El Frente evalúa extender propuesta de diagnóstico psicológico

Proponen que alcance a todos los funcionarios obligados a realizar declaraciones juradas

El Frente Amplio analiza extender la propuesta de exponer a los legisladores a una pericia psicológica para todos aquellos funcionarios públicos obligados legalmente a presentar declaraciones juradas de sus bienes. El asunto fue planteado en el seno de la Comisión Especial de Partidos Políticos del Parlamento en donde se decidió continuar con consultas a organizaciones públicas y privadas relacionadas con la salud mental a los efectos de conocer las ventajas y las desventajas de una decisión de ese tipo.

La primera iniciativa al respecto fue presentada por el psicólogo e integrante del Frente Líber Seregni (FLS), Andrés Copelmayer, quien consideró conveniente que los parlamentarios electos adjunten a su declaración jurada una evaluación psicológica realizada por profesionales competentes, que sea anual y confidencial, y que quede a juicio del legislador hacerla pública o no.

"La salud mental es un estado de bienestar en el cual la persona conoce sus capacidades y limitaciones, puede enfrentar las tensiones emocionales de su vida cotidiana y es capaz de contribuir a la comunidad. Se apunta a proteger a los legisladores que, por su representatividad ciudadana, las exigencias de rol full time y el ajuste a la cultura del sistema político, habitualmente sufren tensiones extremas difíciles de manejar", dijo Copelmayer a El Observador.

Señaló que las pericias psicológicas no son extrañas en otras áreas del Estado. "En Uruguay el proceso de selección de aspirantes para el ingreso a la Judicatura (carrera para convertirse en Juez) incluye escolaridad, méritos, prueba de conocimiento, evaluación psicológica y entrevista personal", explicó Copelmayer.

Observó que también se requiere ese examen en actividades privadas vinculadas con el transporte y los controladores de tráfico aéreo.

En un documento articulado presentado en las últimas horas en la comisión legislativa, Copelmayer señaló que el proyecto apunta a proteger a los legisladores que "por su representatividad ciudadana, las exigencias de rol full time y el ajuste a la cultura del sistema político, habitualmente sufren tensiones extremas difíciles de manejar".

"Ser miembro electo popularmente de uno de los tres poderes que rigen el Estado (...) está considerado por la OMS como una de las tareas más complejas y estresantes. La globalización y el uso de las nuevas tecnologías hacen que los legisladores tengan aún mayores y nuevas exigencias de desempeño y que su comportamiento político y personal tenga mayor exposición pública. Sin olvidar que por ser representantes de la comunidad y referentes sociales relevantes, asumen la responsabilidad de promover la salud mental de la población y sana convivencia comunitaria", agregó el exjefe de gabinete del Ministerio de Transporte.

Copelmayer sostuvo que en la iniciativa apunta a que la evaluaciones psicológicas sean "absolutamente confidenciales, quedando a juicio del legislador hacerla pública o no".

"Como no se piensa incluir esta evaluación como requisito para presentarse, ser electo o permanecer en el cargo, ya que está potestad la tiene el soberano y está consagrada constitucionalmente y legalmente, no se propone realizar una pericia de facultades mentales sino un diagnóstico situacional. Diagnóstico donde se protocolizará indagar exclusivamente: motivaciones personales para ocupar el cargo; respuesta e impactos emocionales derivados del manejo de las expectativas y ejercicio del rol; fortalezas y debilidades psíquicas para el manejo de las demandas internas y externas de desempeño; factores de riesgo y determinación de capacidades para el manejo de conflictos; y hacer las recomendaciones pertinentes a la evaluación realizada", dice el documento.

Parlamentarios del Frente Amplio plantearon en esa comisión que, en caso de aprobarse el examen psicológico, sea extendido a todos los funcionarios a los que se los obliga a presentar declaración jurada. En este rango ingresan desde jerarcas ministeriales hasta policías.


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