El Mides contra el derecho de los niños a la educación

Hablemos hoy de pobreza. De eso sabe el autor de estas líneas no por libros, sino por experiencia de vida. Nací y me crié en un hogar humilde del barrio Flor de Maroñas. Allí las familias en los 50 y los 60 del siglo pasado con orgullo exhibían aquello tan nuestro de que “somos pobres pero honrados”, y todos salían a trabajar para llevar el pan a la mesa que con satisfacción ganaban con el “sudor de la frente”. Mi madre trabajaba en una fábrica textil y después de la jornada laboral se sentaba a mi lado mientras yo hacía la tarea escolar. Cuando no me quedaban bien los deberes, no me decía que estaban mal. Me decía que podíamos hacerlo mejor, y bueno, claro, el que lo hacía de nuevo era yo, pero ella estaba allí, acompañando, y eso hace la diferencia. Cuando parecía que el cansancio me ganaba, insistía en que su única herencia, lo que podía dejarme, era una buena educación. Y remachaba una y otra vez: la educación es la llave que abre las puertas del futuro. Hay que ganarse esa llave con esfuerzo. Y seguramente, ese mismo cuadro, poco más o menos, se repetía en muchas de las casitas de aquel barrio de textiles, de curtiembres y boliches de gallegos, y en todos los barrios de la ciudad y de otras ciudades del país. Los padres y, especialmente las madres, podían ser pobres y la mayoría solo había hecho la escuela, pero tenían claro lo que importaba.

Hoy, ganados por otra escala de valores y nuevas necesidades, muchos padres perdieron esa noción básica y desertan de una obligación primaria para con el bienestar futuro de sus hijos. Pero más grave e inadmisible es que desde una noción de marginalidad concebida como alteridad del pobre (una suerte de “cultura de la pobreza”), muchas autoridades públicas han perdido impúdicamente la noción del valor de las normas. Esas autoridades desertan de su obligación de proteger a los que por su minoría de edad no pueden ejercer su derecho a la educación. Esta semana las más altas autoridades del Mides salieron a la prensa para promover que, aunque se incumplan las contraprestaciones de las asignaciones familiares, especialmente la educación de los hijos, no se suspenda la prestación monetaria que perciben los padres omisos. Las autoridades del Mides con esta concepción permisiva remachan las cadenas de la pobreza de los niños pobres. Hay que decirlo arrojándoselos a la cara de las autoridades del Mides: el gran mal que hacen con sus postulados populistas y su paternalismo extraviado es que refuerzan que los que hoy poco poseen, nada poseerán mañana. Hay en esta pretensión de las autoridades una suerte de inversión de la normatividad social, que traducen un relativismo donde las reglas se vuelven “delicuescentes” (como decía un viejo político), y entonces si los padres necesitan el dinero, ¿por qué se lo vamos a negar? Aunque no cumplan con su obligación, los premiamos igual. La medida prescripta por la ley de Asignaciones Familiares es un recurso de presión a los padres que por ignorancia, abandono o desidia, no cumplen el mandato constitucional y legal de la obligatoriedad de la educación de sus hijos, para que lo hagan. La medida de suspender las prestaciones de los incumplidores llevó el año pasado a que unos 1.500 niños que no concurrían a la escuela lo hicieran. Pero esos niños rescatados para la educación no les importan a los ministeriales del Mides, no son su prioridad.

Hace casi un siglo y medio José Pedro Varela postulaba la educación obligatoria. Sostenía el derecho del niño a recibir la educación que formara su personalidad intelectual y moral. Este era un derecho individual primordial que no se podía desconocer. Ningún padre tenía derecho a negarle ese alimento para su desarrollo. Varela sostuvo que “el padre que priva a su hijo de educación comete un abuso que el Poder público debe impedir” (La legislación escolar). Por otro lado argumentaba que la democracia necesitaba de unos ciudadanos conscientes y con discernimiento que solo la educación podía forjar y que se debía salvaguardar la sociedad que es atacada en sus fundamentos con la conservación y propagación de la ignorancia. Sostenía Varela: “Nadie niega al Estado la facultad de obligar a los padres a dar el alimento necesario para el desarrollo de su parte física. ¿Cómo puede negársele la facultad de obligarlos igualmente a que le den, o al menos no les priven, del alimento intelectual para su desarrollo…?” (La educación del pueblo, cap. IX). Esta es la doctrina nacional en la materia. La Constitución la recoge en el art. 70, al declarar la obligatoriedad de la enseñanza y estipular que “la ley proveerá lo necesario para la efectividad de esta disposición”. A su vez, la Ley General de Educación N° 18.437 establece en su art. 7° la obligatoriedad de la educación inicial para los niños de 4 y 5 años, la educación primaria y la educación media, decretando que los responsables de los niños y adolescentes, “tienen la obligación de inscribirlos en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje”. El Código de la Niñez y de la Adolescencia (Ley N° 17.823) sostiene el principio de que la preocupación fundamental de ambos padres será el interés superior del niño y a tales efectos prescribe que el Estado tiene la obligación de protegerlos, especialmente respecto de toda forma de “incumplimiento de los progenitores o responsables, de alimentarlos, cuidar su salud y velar por su educación”.

El Mides sigue aferrado a una política social basada en la transferencias de ingresos a los pobres, que es “pan para hoy y hambre para mañana”, porque no invierte en generar capitales sociales y culturales para el desarrollo de la persona. No les construye oportunidades. Su política es atar a los beneficiarios a una prestación monetaria que genera dependencia ciudadana del gobierno que paga. Se trata de un clientelismo que abriga intereses electoralistas y que empuja a la deserción educativa. Se cree que personas adultas merecen recibir un recurso que resulta de un esfuerzo de la sociedad, sin pedirles nada a cambio, ni siquiera que cumplan con un mandato constitucional y legal que beneficia a su propia familia. El Mides hace una propuesta que se da de cabeza con la doctrina nacional en educación y que convoca de hecho a no cumplir la Constitución, la ley de Educación, el Código del Niño y la Ley de Asignaciones Familiares. ¿Es posible admitir esto de una autoridad pública, la primera obligada a defender y respetar las normas del país? El mal de este mensaje es terrible: le dice a los ciudadanos que las normas no importan, que cualquiera puede burlarlas y recibir a cambio beneficios económicos. Que escuche el señor presidente, la única respuesta acorde a esta barrabasada del Mides es poner de patitas en la calle a estos ministeriales. Escuche presidente, usted que nació en La Teja y que su familia tenía claro la importancia de la educación.