En lista 711 cuestionan proyecto del MPP sobre declaración jurada

El diputado dijo que no es eficaz y siembra dudas respecto de los políticos
El diputado de la lista 711 (liderada por el vicepresidente Raúl Sendic) Felipe Carballo consideró que la obligatoriedad de declarar públicamente el dinero y los bienes materiales por parte de los jerarcas, como pretende el MPP a través de un proyecto de ley, no es eficaz en la lucha contra la corrupción, genera dudas sobre la honestidad de todos los políticos y puede poner en peligro la seguridad personal.
Carballo afirmó que del control sobre los bienes de los funcionarios públicos más encumbrados podría encargarse la Junta de Transparencia (Jutep) como lo hace hoy, pero ampliando sus potestades para que puedan abrir los sobres con las declaraciones juradas una vez terminado cada período de gobierno y poniéndolas a estudio de un tribunal calificado que pueda constatar inconsistencias.

Además, el legislador consideró que el Parlamento ya cuenta con herramientas para combatir la corrupción y recordó que en mayo el Senado aprobó la creación de una comisión investigadora para legislar sobre el fraude financiero, la defraudación y la elusión fiscal, el lavado de activos y la transparencia global" a partir de los Panamá Papers, y en junio aprobó por unanimidad la creación de una comisión especial, la cual se encargará de analizar el financiamiento de los partidos políticos y la publicidad electoral.

"Vemos con preocupación el manto de duda constante que recibimos quienes pertenecemos al ámbito político, generando en la opinión pública la idea de que todos los políticos somos corruptos. En épocas en las que la derecha está utilizando todas sus armas en contra del gobierno en manos de partidos de izquierda, esto no puede pasar desapercibido. Este también es un ataque solapado a la institucionalidad, dejando al sistema político en constante tela de juicio", dijo Carballo a El Observador.
El proyecto del MPP ya fue evaluado por la bancada del Frente Amplio y se le dio pase a comisión para estudiar la pertinencia de su aprobación.

Seguridad

Carballo observó que la Convención Interamericana contra la Corrupción define el enriquecimiento ilícito como el "incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él".

Carballo sostuvo en ese sentido que la presunción de delito surge cuando hay excesos que no pueden ser justificados con los ingresos legales.

"La transparencia no es difundir cuánto tiene cada uno, sino asegurar que se cumplan los procedimientos que permitan identificar posibles casos de corrupción. Ese es el desafío. Porque, en esencia, lo que consta en las declaraciones juradas es el patrimonio personal surgido de dinero legal. Nadie va a incluir aquello que eventualmente surja de una actividad ilícita o lo que pueda estar en manos de testaferros, otra figura que hay que combatir cuando se habla de corrupción en el Estado", señaló el parlamentario.

Recordó que, hasta el momento, lo único que hace la Jutep es recibir y proteger la información puesto que "no tiene claro cuándo puede actuar de oficio sin la orden de un juez. Esto se arreglaría otorgando nuevas competencias a la Jutep. Una opción es que al finalizar cada período de gobierno se abran todas las declaraciones juradas y que un tribunal reconocido y con competencias determine aquellos casos en los cuales puede haber incongruencias entre lo que ha percibido el funcionario y el crecimiento patrimonial de ese período. Eso derivaría en una investigación para determinar si se constituye delito", dijo Carballo.

"Si no surgen datos llamativos no habría necesidad de divulgar todo el tiempo lo que tiene cada uno. Porque de eso se trata, de demostrar que no hubo enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función. Nada más", agregó.

El parlamentario de la 711 recordó que en España se dio una discusión similar a partir de un proyecto que causó rechazo porque, incluso, obligaba a revelar el colegio al que asistían los hijos de legisladores.

"En tiempos donde el crimen organizado ha ganado terreno a nivel mundial con sus prácticas de secuestro y extorsión, ¿resulta conveniente que se divulgue abiertamente el estado patrimonial de los políticos con tanta precisión?", se preguntó Carballo.

Respecto del proyecto del MPP para que sea obligatorio divulgar el patrimonio de los legisladores uruguayos, Carballo consideró que "una buena decisión legislativa, a veces, es justamente no legislar, sobre todo cuando ya existe un marco normativo que ofrece las garantías necesarias".


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