El tiempo de la “prudencia” y la “cautela”

“El país está en una situación fiscal absolutamente sostenible, como pocas veces tuvo en el pasado”, señalaba el actual ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, en una entrevista en Código país de noviembre del año pasado. A las críticas sobre un déficit fiscal abultado, que terminó el año en 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), el principal referente de la política macroeconómica durante las tres administraciones del Frente Amplio sostenía que los bajos niveles de deuda neta –que cerró 2014 en un mínimo en la historia reciente de 21% del PIB–, su escasa dolarización y su perfil de largo plazo reducían significativamente las vulnerabilidades de las finanzas públicas. En definitiva, el argumento del gobierno era que el país gastaba por encima de sus ingresos porque estaba en condiciones de endeudarse sin que eso representara un riesgo para la sostenibilidad financiera.

“No hay que generar inquietudes donde no existen. Lo de las ‘luces amarillas’ realmente me parece que genera un factor de desestabilización en materia de expectativas que no se condice con la realidad”, enfatizó Astori en aquella entrevista.

Un cambio en el discurso

Pocos meses después, el balance de las cuentas públicas del país apenas se movió. En los 12 meses cerrados a marzo, el déficit fiscal todavía equivale a 3,4% del PIB. Pero ahora la valoración pública que hace el gobierno sobre esa situación fiscal cambió. El gabinete de Vázquez, con Astori a la cabeza, se propuso la reducción del déficit fiscal como una prioridad.

Como un mantra, los jerarcas de todo el equipo económico han repetido públicamente durante los últimos meses en numerosas ocasiones las palabras mágicas de su estrategia comunicacional: “prudencia” y “cautela”. Solo así –explican– se podrá cumplir, al final del período, con los compromisos electorales que forman parte del programa de gobierno.

Pero las autoridades no dan el brazo a torcer frente a los analistas privados, que desde finales de la administración de José Mujica empezaron a insistir en la necesidad de corregir algunos desequilibrios de la economía uruguaya que, ante las perspectivas de desaceleración, representaban un riesgo creciente. Si bien el ministro de Economía adhirió recientemente a la visión de que los actuales niveles de déficit fiscal son perjudiciales para los intereses del país en el mediano plazo, fundamentó ese cambio de prioridades en un revés de las condiciones externas.

“En los últimos meses hemos tenido novedades (en el contexto económico externo) y en muchos casos esas novedades pueden tener un impacto negativo sobre Uruguay”, explicó Astori luego de comparecer ante el Parlamento a pedido del senador Luis Lacalle Pou para explicar la situación económica del país.

A la salida del Consejo de Ministros, el 7 de mayo, Astori fundamentó la “prudencia” en el gasto, especialmente en 2016 y 2017, en que “los cambios que se han operado en el entorno internacional y regional en que se mueve el país van a tener impacto sobre todo en los dos primeros años” del nuevo Presupuesto.

“Hemos hecho una valoración de la situación especialmente en Brasil y Argentina, hemos hecho una valoración de los países más avanzados, de EEUU y de Europa, de los países del sureste asiático. Vemos que en conjunto, Uruguay deberá tener más cuidado que nunca en 2016 y 2017”, sostuvo el ministro.

El desmejoramiento

Las economías del Mercosur redujeron su actividad 0,3% durante 2014 y la mediana de los economistas que evalúan a la región –encuestados en mayo por FocusEconomics, en su reporte LatinFocus Consensus Forecast– aguardan una caída de 1,5% de su actividad para este año. Eso implica el peor desempeño del bloque en su conjunto en más de una década. Si bien para 2016 esperan un repunte de 1%, los niveles de producción de 2013 recién se alcanzarán entrado 2017 (ver página 14).

Si bien es cierto que el panorama regional ha mostrado una desmejora significativa –en noviembre se esperaba que este año las economías del Mercosur crecieran 0,7%–, la corrección en el rumbo de las cuentas públicas es un llamado de atención constante que han hecho algunos de los principales expertos en Economía mucho antes de que el gobierno lo estableciera como una prioridad.

Durante una presentación que realizó en julio del año pasado, el director académico de Ceres, Ernesto Talvi, enfatizaba que “la pasividad fiscal no es una opción para el próximo gobierno”. Y en línea con lo que ha manifestado el ministro Astori desde que asumió, Talvi identificaba la reducción de la brecha fiscal como el “primer gran desafío” de la administración.

Para Ceres, bastaba con una desaceleración en el ritmo de crecimiento del gasto público para evitar el riesgo asociado con las finanzas del Estado, de manera tal que durante el quinquenio el gobierno generara ahorros por el equivalente a 1,5% del PIB.

En diciembre del año pasado, el economista y socio de CPA Ferrere, Gabriel Oddone, alertaba en una conferencia organizada por la consultora que sería deseable una reducción de entre medio y un punto del PIB en el déficit fiscal.

A grandes rasgos, el diagnóstico era compartido por la mayoría de los analistas. Si bien la situación financiera del gobierno –no solo teniendo en cuenta el desequilibrio de las cuentas públicas sino también sus niveles y condiciones de endeudamiento– era sostenible en el corto plazo, a la larga, seguir aumentando el gasto al ritmo en que venía subiendo terminaría por desgastar rápidamente esas condiciones, generando una vulnerabilidad que el país bien podría evitar.

Seguirá creciendo

Las autoridades enfrentan la difícil situación de compatibilizar dos realidades. Por un lado, la pérdida de dinamismo de la economía uruguaya en un contexto internacional más adverso pone al descubierto algunos desequilibrios que si bien ya estaban ahí antes del cambio en la dirección de los vientos, ahora afectan la capacidad de resistencia de la economía en su conjunto. Por otro, una desaceleración no es caída. Ningún analista de primera línea proyecta una caída de la actividad en el futuro inmediato, y eso genera un dilema para la economía política.

Las autoridades deben convencer a la opinión pública, a la interna de su partido y a los grupos de presión aliados –como los sindicatos– que es momento de desoír sus propias palabras y echar mano a un conjunto de medidas impopulares, aun cuando el país sigue creciendo. Al mismo tiempo, existe el temor por parte del gobierno de que un diagnóstico menos edulcorado de la realidad afecte la confianza de los agentes económicos, en particular de los inversores y los consumidores, desalentando el gasto y reduciendo aun más las perspectivas de crecimiento económico.

Del manejo fino de la política económica y sus tiempos, y la capacidad del equipo económico de mantener un amplio respaldo por parte del Poder Ejecutivo en su conjunto y de la fuerza política en la corrección de los desequilibrios dependerá en buena medida el éxito del aterrizaje de la economía uruguaya en este cambio de