El FA enterró la reforma constitucional a dos metros bajo tierra

La mayoría de la coalición considera que la iniciativa está muy por debajo de las prioridades del país
Dos metros de metafórica tierra parecen ser los que sepultan la intención del Frente Amplio de reformar la Constitución de la República.
La idea del imaginario entierro pertenece a un dirigente de la lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic pero representa a buena parte de la dirigencia de la coalición de izquierda que cree que la iniciativa reformista –mayormente impulsada por las bases– tiene muy pocas posibilidades de prosperar debido a problemas de forma, de tiempo y de sentido común.

Formalmente, el Congreso del FA que se desarrolló el sábado y domingo pasado resolvió que el Plenario Nacional de la fuerza de gobierno se reúna en abril de 2017 para definir qué camino se tomará para intentar cambiar la Carta Magna.

Además, consideró necesario formar una comisión nacional proreforma integrada por "organizaciones del campo popular, políticas y ciudadanos en general".
Pero esas definiciones esconden una realidad bastante menos optimista para los reformistas. Es así que la decisión de pasar el tema al Plenario Nacional, en donde la presencia de los dirigentes es más fuerte que la de los militantes, representa una primera señal de que los afanes de reforma tenderán a enlentecerse.

Porque si bien el impulso primario tiene la firma de casi todos los sectores del FA, en el transcurso de la tercera administración de la izquierda la dirigencia fue asumiendo que las circunstancias son cada vez menos propicias para embarcarse en un emprendimiento de esa naturaleza.

Por ejemplo, fuentes del Frente Líber Seregni (FLS), grupo que desde la primera hora consideró poco conveniente alentar los afanes reformistas, dijeron a El Observador que en el sector entienden que hay muy poco margen para que la izquierda se suma en el abordaje de temas polémicos –como la habilitación del voto epistolar– que necesitan de un amplio respaldo político o popular para prosperar.
En ese sentido, observaron que en 2017 el gobierno deberá abocar buena parte de sus esfuerzos en aprobar un nuevo Presupuesto en un contexto económico complicado y en el que, para peor, ha perdido la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados debido a la deserción de Gonzalo Mujica.

Cuando en junio pasado el Plenario del FA resolvió avanzar en el contenido de una reforma constitucional, buena parte del FLS votó en contra.
"No se trata solo de modificar una ley; abordar un tema como este exige una circunstancia propicia y nos parece que no es el momento. Estamos en proceso y todavía hay cambios profundos a llevar adelante (desde el gobierno) y los esfuerzos deben estar orientados a eso", dijo entonces la senadora Daniela Payseé (Asamblea Uruguay).

En el Congreso del pasado fin de semana los astoristas volvieron a pronunciarse en contra de la iniciativa.
En tanto, en el MPP y la lista 711 también coinciden acerca de que el camino de la reforma es, por lo menos, dificultoso. "El tema quedó en manos de una comisión. Por ahora la reforma está enterrada a dos metros bajo tierra y es difícil que salga", dijo a El Observador un dirigente del grupo que lidera Sendic.

Uno de los caminos previstos para llevar a cabo una reforma constitucional es el de la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente integrada por todos los partidos políticos.
Para ello es preciso llamar a elecciones con el objetivo de instalar una especie de Parlamento paralelo que reescribirá la Constitución si es que obtiene determinadas mayorías especiales.

El otro camino, que parece menos complejo, es el de la recolección de firmas del 10% del padrón de votantes para plebiscitar la reforma junto a las próximas elecciones nacionales.
En este tipo de convocatoria la izquierda tiene malos antecedentes: el FA intentó derogar la ley de Caducidad y aprobar el voto consular en forma paralela con las elecciones nacionales de 2009 y ambas iniciativas fracasaron.

Para peor, la mayoría de la oposición política ha mostrado escasísimo interés en embarcarse siquiera en la discusión de un proyecto reformista encabezado por el Frente Amplio y muy difícilmente cambiará de opinión.

Las propuestas

Las propuestas de reforma constitucional que resolvió impulsar el Congreso del Frente Amplio tienen su punta de lanza en la habilitación del voto para aquellos uruguayos que viven en el extranjero.
Este punto es particularmente resistido por blancos y colorados quienes lo consideran una mera maniobra electoral basada en la percepción de que la mayoría de los uruguayos que habitan fuera de fronteras tiene una tendencia izquierdista.

Asimismo, el FA propone que la Constitución estableza que los crímenes de lesa humanidad y de guerra no prescriban y no puedan ser amnistiados, y que se prohiba a los servicios informáticos, públicos y privados, dar información que viole la intimidad de la gente. También quieren que se garantice la vivienda digna y que se "revisen y discutan" las exoneraciones fiscales a templos religiosos, a la enseñanza privada y a otras organizaciones como ONGs, clubes y asociaciones civiles. La iniciativa que pretende poner a disposición del Estado las viviendas deshabitadas quedó en suspenso.

El Congreso del FA rechazó la propuesta de autorizar la eutanasia, que había sido recomendada por una comisión, y tampoco se metió en la reglamentación de la financiación y funcionamiento de los partidos políticos.
Este asunto está siendo tratado en una comisión del Senado a impulso de los legisladores frenteamplistas.

Pero la concreción de todas esas propuestas depende, primero, de la voluntad política de una dirigencia que, como fue dicho, empezó a asumir que la mayoría de la gente tiene la cabeza puesta en asuntos bastante lejanos a las enmiendas constitucionales.
Participantes del congreso del pasado fin de semana señalaron que fue evidente el esfuerzo de muchos dirigentes para poner este asunto en el congelador.

Porque saben que si la izquierda, contra todas las prevenciones, pone en marcha alguno de los mecanismos reformistas, deberá contar con el aval de la mayoría de los votantes.
Esos mismos votantes que, según dicen las encuestas, le están dando al gobierno un respaldo que ronda el 30%. El más bajo desde que el Frente Amplio ganó el gobierno nacional.
Por eso, advierten, no parecen ser estos los mejores tiempos para emprender aventuras reformistas de incierto destino. l


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