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El lavado de activos, los abogados y el "tacto rectal"
Presidente de la SCJ, jueces y catedráticos cuestionaron el proyecto de ley
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30 de noviembre de 2016 a las 10:00
Una tomografía computada" o "un tacto rectal". Cualquiera de esos dos procedimientos se asemejan a lo que deberá hacerle un abogado a un cliente cuando lo consulta sobre el origen del dinero que utiliza para un negocio, opinó el penalista y criminólogo Germán Aller durante un seminario internacional de derecho penal, que tuvo como foco al lavado de activos y el proyecto de ley que se propone combatir ese delito.
Aller se refería a la obligación que dispone la iniciativa legal de que los abogados sean "sujetos obligados" de presentar un reporte de operación sospechosa (ROS) de lavado de dinero. "Los abogados tenemos una larga historia de ser perseguidos y hoy lo somos, en plena democracia. Se nos pide traicionar al cliente. El abogado que recibe en su despacho al cliente que le habla de que tiene un dinero y que no sabe de dónde viene, tendrá que hacerle prácticamente una tomografía computada, por no decir un tacto rectal, para saber de dónde proviene. Es como una especie de garante raro antijurídico, que no hay catedrático que pueda justificar técnicamente", dijo en el seminario, del que también participaron jueces, fiscales y el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique.
Todos los expositores coincidieron en que el proyecto de ley, elaborado por la Secretaría Antilavado y legisladores, viola la Constitución y "violenta garantías".
Pérez Manrique manifestó en su intervención que "esta situación en la cual el profesional es colocado como una suerte de funcionario público al que se le obliga a denunciar determinadas operaciones, pone en juego la real esencia del derecho de defensa".
"La pregunta es si el Estado, en su afán o en su preocupación de reprimir este tipo de delito, está en condiciones de pasar por encima de determinadas garantías", agregó.
Expositores coincidieron en que el proyecto de ley viola la Constitución y "violenta garantías".
El proyecto obliga no solo a abogados, sino también a contadores, fundaciones, partidos políticos y cualquier organización sin fines de lucro a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero. No hacerlo los expone a multas de más de US$ 2 millones.
Se lava dinero cuando se ingresan fondos al mercado que provienen de actividades ilegales. En Uruguay, la legislación actual sobre lavado de activos establece que quienes tienen la obligación de informar ante sospecha de lavado son los escribanos, casinos, rematadores, proveedores de servicios societarios o fideicomisos y zonas francas.
El presidente de la SCJ también cuestionó la ley vigente porque considera que el delito de lavado de activos "está contemplado por los delitos de encubrimiento y receptación".
A la jueza penal Blanca Riero también le hace ruido el delito de lavado de activos, manifestó durante su presentación en el seminario. "Cuando estudio el delito de lavado de activos siempre me queda la impresión de que salgo del derecho de la oficina, del hurto, de la rapiña, y estoy en otro derecho donde me empieza a generar dudas todo aquello que uno aprendió y lo que aplica a diario, y sobre todo lo que enseñamos en las clases", dijo.
Riero afirmó que el proyecto de ley "violenta las garantías" y es un retroceso abierto a todo lo que se ha intentado construir".
"Este proyecto lamentablemente tiene 99,9% de posibilidades de aprobarse. No nos pueden llevar a violentar las garantías de los justiciables", sostuvo, y pidió que "se revea". Según la magistrada, y la mayoría de los expositores, de aprobarse y pasar a ser ley se violarán los artículos 7 y 72 de la Constitución. El primero hace referencia al derecho de todos los uruguayos "a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad", y el segundo a aquellos derechos "inherentes a la personalidad humana".
"Si estuviera enfrentado a un caso así tendría mis dudas de decirle 'dígame todo lo que su defendido le dijo'", señaló la magistrada.
