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El referéndum que enfrenta a Cataluña con Madrid
La mayor incertidumbre sobre el referéndum del 1o de octubre no es su resultado, sino si se celebrará y cómo actuará el gobierno
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23 de septiembre de 2017 a las 05:00
Lo que normalmente se ve en estos tiempos con los llamados Estados plurinacionales democráticos es que cuando una de esas comunidades pretende celebrar un referéndum para decidir si se independiza o permanece bajo el mandato del Estado central, este no opone mayor resistencia a la consulta, que finalmente se termina realizando mediante algún acuerdo.
Sucedió en Canadá, con el referéndum de Quebec en 1995, cuando sus habitantes se quedaron a 1% de los votos de convertirse en una nación independiente; y más recientemente, en el Reino Unido, con el referéndum para la independencia de Escocia de 2014, cuando los independentistas del Yes Scotland fueron derrotados en las urnas por más del 10% de los sufragios.
No sucede lo mismo en España con la cuestión de Cataluña. Allí las amenazas, las detenciones de jerarcas catalanes por la Guardia Civil, los allanamientos en oficinas de la Generalitat y el desprecio por los argumentos del contrario están a la orden del día.
Desde que en 2012 comenzó a tomar efervescencia el movimiento por la independencia de Cataluña, iniciando "el proceso soberanista", los ánimos se han crispado peligrosamente entre Madrid y Barcelona. Pero hoy las tensiones parecen haber alcanzado su punto más crítico.
A medida que se acerca la fecha del referéndum de independencia, convocado por la Generalitat de Cataluña para el 1° de octubre, el ambiente se caldea, las amenazas se multiplican y los desmanes de las autoridades empiezan a desplegar un manto de sombra sobre la democracia española.
Esta semana fueron detenidos 14 altos cargos del gobierno regional –por sus actividades relacionadas con la celebración del referéndum– y allanadas más de 40 oficinas de esa institución, entre las que se encuentra la Consejería de Economía, encabezada por el vicepresidente del Ejecutivo catalán, Oriol Junqueras.
Fueron liberados el viernes, no sin antes ser acusados de malversación, desobediencia y prevaricación por preparar el referéndum.
Además, el viernes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) española denunció por sedición a los presidentes de dos organizaciones independentistas catalanas, por los disturbios ocurridos durante la operación policial para evitar el referéndum.
Rajoy y Puigdemont llevan varios meses enfrascados en una guerra política y de declaraciones, acusándose mutuamente de anti demócratas.
Rajoy considera al referéndum catalán como "un acto totalitario", que violaría las normas del ordenamiento jurídico español.
Por su parte, Puigdemont y los soberanistas catalanes le contestan que no hay nada más democrático que votar.
A su juicio, solo la celebración de un referéndum puede resolver por la vía democrática la cuestión de Cataluña. En esa polémica se han pasado al menos desde enero del año pasado como en un callejón sin salida.
No está claro aún cómo sería el resultado de ese referéndum si finalmente llegara a celebrarse el 1° de octubre.
Las encuestas le dan una clara victoria al Sí de la independencia; pero son muchos los que ahora dicen que no van a participar y es posible que ante la inminencia de la consulta, decidan ir a votar por el No.
Lo único claro hasta ahora es que una gran mayoría de los catalanes, más del 60% (con independencia de su postura sobre el proceso soberanista), quiere que el referéndum se concrete.
Pero a diferencia de todo acto eleccionario, en este caso la incertidumbre no pasa tanto por el resultado, sino por lo que podría hacer el gobierno de Rajoy después del referéndum.
Las amenazas del jefe de gobierno no fueron hasta ahora muy específicas. En su alocución del miércoles en La Moncloa dijo que "la respuesta será firme, proporcionada y rigurosa", y se cree que puede apoyarse en el dictamen del Tribunal Constitucional, que declaró al referéndum ilegal.
