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Empresa investigada por lavado tiene un domicilio trucho

Reloway es legal pero en su sede vive una familia que no la conoce
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24 de abril de 2013 a las 22:10

Reloway Company es la primera empresa que mencionan en su denuncia ante la Justicia uruguaya los diputados argentinos Manuel Garrido y Graciela Ocaña quienes investigan un aparente caso de lavado de activos, que si bien tiene su centro en Argentina, involucró a firmas de Uruguay, Panamá y Suiza, destino final del dinero. Según lo comprobó El Observador, esa empresa que se pide investigar presenta algunas inconsistencias.

Reloway está registrada en el Banco de Previsión Social (BPS) desde 18 de diciembre de 1996 como una administradora de mercados financieros, y en la Dirección General de Registros figura desde el 14 de julio de 1997. Aparece como una Sociedad Anónima con sede en Montevideo pero en una dirección donde vive una familia que no tiene ni idea de Reloway, según dijo la señora que atendió en la puerta a El Observador.

También llama la atención que a pesar de ser una financiera, no figura en la Central de Riesgo del Banco Central, lo que demuestra que no tiene ningún vínculo con el sistema financiero local.

En los hechos, Reloway es una empresa formalmente inscripta pero su domicilio es falso.

La diputada Ocaña dijo ayer a El Observador que con Garrido, tienen agendado llegar mañana viernes a Montevideo a ratificar la denuncia que enviaron por correo privado a la Secretaría Antilavado, que depende de Presidencia de la República, y al juzgado especializado en crimen organizado.

En la denuncia –a cuyo texto accedió El Observador– los legisladores presentan una lista de empresas y nombres de directores para que sean investigados en Uruguay y piden a las autoridades poner especial atención en Reloway Company.

También solicitan al Banco Central que disponga “el inmediato bloqueo de los fondos” de las personas denunciadas y “en especial Reloway Company” insisten.

La justicia uruguaya no actuará de oficio, pero a nivel político se asegura que si la denuncia se hace se investigará “como corresponde”, dijo ayer el ministro Fernando Lorenzo (Economía).

El problema de la dirección no es exclusivo de Reloway. Ocaña dijo que varias de las empresas que pueden estar involucradas en lavado tienen dirección en Luis Alberto de Herrera 1248, oficina 228, en el complejo World Trade Center. Sin embargo, esa oficina está cerrada desde hace tres años, según lo confirmó El Observador.

Una de las empresas con esa dirección es Teegan Incorporated, propiedad de Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, el socio del expresidente argentino Néstor Kirchner.

Esa oficina no la visitó nadie durante tres años hasta el martes pasado, cuando una mujer llegó para desprender el cartel que había en la puerta y decía Artede Holding. Varias de las compañías que figuraban con esa dirección tenían páginas web idénticas y todo hace pensar que son empresas “fantasma”.

El caso
La acusación se basa en la investigación realizada por el periodista argentino Jorge Lanata que informó de los vínculos de Báez con Kirchner. El empresario pasó de ser un empleado bancario a un hombre millonario por el éxito que tuvo su constructora Badial tras ganar varias licitaciones públicas bajo la administración K.

Ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que investigaba cómo se capitalizó Badial, Báez reconoció que el dinero “llegó en valijas desde Uruguay”. “Algunas en avión. Otras en barco. Buquebús para más precisión”, informó el diario La Nación.

Esas valijas eran trasladas a Río Gallegos donde el dinero era depositado en bancos. Báez admitió ante la AFIP –según la crónica de ese matutino– que las valijas, que calificó como aportes de capital por más de $ 1,8 millones, partieron desde la firma uruguaya controlante de Badial, Reloway Company SA.

La investigación de la AFIP concluyó que los aumentos patrimoniales de Badial “eran injustificados” y debía abonar los impuestos por los aportes de capital salidos de Montevideo que no habían sido declarados.

Además, según declaraciones de Federico Elaskar propietario de la financiera SGI Bursátil Sociedad de Bolsa, esa maniobra se “repitió infinidad de oportunidades” habíendose fugado de Argentina –vía Uruguay– durante el primer semestre de 2011, 55 millones de euros. Clarín informó que en 2011 y 2012 Báez realizó seis vuelos en avión a Uruguay para trasladar dinero.

El presidente José Mujica defendió el miércoles la seguridad que ofrecen las normas antilavado de Uruguay y admitió que pueden aterrizar avionetas con dinero.

El subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez comentó ayer a la prensa en el Parlamento que Uruguay y Argentina intercambian información “todas las semanas” sobre vuelos ilícitos.

Sociedades panameñas
Mientras tanto, se supo que para la constitución de sociedades en Panamá trabajó Fabián Rossi, conocido públicamente en Argentina por ser esposo de la actriz Iliana Calabró.

Según lo confirmó El Observador, en Uruguay funcionan estudios de profesionales que tienen su casa matriz en Panamá donde la legislación antilavado recibe cuestionamientos internacionales por ser más laxa. Esos estudios, donde también trabajan abogados y contadores uruguayos, forman sociedades legales que fácilmente pueden ser utilizadas para lavar activos, según lo explicaron expertos tributarios consultados.

Crear una sociedad panameña en Uruguay tiene un costo de
US$ 600, lo que la hace accesible. Además, en Uruguay hay estudios jurídicos de renombre que forman empresas offshore para lo cual ponen a disposición del cliente distintas jurisdicciones internacionales. Su operativa es legal aunque las sociedades que forman pueden ser luego el vehículo para actividades ilícitas.

Los diputados argentinos piden a la Justicia uruguaya en la denuncia investigar, además de Reloway Company SA y Teegan Incorporated, a las firmas: Austral Construciones SA; SGI Argentina SA; Badial SA; SGI Bursatil Sociead de Bolsa; ATC Argentine Trust Company SA; Vanquish Capital Group; SGI inversiones y Participaciones SA; Organización de Asesoramiento y Consultora Internacional SA; Asesores Empresarios Corp. SA y Dalmaran SA.

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