Tanto el canciller Rodolfo Nin Novoa como el ministro de Trabajo
Ernesto Murro manifestaron en las últimas horas la preocupación que genera en el gobierno la aplicación de la reforma laboral en
Brasil.
La nueva y polémica normativa fue aprobada el pasado 11 de julio en el Senado de ese país, luego de meses de discusiones y protestas (incluyendo tres huelgas generales).
Nin informó que Uruguay consultó a Brasil al respecto y agregó que el gobierno convocará a una reunión del Mercosur para analizar el tema. "Vamos a pedir una reunión que está en el marco de la cláusula sociolaboral, que establece que dos veces por año tiene que reunirse una comisión administradora", indicó.
Estos son los principales puntos de la reforma:
Flexibilización de los convenios
Los acuerdos por empresa tienen preeminencia sobre la legislación general. Es decir, los contratos privados prevalecen por sobre los convenios colectivos.
Régimen de horario y vacacional
Se modifica el régimen vacacional, permitiendo su fraccionamiento hasta en tres períodos. Además, se habilitan jornadas laborales de hasta 12 horas, seguidas por descansos de 36 horas y siempre que no se superen las 44 horas semanales.
Por otra parte, se autoriza la jornada intermitente, con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, en vez de mensual y se habilita la reducción del intervalo interjornada a 30 minutos.
A su vez, se regula el trabajo desde la casa y se amplían las posibilidades de tercerización.
Menor peso a los sindicatos
La contribución sindical, hasta ahora obligatoria para todo empleado, pasa a ser voluntaria.
Por el lado del empleador, se retira la obligación de negociar despidos colectivos con los sindicatos. También se flexibilizan las condiciones de despido, ya que el monto de las indemnizaciones deja de estar atado por el salario del trabajador.
A favor y en contra
Los argumentos en defensa de una reforma de este calibre residen en la necesidad de flexibilizar los contratos laborales para estimular el empleo.
En el centro está el entendido de que las complejas regulaciones y la burocracia desincentivan la contratación de nuevos trabajadores. Los mercados financieros reaccionan positivamente a medidas de este tipo porque estimulan la actividad privada.
Los detractores de la reforma, en cambio, denuncian que vulnera los derechos de los trabajadores, a quienes se les quita poder de negociación colectiva y que eso aumenta la asimetría entre empleado y empleador. Desde esta perspectiva, los trabajadores quedan más desprotegidos y a merced de los patrones, quienes ganan nuevas potestades.
¿A qué se debe la preocupación del gobierno?
En primer lugar, el gobierno del Frente Amplio está ideológicamente en contra de la visión económica de Temer, resumida en una mayor desregulación de la economía para incentivar la inversión y la actividad privada.
De hecho, desde su ascenso al poder, la izquierda uruguaya ha generado sucesivas políticas en la dirección contraria, tendiente a dar mayor protección y poder de negociación a los trabajadores.
"Si vale más un acuerdo individual entre un empleado y un patrón que una ley o que un convenio, retrocedimos dos o tres siglos, y eso no será solo para los brasileños", opinó el ministro Murro. Por otro lado, parte de la preocupación pasa por un tema de
competitividad. Al flexibilizar el mercado laboral, los costos globales de la economía brasileña se reducen, y hacen que los productos uruguayos estén en peores condiciones para competir a nivel de precios.
"Preocupa a Uruguay porque es una manera de competir en base a la caída de derechos laborales, cosa que siempre hemos tratado de evitar", dijo Nin Novoa. Algo similar ocurre con los productos chinos, por ejemplo, que son elaborados por trabajadores con contratos más precarios que los de Uruguay y compiten a un precio sensiblemente menor.