Los medios españoles mencionan que una de las medidas a su alcance puede ser la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que establece que "si una comunidad autónoma (en este caso, Cataluña) no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma (en este caso, Puigdemont) y, en el caso de no ser atendido, con aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones".
Según el procedimiento, la decisión final que adopte el gobierno debe ser votada en el pleno, donde el Partido Popular (PP) de Rajoy tiene mayoría absoluta.
Además, en los últimos días el presidente había recibido el apoyo de su tradicional rival, el PSOE, en la cruzada contra el referéndum catalán.
En un principio los socialistas se habían mostrado renuentes a darle un espaldarazo tan claro al gobierno; pero ante la proximidad de una consulta que rechaza la enorme mayoría de los españoles fuera de Cataluña, se decantaron por acompañar a Rajoy y mitigar el costo político a nivel nacional. Ciudadanos, uno de los partidos nuevos surgidos de la crisis española, también hizo lo propio.
El único que dio su apoyo a la causa independentista catalana es Podemos.
De todas formas, no está claro cómo podría el gobierno español "obligar" a Cataluña "al cumplimiento forzoso de sus obligaciones", como reza en el artículo de marras. Y las detenciones de jerarcas catalanes, los allanamientos de sus oficinas y ese tipo de persecuciones judiciales no parecen ser sostenibles en el tiempo.
De modo que el partido se va a disputar de aquí al 1° de octubre, con el gobierno de Rajoy y los tribunales tratando de impedir la celebración del referéndum y la Generalitat de Cataluña tratando de realizarlo.
Si La Moncola logra torcerle el brazo a Puigdemont y que este da marcha atrás con la consulta (cosa que ahora mismo parece altamente improbable), se habrá anotado una victoria importante.
Pero aun si así fuera, el sentimiento independentista en Cataluña se encuentra hoy en su máxima expresión, tal vez como nunca desde 1714, cuando se sublevaron contra el dominio de los borbones y fueron aplastados por las tropas de Felipe V.
En este momento lo único que podría apagar –o al menos, bajar– ese fuego sería una derrota en las urnas.
La independencia de Cataluña, si se concreta algún día, sería un duro golpe para la economía de España, a cuyo PBI los catalanes aportan cerca del 20%.
Según el informe del último año del Círculo de Empresarios de España, Cataluña es la comunidad autónoma que más aporta a la economía nacional, incluso más que la Comunidad de Madrid, aunque el aporte de esta aumentó vertiginosamente en los últimos años hasta casi igualarla (19.1% de Cataluña por 18.7% de Madrid). Les siguen Valencia, el País Vasco y Andalucía.
Pero durante varias décadas, y por la mayor parte de la vida democrática de España, Cataluña ha sido el gran motor de la economía española, principal baluarte de su despegue económico en la década de 1990, su primera economía y su polo industrial más desarrollado. Sus indicadores y su PBI per cápita están incluso por encima de la media de la Unión Europea.
Esto, desde luego, tiene su correlato en beneficio de la propia Cataluña, ya que si bien es la comunidad autónoma que más aporta a España, es también la que más le vende; vale decir, la más beneficiada del mercado interno español, con un superávit comercial de 17.900 millones de euros.
Pero la gran polémica se desató al inicio del proceso soberanista en 2012, porque los catalanes además apoquinaban los impuestos más altos al fisco español; algo que ahora se ha equiparado con la Comunidad de Madrid y el País Vasco. Pero en aquel momento en Cataluña el hecho hizo correr rápidamente la consigna de "España nos roba".
Esto indignó a muchos españoles que se sintieron ofendidos; y hasta el día de hoy se pueden leer artículos en los diarios de toda España que aluden ardidamente a aquel desafortunado eslogan, cuyo agravio sacan a relucir cada vez que del lado catalán se tensa la cuerda de la independencia.
