Rendición de Cuentas y los proyectos sobre seguridad pública que estaban pendientes en la comisión de Constitución, su iniciativa tendrá el tratamiento que espera.

"Se han planteado muchas justificaciones para la creación de estas empresas, pero es quizás la más reiterada la de poder actuar con mayor agilidad en mercados que muchas veces son competitivos, e incluso cuando no lo son, como forma de hacer más eficiente la gestión de los negocios. Aunque en algunos casos se ha podido obtener esa mayor eficiencia, la proliferación de estas sociedades, el abuso en la utilización de las mismas, la ausencia de un marco normativo adecuado, el desvío de los objetos originales y la falta de un ambiente de control adecuado, han puesto en tela de juicio su actual funcionamiento", dice el senador Delgado en la exposición de motivos de su proyecto de ley. A su juicio, se ha creado una "verdadera administración paralela que se evade de los controles que se impone el propio Estado".

"Estadito paralelo"

En 2011, Mujica habló del tema: "Anoche me puse a sacar cuentas, y la realidad es terca: hay 60 empresas o agencias públicas pero que operan en el derecho privado, y todos los días estamos inventando una porque con el derecho público no podemos lidiar y, como no podemos, inventamos una cosa por el costado".

Ese mismo año el expresidente dijo en su audición radial de M24 que se debía crear una forma jurídica de manera inmediata para controlar a esas empresas públicas que funcionan con reglas privadas, porque a su juicio ya constituían un "estadito paralelo". Para él, esos organismos son síntoma de la "enfermedad" del Estado. "Son tantas que una de las cosas pendientes y que tenemos que hacer de forma inmediata es darnos una forma jurídica que nos permita controlarlas", insistió.

Consultado en ese momento sobre el comentario de Mujica, el abogado Augusto Durán Martínez dijo a El Observador que la "gran crítica" a esas empresas es que se "evita el control previsto para las entidades estatales. Es una ventana abierta hacia la corrupción incontrolada", comentó.

Según publicó el semanario Búsqueda el jueves 4 de agosto, entre 20 empresas privadas de entes del Estado facturaron

US$ 1.693 millones en 2015, lo cual equivale a 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay.

En ese período, US$ 52 millones fue la pérdida en el conjunto de las sociedades de derecho privado que tienen como accionistas principales a ANCAP, ANTEL, OSE y UTE, resultado que fue peor a 2014.

ANCAP

Ducsa (distribución y venta de combustible y lubricantes)
CABA (producción y venta de bebidas)
ALUR (producción de azúcar, biocombustibles y alimento animal)
Cementos del Plata (comercio de cementos y similares)
Ancsol (operativa petrolera fuera de Uruguay)
Petrouruguay (actividad petrolera y de gas en Argentina)
Carboclor (producción de químicos y derivados de petróleo)
ATS (consultoría y asesoría técnica)
Pamacor (prospectiva y explotación de minerales)
Conecta (venta de gas en el interior)
Gas Sayago (regasificadora)
Gasur (gas propano)
Gasoducto Cruz del Sur (transporte de gas natural)
Talobras (combustible en aeropuerto de Carrasco)
Celemyr (estaciones de servicio)
Canopus Uruguay (comercio de combustible)
Winimax (inmuebles)
DBS (servicio)
Abigale (eólico)
Agroalur (servicios a ALUR)

ANTEL

ITC (consultoría)
HG (software, web)
Accesa (call center, datos)
ANTEL USA (servicio a América Latina)

OSE

Aguasur (consultoría)
Aguas de la Costa (agua y saneamiento en Maldonado)
Consorcio Canario Ciudad de la Costa (saneamiento en Ciudad de la Costa)

UTE

Arealfin (energías renovables)
Rouar (energías renovables)
Interconexión del Sur (conexión con interior)
Gas Sayago (regasificadora)