En la misma línea, la abogada y exfiscal Beatriz Scapiuso consideró que el proyecto en discusión es "lamentable" porque avasalla "los principios más queridos del derecho penal".
Muchas de las modificaciones a la ley actual incluidas en el proyecto surgieron a partir de recomendaciones del organismo internacional Grupo de Acción Financiera Internacional, que inspeccionará nuevamente a Uruguay en 2019.
Para Scapiuso, los cambios que introduce el proyecto de ley y que "avasallan" derechos son "a impulso de alguna solicitud" de la organización internacional.
Secreto. El proyecto de ley obliga a partidos políticos, clubes, abogados y organizaciones civiles en general a informar a Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero. Para expertos en derecho, en el caso de los abogados esa disposición viola el secreto profesional.
Multa. La ley vigente establece multas millonarias por no informar sospechas de actividades ilícitas. En la legislación que rige, las obligaciones son para casinos, escribanos, rematadores, zonas francas y proveedores de servicios societarios o fideicomisos.
Precedentes. Además, suma delitos como vicariato, el hurto, y la rapiña que haya sido cometida por grupos organizados, el abigeato y la asociación para delinquir como delitos precedentes.
“Esta cuestión del lavado de activos tiene una fuerte impronta de una presión a nivel internacional, intereses que no son propiamente los del país”
“El secreto profesional es un elemento esencial en el derecho macro del acceso a la Justicia. Si tengo que asesorar a una persona como abogado a los efectos de preservar su libertad, indudablemente la necesidad de un relacionamiento sin velos entre el profesional y el defendido es imprescindible”
Ricardo Pérez Manrique, presidente de la SCJ
“El proyecto de ley es autoritario en plena democracia. Lo que importa es que no sea ley, por lo menos no es estos términos. Acá no es un problema de ideología políticas, es un problema de concepción de Estado”
“Este proyecto que tenemos entre manos no solo violenta al secreto profesional. El secreto no es un derecho del abogado, es una pesada mochila que cargamos todos los abogados”
Germán Aller, penalista y criminólogo
“No podemos en aras de decir que atrapamos a esta persona violentar las garantías que tanto nos han costado”
“Se dieron cuenta de que la palabrita abogado no estaba y dijeron vamos a establecer esa obligación”
Blanca Riero, jueza penal
Aller se refería a la obligación que dispone la iniciativa legal de que los abogados sean "sujetos obligados" de presentar un reporte de operación sospechosa (ROS) de lavado de dinero. "Los abogados tenemos una larga historia de ser perseguidos y hoy lo somos, en plena democracia. Se nos pide traicionar al cliente. El abogado que recibe en su despacho al cliente que le habla de que tiene un dinero y que no sabe de dónde viene, tendrá que hacerle prácticamente una tomografía computada, por no decir un tacto rectal, para saber de dónde proviene. Es como una especie de garante raro antijurídico, que no hay catedrático que pueda justificar técnicamente", dijo en el seminario, del que también participaron jueces, fiscales y el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique.
Todos los expositores coincidieron en que el proyecto de ley, elaborado por la Secretaría Antilavado y legisladores, viola la Constitución y "violenta garantías".
Pérez Manrique manifestó en su intervención que "esta situación en la cual el profesional es colocado como una suerte de funcionario público al que se le obliga a denunciar determinadas operaciones, pone en juego la real esencia del derecho de defensa".
"La pregunta es si el Estado, en su afán o en su preocupación de reprimir este tipo de delito, está en condiciones de pasar por encima de determinadas garantías", agregó.
Expositores coincidieron en que el proyecto de ley viola la Constitución y "violenta garantías".
El proyecto obliga no solo a abogados, sino también a contadores, fundaciones, partidos políticos y cualquier organización sin fines de lucro a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero. No hacerlo los expone a multas de más de US$ 2 millones.