La bandera, el himno, la celebración de "la Diada" el 11 de setiembre –que honra a los caídos en aquellos fatídicos sucesos de 1714 contra las tropas borbónicas–, el FC Barcelona y por encima de todo, la lengua conforman un orgullo nacional como no se da en ninguna parte de España.
No hay ninguna otra lengua regional que se hable más, se imparta con mayor respaldo institucional en los centros educativos y se haya desarrollado más desde el advenimiento de la democracia que el catalán.
La postura de los independentistas es clara: la libre autodeterminación es un atributo intrínseco, y votar en un referéndum es la única forma de saber si los catalanes quieren seguir siendo parte de España o no.
Sin embargo, la Constitución española pone barreras muy altas a la secesión, reflejo del complicado proceso de construcción de la nación española.
En ese sentido, los dos primeros artículos de la carta magna se refieren a que soberanía nacional radica en el pueblo español (artículo 1.2), mientras que el 2 hace referencia a “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
De esa manera, la interpretación de los tribunales constitucionales a través de la historia es clara: para que una región apele a un referéndum de independencia, debería antes haber una “reforma constitucional agravada”, que modificara esos dos artículos base de la actual carta magna y lo permitiera.
Debido a esa indisoluble unidad de la Nación, ese referéndum debería involucrar a todo el electorado español, o bien proponer a las Cortes Generales una reforma constitucional.
Las dos opciones ponen límites altos a la intención independentista catalana.
Luego Cataluña quedaría atada por maridaje a la corona de Aragón; y más tarde a través de esta, a lo que hoy es el Reino de España, por obra de otro celebérrimo matrimonio, el de los reyes católicos.
Desde entonces han sido varias las idas y vueltas. Sobre todo en tiempos de crisis, el espíritu separatista catalán parece cobrar fuerza.
Sucedió en Canadá, con el referéndum de Quebec en 1995, cuando sus habitantes se quedaron a 1% de los votos de convertirse en una nación independiente; y más recientemente, en el Reino Unido, con el referéndum para la independencia de Escocia de 2014, cuando los independentistas del Yes Scotland fueron derrotados en las urnas por más del 10% de los sufragios.
No sucede lo mismo en España con la cuestión de Cataluña. Allí las amenazas, las detenciones de jerarcas catalanes por la Guardia Civil, los allanamientos en oficinas de la Generalitat y el desprecio por los argumentos del contrario están a la orden del día.
Desde que en 2012 comenzó a tomar efervescencia el movimiento por la independencia de Cataluña, iniciando "el proceso soberanista", los ánimos se han crispado peligrosamente entre Madrid y Barcelona. Pero hoy las tensiones parecen haber alcanzado su punto más crítico.
A medida que se acerca la fecha del referéndum de independencia, convocado por la Generalitat de Cataluña para el 1° de octubre, el ambiente se caldea, las amenazas se multiplican y los desmanes de las autoridades empiezan a desplegar un manto de sombra sobre la democracia española.
Esta semana fueron detenidos 14 altos cargos del gobierno regional –por sus actividades relacionadas con la celebración del referéndum– y allanadas más de 40 oficinas de esa institución, entre las que se encuentra la Consejería de Economía, encabezada por el vicepresidente del Ejecutivo catalán, Oriol Junqueras.
Fueron liberados el viernes, no sin antes ser acusados de malversación, desobediencia y prevaricación por preparar el referéndum.
Además, el viernes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) española denunció por sedición a los presidentes de dos organizaciones independentistas catalanas, por los disturbios ocurridos durante la operación policial para evitar el referéndum.
Guerra política
El miércoles pasado, tras una jornada de movilizaciones en Barcelona, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, exigió al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que abandone sus pretensiones de realizar el referéndum "para evitar males mayores".Rajoy y Puigdemont llevan varios meses enfrascados en una guerra política y de declaraciones, acusándose mutuamente de anti demócratas.
Rajoy considera al referéndum catalán como "un acto totalitario", que violaría las normas del ordenamiento jurídico español.
