El negocio antes que la salud

Dos IMAE en el interior del país están listos para funcionar, pero el Ministerio de Salud Pública demora su puesta en marcha por temas económicos

En ese muestrario de desorden, ineficiencias y hasta casos de corrupción que han jalonado desde 2007 la reforma del sistema de salud, no es de extrañar que, por imprevisión, en el caso de las IMAE el negocio se priorice sobre la asistencia a la gente. Dos IMAE, institutos de medicina altamente especializada para tratamiento de diferentes enfermedades, están listos desde hace años en el interior para entrar en funcionamiento. Pero el Ministerio de Salud Pública (MSP) no termina de autorizarlos para que inicien su actividad por discrepancias sobre cómo se distribuyen los recursos disponibles. Sus operaciones son altamente costosas, de muchos miles de dólares en cada caso.

Ya funcionan seis privados y uno público en Montevideo, cantidad considerada suficiente para atender casos de alta complejidad para toda la población. Si además se habilitan los que están listos en el interior, uno privado en Salto y otro público en Tacuarembó, se evitarían las demoras e inconvenientes que sufren enfermos graves cuando hay que trasladarlos a la capital. Pero al aumentar a nueve el total en todo el país, quedarían menos ganancias para los que funcionan en Montevideo. La única forma de evitar esta reducción de ingresos de los IMAE capitalinos es que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) aumentara sus aportes. Este curso difícilmente sea factible dado el estado calamitoso de las finanzas públicas y la forma poco clara en que se manejan los cuantiosos recursos asignados a la salud pública en ese enredado esquema de la reforma, sacado a los tumbos durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez.

El diseño original emanado del MSP de entonces sufrió no menos de cinco revisiones antes de aprobarse en su formato actual. En vez del camino más simple y menos costoso de apuntalar el tambaleante sistema mutual de esa época, se armó una burocracia compleja que, además del MSP, habilitó con funciones divididas a la Junta Nacional de Salud, el FNR y ese epítome de atención despareja e incompleta que es la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Su desorden interno hasta derivó años atrás en el procesamiento de un miembro de su Directorio y de algunos jerarcas por corrupción. En el caso de los IMAE el error estuvo en programación inadecuada, al concentrarlos a lo largo de los años íntegramente en Montevideo, pese a tener solo algo menos de la mitad de la población total del país.

La lógica de que funcionen dos en el interior para evitar demoras y traslados peligrosos es obvia. Pero el desafío que enfrenta el ministro del área Jorge Basso es lograr que los de la capital cobren menos para que los recursos del FNR se repartan en forma que alcancen para todos. Y aquí es donde se produce la tranca, porque los instalados en Montevideo no quieren perder ganancias y el Estado no puede aumentar sus aportes. El resultado es que no solo se mantienen inactivos equipos de alto costo adquiridos por Salto y Tacuarembó, peor aún es que enfermos del interior afectados por graves patologías siguen sujetos a un traslado a Montevideo en vez de atenderse rápidamente en su zona, mientras el Ministerio y los demás organismos privados y públicos involucrados en el tema debaten cómo utilizar y repartir el dinero disponible. Es un nuevo ejemplo de mal manejo en la organización y funcionamiento del sistema de salud, con una reforma mal concebida y peor ejecutada.


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