Se lava dinero cuando se ingresan fondos al mercado que provienen de actividades ilegales. En Uruguay, la legislación actual sobre lavado de activos establece que quienes tienen la obligación de informar ante sospecha de lavado son los escribanos, casinos, rematadores, proveedores de servicios societarios o fideicomisos y zonas francas.
El presidente de la SCJ también cuestionó la ley vigente porque considera que el delito de lavado de activos "está contemplado por los delitos de encubrimiento y receptación".
A la jueza penal Blanca Riero también le hace ruido el delito de lavado de activos, manifestó durante su presentación en el seminario. "Cuando estudio el delito de lavado de activos siempre me queda la impresión de que salgo del derecho de la oficina, del hurto, de la rapiña, y estoy en otro derecho donde me empieza a generar dudas todo aquello que uno aprendió y lo que aplica a diario, y sobre todo lo que enseñamos en las clases", dijo.
Proyecto es "un retroceso"
Riero afirmó que el proyecto de ley "violenta las garantías" y es un retroceso abierto a todo lo que se ha intentado construir".
"Este proyecto lamentablemente tiene 99,9% de posibilidades de aprobarse. No nos pueden llevar a violentar las garantías de los justiciables", sostuvo, y pidió que "se revea". Según la magistrada, y la mayoría de los expositores, de aprobarse y pasar a ser ley se violarán los artículos 7 y 72 de la Constitución. El primero hace referencia al derecho de todos los uruguayos "a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad", y el segundo a aquellos derechos "inherentes a la personalidad humana".
"Si estuviera enfrentado a un caso así tendría mis dudas de decirle 'dígame todo lo que su defendido le dijo'", señaló la magistrada.
En la misma línea, la abogada y exfiscal Beatriz Scapiuso consideró que el proyecto en discusión es "lamentable" porque avasalla "los principios más queridos del derecho penal".
Muchas de las modificaciones a la ley actual incluidas en el proyecto surgieron a partir de recomendaciones del organismo internacional Grupo de Acción Financiera Internacional, que inspeccionará nuevamente a Uruguay en 2019.
Para Scapiuso, los cambios que introduce el proyecto de ley y que "avasallan" derechos son "a impulso de alguna solicitud" de la organización internacional.
Las claves
Secreto. El proyecto de ley obliga a partidos políticos, clubes, abogados y organizaciones civiles en general a informar a Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero. Para expertos en derecho, en el caso de los abogados esa disposición viola el secreto profesional.
Multa. La ley vigente establece multas millonarias por no informar sospechas de actividades ilícitas. En la legislación que rige, las obligaciones son para casinos, escribanos, rematadores, zonas francas y proveedores de servicios societarios o fideicomisos.
Precedentes. Además, suma delitos como vicariato, el hurto, y la rapiña que haya sido cometida por grupos organizados, el abigeato y la asociación para delinquir como delitos precedentes.
Lo dijo
“Esta cuestión del lavado de activos tiene una fuerte impronta de una presión a nivel internacional, intereses que no son propiamente los del país”
“El secreto profesional es un elemento esencial en el derecho macro del acceso a la Justicia. Si tengo que asesorar a una persona como abogado a los efectos de preservar su libertad, indudablemente la necesidad de un relacionamiento sin velos entre el profesional y el defendido es imprescindible”
Ricardo Pérez Manrique, presidente de la SCJ
“El proyecto de ley es autoritario en plena democracia. Lo que importa es que no sea ley, por lo menos no es estos términos. Acá no es un problema de ideología políticas, es un problema de concepción de Estado”
“Este proyecto que tenemos entre manos no solo violenta al secreto profesional. El secreto no es un derecho del abogado, es una pesada mochila que cargamos todos los abogados”
Germán Aller, penalista y criminólogo
“No podemos en aras de decir que atrapamos a esta persona violentar las garantías que tanto nos han costado”
“Se dieron cuenta de que la palabrita abogado no estaba y dijeron vamos a establecer esa obligación”
Blanca Riero, jueza penal