Por su parte, Puigdemont y los soberanistas catalanes le contestan que no hay nada más democrático que votar.
A su juicio, solo la celebración de un referéndum puede resolver por la vía democrática la cuestión de Cataluña. En esa polémica se han pasado al menos desde enero del año pasado como en un callejón sin salida.
No está claro aún cómo sería el resultado de ese referéndum si finalmente llegara a celebrarse el 1° de octubre.
Las encuestas le dan una clara victoria al Sí de la independencia; pero son muchos los que ahora dicen que no van a participar y es posible que ante la inminencia de la consulta, decidan ir a votar por el No.
Lo único claro hasta ahora es que una gran mayoría de los catalanes, más del 60% (con independencia de su postura sobre el proceso soberanista), quiere que el referéndum se concrete.
Pero a diferencia de todo acto eleccionario, en este caso la incertidumbre no pasa tanto por el resultado, sino por lo que podría hacer el gobierno de Rajoy después del referéndum.
Las amenazas del jefe de gobierno no fueron hasta ahora muy específicas. En su alocución del miércoles en La Moncloa dijo que "la respuesta será firme, proporcionada y rigurosa", y se cree que puede apoyarse en el dictamen del Tribunal Constitucional, que declaró al referéndum ilegal.
Los medios españoles mencionan que una de las medidas a su alcance puede ser la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que establece que "si una comunidad autónoma (en este caso, Cataluña) no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma (en este caso, Puigdemont) y, en el caso de no ser atendido, con aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones".
Según el procedimiento, la decisión final que adopte el gobierno debe ser votada en el pleno, donde el Partido Popular (PP) de Rajoy tiene mayoría absoluta.
Además, en los últimos días el presidente había recibido el apoyo de su tradicional rival, el PSOE, en la cruzada contra el referéndum catalán.
En un principio los socialistas se habían mostrado renuentes a darle un espaldarazo tan claro al gobierno; pero ante la proximidad de una consulta que rechaza la enorme mayoría de los españoles fuera de Cataluña, se decantaron por acompañar a Rajoy y mitigar el costo político a nivel nacional. Ciudadanos, uno de los partidos nuevos surgidos de la crisis española, también hizo lo propio.
El único que dio su apoyo a la causa independentista catalana es Podemos.
De todas formas, no está claro cómo podría el gobierno español "obligar" a Cataluña "al cumplimiento forzoso de sus obligaciones", como reza en el artículo de marras. Y las detenciones de jerarcas catalanes, los allanamientos de sus oficinas y ese tipo de persecuciones judiciales no parecen ser sostenibles en el tiempo.
De modo que el partido se va a disputar de aquí al 1° de octubre, con el gobierno de Rajoy y los tribunales tratando de impedir la celebración del referéndum y la Generalitat de Cataluña tratando de realizarlo.
Si La Moncola logra torcerle el brazo a Puigdemont y que este da marcha atrás con la consulta (cosa que ahora mismo parece altamente improbable), se habrá anotado una victoria importante.
Pero aun si así fuera, el sentimiento independentista en Cataluña se encuentra hoy en su máxima expresión, tal vez como nunca desde 1714, cuando se sublevaron contra el dominio de los borbones y fueron aplastados por las tropas de Felipe V.
En este momento lo único que podría apagar –o al menos, bajar– ese fuego sería una derrota en las urnas.
La independencia de Cataluña, si se concreta algún día, sería un duro golpe para la economía de España, a cuyo PBI los catalanes aportan cerca del 20%.
Según el informe del último año del Círculo de Empresarios de España, Cataluña es la comunidad autónoma que más aporta a la economía nacional, incluso más que la Comunidad de Madrid, aunque el aporte de esta aumentó vertiginosamente en los últimos años hasta casi igualarla (19.1% de Cataluña por 18.7% de Madrid). Les siguen Valencia, el País Vasco y Andalucía.
