El lastre sindical

El sindicalismo argentino es un empresariado. Funciona con el criterio de oferta y demanda y maximización de utilidades, como todo negocio. Y cual todo gran empresariado argentino que se precie, es corrupto y multimillonario en todas las monedas. Tiene en general la ventaja de que no lo mueve ninguna ideología, de modo que siempre se puede negociar con él. Una excepción serían las gremiales docentes, protagonistas del acto de sabojate a la educación más importante que se conoce desde Sarmiento. Esas gremiales son en general marxistas –trotskistas, para más exactitud– y su objetivo es simple, sincero y gramsciano: impedir la educación de los sectores más pobres, para garantizar la existencia de masas disconformes y desesperanzadas, materia prima fundamental del ataque a la democracia, inherente a su ideología. El marxismo y la democracia no son compatibles.

Si bien legalmente existe una sola central sindical, la CGT, hay varias siglas que, con cierto derecho, con alguna pizca de derecho o con ningún derecho, consiguieron o se atribuyen representatividad. En nombre de ella peticionan, paran, hacen huelga, cortan calles, rutas, transportes. La ciudad de Buenos Aires, cuya piel ya viene lacerada por obras interminables y sospechosas, sufre hoy adicionalmente cortes deliberados, planificados y coordinados cuyo efecto, además de generar mal humor, es minar la estabilidad del gobierno. La CGT anuncia ahora un día de paro y movilización al que va solo porque las otras centrales la han embretado, para no aparecer como amiga del gobierno.

Este escenario es paralelo a los reclamos de cada sindicato en su rama específica, con los respectivos paros, tomas, daños a la productividad, desestímulo de inversión, pérdida adicional de competitividad y su aporte al caos generalizado. Las seudo organizaciones que defienden a los que cobran planes, subsidios y otras limosnas, ya funcionan como virtuales sindicatos, con la diferencia de que, en su caso, gran parte de los fondos se canalizan por vía de esas organizaciones, en contra de lo que aconseja cualquier técnica de manejo serio de los fondos para asistencia social, y en favor de más millonarios.

Por lo perverso del sistema, se generan dos efectos: uno es que el gobierno gasta enormes sumas en congraciarse con los jefes sindicales y piqueteros. Cifras que superan los US$ 3.000 millones con comodidad. Y no se trata de los aumentos de salarios, sino de fondos destinados a comprar la buena voluntad de los capos sindicales. (El uso del término capo es deliberado para que se asocie con los jefes de la mafia.) El otro efecto es el martilleo desestabilizador sobre el sistema democrático. Se escuchan a diario declaraciones de algunos de estos capos que evidencian que lo que buscan es el fracaso del gobierno.

La suma de ambos efectos está minando la fortaleza del Ejecutivo y lo obliga a estar siempre a la defensiva, siempre comprando voluntades, y con el peronismo en cualquiera de sus disfraces torpedeando cualquier ley en el Congreso.

Mientras que la discusión salarial está dentro del normal juego de la economía, la acción de las centrales gremiales protestando por la situación general o el ajuste neoliberal (que además no existe) omite que ese tipo de reclamos se debe expresar en oportunidad de las elecciones, donde el pueblo expresa sus preferencias de todo tipo. Y los sindicatos suponen respetar esas decisiones. Ello se agrava cuando muchos de estos actos aparecen coordinados, pagados o provocados por la señora de Kirchner, o por otros sectores del peronismo, lo que alinea a una buena parte del sindicalismo en una lucha política directamente antidemocrática, para no decir subversiva.

El sindicalismo oriental, en cambio, no está teñido de capitalismo de ningún tipo, ni está conducido por millonarios en ninguna moneda, casi seguro. Es simplemente trostkista, para ser también precisos. El PIT-CNT es enemigo del capital, y exhibe esa condición con coherencia y constancia. Como punto de partida, promueve una falta de interés del trabajador en el futuro de su empresa y en su propio trabajo. Un tipo de sindicalismo no adecuado para un país que intente participar globalmente. Preanuncia un modelo de economía gris, incompatible con el futuro.

Se parece al sindicalismo argentino en que también tiene jaqueada a la democracia. Dentro de la coalición del Frente Amplio, tiene un poder casi de veto que no condice con la relación interna de fuerzas, que se le concede en aras de mantener la cohesión que es esencial para la alianza. Y una vez que el gobierno del que es parte toma una medida, se reserva el derecho de ganar la calle para protestar. Eso se podría llamar democracia plena sólo con un enorme esfuerzo intelectual y ético.

Tras la repartija irresponsable de la bonanza, en años recientes aboga por nuevos impuestos, con la teoría recaudatoria de la feta del salame, un pedacito cada día. A base de eso, y del sistema que hace de las tarifas una gabela, se disfruta aún de un modesto crecimiento, que no debería engañar a los expertos. En este momento busca algún formato para atacar los ahorros del contribuyente, lo que supuestamente se justifica moral y técnicamente porque no pega en el consumo ni en las pocas empresas privadas.

Este accionar no pasa desapercibido para el inversor, ni local ni extranjero. La reciente norma que permite a la Policía actuar directamente ante piquetes es un vano y frágil intento de conformar a UPM, luego del sabotaje gremial en su última visita. Pero también tiene que ver con los reclamos de las centrales empresarias, que se sienten burladas con la demora en acatar las disposiciones de la OIT sobre toma de establecimientos, y conque, en un manejo perverso, se les diga que si se produce un reclamo, los empresarios serían responsables de las sanciones que le cupieran a Uruguay por no acatar esas reglas.

El marxismo siempre se ha especializado en usar las siglas burocráticas internacionales en su favor, cuando la ley o la Constitución no le convienen, en cuyo caso se burlan de la soberanía en pos de su ventaja. Evidentemente, con un doble rasero, actúan distinto cuando esas reglas favorecen a los otros. Se trata de otro ataque al sistema institucional, por más que se lo intente disfrazar de lo que fuese.

Los dos países tienen entonces, el mismo problema de fondo. Cómo competir mundialmente con semejante lastre sobre las espaldas de su sistema productivo y de su sistema político.