Pero durante varias décadas, y por la mayor parte de la vida democrática de España, Cataluña ha sido el gran motor de la economía española, principal baluarte de su despegue económico en la década de 1990, su primera economía y su polo industrial más desarrollado. Sus indicadores y su PBI per cápita están incluso por encima de la media de la Unión Europea.
Esto, desde luego, tiene su correlato en beneficio de la propia Cataluña, ya que si bien es la comunidad autónoma que más aporta a España, es también la que más le vende; vale decir, la más beneficiada del mercado interno español, con un superávit comercial de 17.900 millones de euros.
Pero la gran polémica se desató al inicio del proceso soberanista en 2012, porque los catalanes además apoquinaban los impuestos más altos al fisco español; algo que ahora se ha equiparado con la Comunidad de Madrid y el País Vasco. Pero en aquel momento en Cataluña el hecho hizo correr rápidamente la consigna de "España nos roba".
Esto indignó a muchos españoles que se sintieron ofendidos; y hasta el día de hoy se pueden leer artículos en los diarios de toda España que aluden ardidamente a aquel desafortunado eslogan, cuyo agravio sacan a relucir cada vez que del lado catalán se tensa la cuerda de la independencia.
Sentido de nación
Entre los catalanes, como en cualquier pueblo con identidad nacional, hay mitos y verdades que habitan el imaginario colectivo. Pero en ninguna otra comunidad de España está tan arraigado el sentimiento de nación como en Cataluña, ni siquiera en el País Vasco.La bandera, el himno, la celebración de "la Diada" el 11 de setiembre –que honra a los caídos en aquellos fatídicos sucesos de 1714 contra las tropas borbónicas–, el FC Barcelona y por encima de todo, la lengua conforman un orgullo nacional como no se da en ninguna parte de España.
No hay ninguna otra lengua regional que se hable más, se imparta con mayor respaldo institucional en los centros educativos y se haya desarrollado más desde el advenimiento de la democracia que el catalán.
La clave institucional: ¿de quién es la soberanía?
A esta altura, la posibilidad de que Madrid y Barcelona se pongan de acuerdo por la cuestión legal del referéndum parece imposible, lo que ha sido uno de los factores para que la crisis política llegue al actual punto sin retorno.La postura de los independentistas es clara: la libre autodeterminación es un atributo intrínseco, y votar en un referéndum es la única forma de saber si los catalanes quieren seguir siendo parte de España o no.
Sin embargo, la Constitución española pone barreras muy altas a la secesión, reflejo del complicado proceso de construcción de la nación española.
En ese sentido, los dos primeros artículos de la carta magna se refieren a que soberanía nacional radica en el pueblo español (artículo 1.2), mientras que el 2 hace referencia a “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
De esa manera, la interpretación de los tribunales constitucionales a través de la historia es clara: para que una región apele a un referéndum de independencia, debería antes haber una “reforma constitucional agravada”, que modificara esos dos artículos base de la actual carta magna y lo permitiera.
Debido a esa indisoluble unidad de la Nación, ese referéndum debería involucrar a todo el electorado español, o bien proponer a las Cortes Generales una reforma constitucional.
Las dos opciones ponen límites altos a la intención independentista catalana.
Un sentimiento arraigado
El sentimiento de nacionalidad catalán viene de las épocas de la Marca Hispánica bajo el Imperio Carolingio, cuando en el año 987, con el imperio en plena crisis, el conde de Barcelona unificó a todos los condados catalanes y se negó a prestarle juramento al primer monarca de los Capeto, oficializando así la breve independencia.Luego Cataluña quedaría atada por maridaje a la corona de Aragón; y más tarde a través de esta, a lo que hoy es el Reino de España, por obra de otro celebérrimo matrimonio, el de los reyes católicos.
Desde entonces han sido varias las idas y vueltas. Sobre todo en tiempos de crisis, el espíritu separatista catalán parece cobrar fuerza.
